Confían en que, esta vez, la ley contra los dealers será aplicable

Regirá desde el 1 de septiembre de 2020.

13 Dic 2019
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NARCOMENUDEO. El bloque oficial apoya la iniciativa elaborada en conjunto. prensa legislatura

La ley contra los dealers, que habilita la “provincialización” de las causas por tenencia y venta de drogas a menor escala, debía entrar en vigencia con la llegada del próximo año. Sin embargo, a partir de los pedidos y los cuestionamientos efectuados desde la Justicia provincial, los legisladores aprobaron ayer una prórroga hasta el 1 de septiembre de 2020 en la implementación de la norma.

Es la tercera vez que la Legislatura le pone plazo a este sistema, que -a partir de la adhesión a leyes nacionales- autoriza a la Provincia a intervenir, investigar, procesar y condenar en las causas por narcomenudeo, como se denomina al tráfico barrial o minorista de estupefacientes. Durante el alperovichismo se había apuntado a su entrada en vigencia a partir de 2015, pero una acción declarativa de constitucionalidad planteada por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, derivó en una cautelar dictada por la Corte Suprema que “frenó” su puesta en marcha. Además de advertir que podía haber posibles colisiones en cuanto a las competencias, el jefe de los fiscales señaló la falta de recursos materiales y humanos en el fuero provincial para encargarse de esos procesos.

En septiembre, durante la anterior composición legislativa, se derogó la ley cuestionada; se aprobó una nueva redacción -que a criterio de los legisladores salvaba las objeciones de Jiménez-; y se instituyó el 1 de enero para su entrada en vigencia. El Ministerio Público Fiscal, sin embargo, planteó una acción judicial expresando observaciones sobre este mecanismo.

Ante este escenario, los legisladores volvieron a la carga con la ley contra los dealers, impulsada sobre todo por el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Ayer, a partir de los proyectos elevados por el peronista Gerónimo Vargas Aignasse (presidente de la comisión de Seguridad) y por el radical José María Canelada, se postergó la “provincialización” de las causas sobre droga a menor escala hasta el 1 de septiembre de 2020. Además, se creó una mesa ejecutiva, en el ámbito del Poder Judicial de Tucumán, para hacer un seguimiento de qué hace falta para la instrumentación de este régimen.

“La competencia federal ha fracasado en materia de narcotráfico, al menos acá en Tucumán”, afirmó Vargas Aignasse. Y recordó que en 2014, cuando visitaba barrios de la capital entregando sistemas de alarma, recolectó datos y formalizó 27 denuncias contra dealers, con fotos, nombres y otros datos. “Sólo tres de esas denuncias tuvieron curso. Son dos juzgados multimateria, con muchas causas, pero esto es una muestra de que no hubo una respuesta inmediata ante la denuncia de un legislador que, en ese entonces, también presidía la comisión de Seguridad”, alertó.

Canelada en tanto propuso que se busquen alternativas de financiamiento para la edificación de una cárcel, y destacó que será clave la puesta en marcha de la mesa coordinadora, integrada por representantes de los tres poderes (a propuesta del radical José Ascárate, se invitará a magistrados de la Justicia Federal). Raúl Albarracín, jefe del bloque PJS, agregó por su parte un tiro por elevación al Ministerio Público Fiscal. “Lo que están haciendo es buscarles problemas a las soluciones”, reprochó.

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