Otra Corte ante un desprestigio antiguo

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán redefinió el equilibrio interno hasta 2021: es una estructura novedosa en función de los cánones de gobierno de los últimos 10 o 12 años. Los acuerdos cerrados el viernes colocaron en la presidencia a la más académica y academicista de los miembros del alto tribunal. La llegada de Claudia Sbdar al sillón mayor alienta a los sectores que claman por una institución más profesional y confiable, que honre el nombre “Justicia”, y sea y parezca justa. Es este el reclamo social más antiguo de todos. Pero las traiciones a la igualdad ante la ley, a la ética y a la ejemplaridad, y la proximidad con el poder político han llevado a los Tribunales a un punto de descrédito agudo. Esa desconfianza vacía de expectativas los procesos, y pone a la sociedad en contra de quienes deberían ser los guardianes y árbitros de sus derechos. Sbdar tendrá que poner la cara y el cuerpo a este desasosiego, que deteriora la autoridad de los magistrados para trazar la línea que divide al bien del mal.

Lidiar con el desprestigio enquistado exige una creatividad fuera de serie porque, en términos llanos, el ejercicio abusivo de la judicatura dispone de vía libre. El Poder Judicial “trucumano” presenta una característica única: no importa que los jueces, fiscales y defensores oficiales actúen bien o hagan daño, si disponen de las conexiones adecuadas, permanecerán en el cargo el tiempo que se les antoje. Y aún si el oficialismo pretendiese expulsar a alguno, se encontraría con la realidad de que el organismo encargado de esos menesteres, el Jurado de Enjuiciamiento, tiene tantos defectos de diseño que es relativamente sencillo neutralizar su funcionamiento. El caso testigo es el de Eduardo Romero Lascano, el único de los tres camaristas penales que absolvió a los imputados del caso “Verón” que retuvo el cargo después de ese veredicto antipático para el kirchnerismo. Romero Lascano paró lo que parecía una topadora implacable con la presentación de una denuncia -sí, una mera petición- ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo curioso es que, con el consentimiento del Poder Ejecutivo, la medida cautelar dictada a su favor por la Justicia local se convirtió, en los hechos, en un salvoconducto permanente.

El Jurado de Enjuiciamiento creado por la reforma constitucional inenarrable de 2006 jamás juzgó a un integrante de los Tribunales ordinarios. Entre sus vicios de fabricación hay uno decisivo: ese organismo depende para funcionar de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, cuya afición por blindar a los jueces venales es harto conocida. La protección de quienes no están a la altura de la función judicial perjudica, en primer término, a los magistrados íntegros, que se ven afectados por los escándalos no dilucidados de sus pares. La ciudadanía, por su parte, es rehén de una magistratura colocada por encima de los controles, que es vitalicia y goza de privilegios propios de una oligarquía: basta con apuntar que, dos siglos después de la emancipación de la monarquía, todavía quedan jueces que se ofenden si no son tratados como “señorías”. Esas autoridades “están salvadas de por vida”, como dice un aspirante a camarista. No sólo acceden a la jubilación con el beneficio del 82% móvil, sino que también disfrutan de las dificultades estructurales que la Justicia penal exhibe para perseguir a los poderosos. Es lo que sucedió con los ex fiscales Carlos Albaca y Guillermo Herrera, quienes se jubilaron empujados por los cuestionamientos en 2013 y 2015, y todavía no rindieron cuentas sobre su accionar objetado.

El ejemplo actual más concreto de estas distorsiones institucionales es Roberto Guyot. El juez de Ejecución Penal de la capital acumula una cantidad insólita de denuncias y sanciones, y casi no hay semana en la que no le aparezca una mancha nueva, siempre superadora de la anterior. Esa capacidad para tolerar el desgaste a su reputación resulta inaudita y ya avisó que no renunciará. Guyot fue favorecido una vez por la comisión de Juicio Político legislativa, que en mayo de 2018 descartó que hubiera incurrido en mal desempeño en el tratamiento del reo denunciante del tráfico de drogas, Sebastián Medina, quien terminó asesinado en la cárcel. Por este mismo hecho, en septiembre de 2019, el camarista instructor del sumario administrativo, Fabián Fradejas, consideró que Guyot había prestado “un servicio deficiente de justicia”. El protagonista de esa historia sórdida permanece indemne en su despacho e invoca la garantía del non bis in idem (“nadie puede ser acusado ni juzgado dos veces por la misma conducta”) para bloquear el pedido de destitución fundado en las conclusiones de Fradejas.

La actuación del juez de Ejecución Penal de la capital desafió a la Corte que presidió el fallecido Antonio Gandur, desafió a la del presidente saliente Daniel Posse y desafiará a la de la presidenta entrante Sbdar. Aunque parezca que lleva una eternidad en el cargo, Guyot sólo tiene poco más de tres años de antigüedad como juez. Su caso expresa en forma bestial un fenómeno a veces imperceptible e inquietante: la sociedad tiene cada vez menos paciencia con el Poder Judicial.

La corrupción impune de los Tribunales es la más compleja y la más dañina por cuanto afecta a la organización estatal encargada de combatir la corrupción en general. En juego está la válvula de escape para las fricciones que tensionan la vida en sociedad. Sin ese desahogo no hay futuro común posible. Da la sensación de que el ex Jardín de la República ha tirado de aquella cinta hasta quedar momificado y maniatado. La reacción a esa parálisis supone elevar los niveles de transparencia; dar a cada uno suyo en el tiempo oportuno y abandonar el partidismo. Es lo que siempre debió haber hecho el Poder Judicial, pero las trampas, excepciones, manipulaciones y debilidades han transformado lo obvio en revolucionario. Después de tantos golpes, parece que no queda otra que regresar de modo explícito a lo básico y a lo evidente: lo dijo el príncipe del foro que festejó que, tras ser ungida presidenta de la Corte, Sbdar haya reivindicado la observancia de los mandatos constitucionales; la sentencia justa; la división de poderes y la independencia judicial.