Por Luis María Ruiz
08 Diciembre 2019
COMISIÓN. Legisladores firmaron el dictamen de Seguridad el viernes.
¿La tercera será la vencida? Los legisladores abocados a la discusión sobre la fecha de puesta en vigencia de la ley contra los dealers esperan que así sea. Por eso, si bien el Poder Legislativo dará sus votos para aplazar por otros nueve meses la “desfederalización” de las causas sobre tráfico y tenencia de drogas a menor escala, lo hará incluyendo en la normativa algunos “mensajes” dirigidos a la Justicia provincial y, en menor medida, al Ejecutivo.
La comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura emitió un dictamen favorable, con vistas a la sesión convocada para este jueves, que habilita la modificación de la ley 9.188 -objetada desde el Ministerio Público Fiscal-. La nueva redacción establece el 1 de septiembre de 2020 como nuevo plazo para la implementación de la norma, en lugar del 1 de enero próximo, como reza el texto vigente. Pero no se avanzará sólo con la prórroga. El propio autor del proyecto, el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse -a la vez presidente de la comisión-, incluyó en los fundamentos un detalle de todo lo que, según tomó nota en las charlas con representantes de los demás poderes, hace falta para avanzar con la “provincialización” del narcomenudeo, anunciada este año tras la campaña por el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.
Ese listado incluye desde recursos materiales específicos (como reactivos, tecnología y laboratorios de los que hoy no disponen las fuerzas locales ni otras áreas del Estado provincial) hasta la capacitación de la Policía de Tucumán. Todo esto, además de tiempo, necesita de saldo favorable en el Tesoro de la Provincia. Pero en la Legislatura entienden que, con la suerte de inventario adjunto al proyecto de ley, los nueve meses de plazo otorgados para la implementación definitiva de la norma son margen suficiente para que se cumpla con cada requisito.
Por otra parte, en el cuerpo legislativo hay consenso para avanzar con la conformación de una comisión especial abocada a la aplicación de la ley contra los dealers. El equipo que trabajó en el dictamen, integrado por Vargas Aignasse, Jorge Leal, Javier Morof, Mariela Reyes Elías (todos peronistas), Horacio Vermal (FR) y Raúl Albarracín (PJS-RT), tomó parte de un proyecto de José Canelada (UCR) que establece la inmediata puesta en funciones de esa comisión especial. Además, se colocó un artículo para que los representantes de los tres poderes lleven adelante la primera reunión antes de que finalice 2019. A ello se suma un dato llamativo: esta vez, la comisión especial no será creada dentro del Poder Legislativo, sino que se la ubicará en ámbito judicial. Incluso, ronda la idea crear un cuerpo auditor externo a las fuerzas locales. Con todo esto, luego de dos frustrados intentos por “desfederalizar” el narcomenudeo, en abril de 2015 y en enero de 2020, los legisladores van por la tercera.
1 En el peronismo
El aspecto criminal y sanitario
“El objetivo es claro: que la Provincia asuma la responsabilidad en el microtráfico o narcomenudeo que hoy, entendemos, es el detonante de más del 70% del delito en Tucumán. No lleva razón que, estando en emergencia en seguridad a nivel provincial, se siga dependiendo del accionar federal en la lucha contra los vendedores que operan desde los barrios. Asumir esta problemática no implica sólo una ley, sino además la puesta en marcha de una serie de acciones y disposiciones edilicias, presupuestarias, de recursos humanos, de capacitación, y de un enorme compromiso. Todo esto sin olvidar por un minuto la atención en salud, para asistir a aquellos que han caído en el delito por sus adicciones”, afirmó el peronista.
2- En el bussismo
Dará su voto, con una advertencia
“Entiendo que el Estado provincial debe comprometerse fuertemente en combatir el flagelo (del narcomenudeo), ya que la droga en Tucumán parece haber venido para quedarse. Sin embargo, entiendo que adecuar nuestras estructuras a dicha lucha llevará su tiempo, razón por la cual nos parece oportuno postergar la puesta en vigencia (de la ley 9.188) por algunos meses, hasta tanto se tomen las decisiones que hacen falta. Eso sí: vamos a acompañar por esta única vez su prórroga, y vamos a seguir paso a paso los avances que se hagan en este sentido. Necesitamos que el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, comprometan sus mejores esfuerzos en erradicar la droga de nuestra provincia”, señaló el republicano.
