Tucumán espera una ayuda extra federal para afrontar 2020

El Gobierno reactivó las gestiones para obtener unos $ 2.000 millones del Fondo Fiduciario. La cláusula gatillo complica las proyecciones.

13 Dic 2019 Por Marcelo Aguaysol
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EN EL CONGRESO. Fernández y Manzur se abrazan, luego de que el primero asumiera como Presidente.

“Prefiero millones de veces que prosperen las asistencias financieras a cualquier puesto en el organigrama nacional”. La frase, lanzada por un encumbrado funcionario manzurista, no hace más que corroborar las urgencias financieras que la administración del gobernador Juan Manzur tiene por estos tiempos. No hay peligro respecto del pago regular de los sueldos de este mes ni del medio aguinaldo a los casi 110.000 empleados públicos de la provincia, en todos los niveles. Pero frente a las obligaciones que se avecinan, varios funcionarios del Poder Ejecutivo con el mandatario y el ministro de Economía Eduardo Garvich a la cabeza vienen pasillando varios despachos nacionales.

El objetivo es reactivar un financiamiento que ha quedado pendiente de la gestión pasada. A principios de año, la administración del ex presidente Mauricio Macri había avalado un crédito por $ 3.000 millones, proveniente del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. De ese préstamo, sólo ha sido desembolsado un tramo de $ 1.000 millones. Los $ 2.000 millones restantes quedaron en “stand-by”, un poco por la difícil situación financiera de la Nación, otro poco por la tensa relación entre Macri y Manzur.

La llegada de Alberto Fernández a la Presidencia ha cambiado el panorama. Incluso, el recientemente designado secretario de Hacienda de la Nación, Raúl Rigo, es un viejo conocido de las autoridades tucumanas, que confesaron su optimismo respecto de la reactivación de las gestiones. El crédito en cuestión es a tres años, con uno de gracia, a una tasa del 25% anual.

La cláusula gatillo ha causado un efecto fiscal no previsto en el Presupuesto provincial. La devaluación y la inflación del año viejo (estimada en 55%) ha impactado en el corazón del esquema financiero que elaboró el Ministerio de Economía. En la primera quincena del mes que viene, funcionarios y sindicalistas se sentarán a definir de cuánto será el porcentaje del último reajuste salarial correspondiente al año en curso. Se estima que la inflación acumulada para el período octubre-diciembre será de entre un 11% y un 12%, que puede significar una erogación extra de unos $ 800 millones mensuales. Anualizada, esa obligación con los empleados públicos insumirá no menos de $ 10.000 millones extra a un presupuesto que contempla gastos en Personal por $ 94.306 millones para todo 2020, un monto cercano al 60% del total de erogaciones de la provincia. Luego se abre un gran signo de interrogación respecto de la vigencia de la cláusula de actualización salarial.

Varios funcionarios consultados por LA GACETA hicieron cálculos acerca de cuánto podría ser la ayuda que estaría necesitando, adicionalmente, Tucumán por parte de la Casa Rosada. Esas estimaciones llegan casi a la misma cifra: unos $ 7.000 millones, el equivalente a una planilla salarial mensual actualizada. El problema fiscal no es cerrar el año fiscal en curso (se proyecta un leve rojo financiero en las cuentas públicas), sino cubrir los baches financieros que se presentan para 2020. La cuestión desvela a los funcionarios de la Casa de Gobierno que creen que no sólo habrá que gestionar más fondos federales, sino restringir más el gasto en distintas áreas oficiales.

Acta de compromiso de Rosario

- En agosto pasado, el entonces candidato presidencial Alberto Fernández firmó un acta compromiso, en Rosario (Santa Fe), con gobernadores. Para Tucumán, el acta contemplaba lo siguiente.

- Promover la ejecución de obras de saneamiento con ejecución en cuatro años de la construcción de redes de agua potable, cloacas y plantas de tratamiento de líquidos cloacales.

- Impulsar un plan de construcción de viviendas sociales.  

- Avanzar sobre los proyectos pendientes de Vialidad nacional para ejecutar en la provincia.

- Trabajar por la ley de Biocombustibles en beneficio del sector productivo de bioetanol y biodiese.

- Cooperar con la construcción de la Estación polimodal de cargas en Cevil Pozo, con interconexión de vías del Mitre y del Belgrano y nudo vial con conexión a las rutas nacionales y provinciales y el Aeropuerto Benjamín Matienzo y su área de cargas.

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