3- En el radicalismo
Con dardos hacia el ministerio fiscal
“La judicialización de la ley de narcomenudeo por parte del ministro fiscal Edmundo Jiménez demanda que todos los poderes se sienten con urgencia a destrabar la situación. No se pueden permitir más dilaciones. El microtráfico de drogas se lleva a diario la vida de los tucumanos y nos envuelve una espiral de violencia que se convirtió en insoportable hace mucho tiempo. Ante esta sensible situación en la que nos dejó Jiménez, presentamos un proyecto para que la comisión interpoderes prevista en la Ley empiece a trabajar de inmediato, que no se espere hasta el año que viene. Los tucumanos necesitan que las cabezas del Estado se involucren a pensar y gestionar de inmediato las soluciones que no podemos esperar de Jiménez”.
4- En el alfarismo
Postergar la ley para sortear la resistencia
“El Informe Mundial sobre Drogas presentado este año por la ONU indica: incremento del número de muertes, de consumidores y de personas con problemas de drogadicción; la producción de cocaína alcanzo sus máximos históricos; auge de las drogas sintéticas; nuevo auge del consumo de cannabis (donde se despenalizó); la prevención y el tratamiento siguen fallando, y la presencia de drogas en las cárceles, asociada a graves enfermedades como HIV, hepatitis C y tuberculosis. Esta situación marca la necesidad de no ser indiferentes. Tomamos una determinación: abordar el microtráfico y narcomenudeo. La postergación de su puesta en marcha busca reemplazar la resistencia del Ministerio Público Fiscal por abocarnos entre los tres poderes a poner los medios para involucrarnos e implementar la ley”.
5- En el bussimo
Evitar la medida demagógica
“Entendemos que para que la Ley de Narcomenudeo cumpla con su objetivo y sea efectiva en la lucha contra el narcotráfico se deben previamente tomar una serie de medidas que faciliten su implementación, como por ejemplo, la necesaria mejora del sistema carcelario, la capacitación a las fuerzas de seguridad, y la adecuación a la normativa procesal vigente”, expresó la legisladora bussista. Ante estas carencias, se mostró de acuerdo con la prórroga en la fecha de puesta en vigencia del nuevo régimen. “Su aplicación en menos de un mes (como está previsto en la norma vigente), sin que estén dadas las condiciones presupuestarias, edilicias y humanas, sería simplemente una medida demagógica”, advirtió la abogada.
Claves de un extenso conflicto interpoderes
1- Una cuestión de competencia
La normativa de fondo en el ámbito nacional dispone que los casos sobre droga, en pequeña o gran escala, competen sólo a la Justicia Federal y sus organismos.
2- Lo que permite la ley contra los dealers
La ley nacional 23.737 -entre otras- habilita a los fueros provinciales a intervenir -con leyes de adhesión- en casos de tenencia o venta en escasas cantidades.
3- Lo que se intentó durante el alperovichismo
En 2014, la Legislatura aprobó la ley 8.664, y adhirió a la Provincia al sistema según el cual jueces, fiscales y fuerzas provinciales podrían perseguir a los “dealers”.
4- Lo que no sucedió el 1 de marzo de 2015
El nuevo régimen iba a funcionar desde el 1 de marzo de 2015. Pero eso no sucedió, ya que el ministro fiscal Edmundo Jiménez obtuvo una cautelar de la Corte.
5 Lo que buscó la anterior Legislatura
En el proceso judicial rige la suspensión de términos desde 2015. Por eso, la Legislatura aprobó una nueva ley en septiembre de 2019, con vigencia desde 2020
6- Lo que harán los nuevos legisladores
El Ministerio Fiscal recurrió otra vez a la Justicia por conflictos de competencia y falta de infraestructura. La Legislatura, el jueves, fijará ante ello un nuevo plazo.
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