Villa Urquiza tendrá unos 260 nuevos cupos

El nuevo espacio servirá para albergar a los condenados.

22 Nov 2019 Por Luis Duarte
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EN EL JUZGADO. Ibáñez, secretario de Seguridad, y Manuel Bernachi, jefe de Policía, al salir de la audiencia. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI

El Gobierno está a punto de habilitar tres pabellones reformados en el penal de Villa Urquiza. Las renovadas estructuras albergarán a 260 detenidos, elevando la capacidad de la institución a unos 1.100 internos en la actualidad.

Según Luis Ibáñez, secretario de Seguridad de la provincia, estos nuevos espacios, entre otros proyectos, contendrán a los condenados en los distintos juicios que se realizarán hasta el inicio del próximo año.

El funcionario informó esta medida, en medio de la crisis carcelaria por la sobrepoblación en el servicio penitenciario y en las comisarías, donde hay alrededor de 1.000 encerrados. “Están listos tres pabellones. Lo único que falta para entrar en funcionamiento son las camas. Tendrán una capacidad de 260 plazas”, expresó Ibáñez.

“Reúnen los requisitos exigidos por ley para que los internos reciban un tratamiento acorde para la resocialización. El trabajo que se realiza con los nuevos pabellones (de Villa Urquiza) forma parte de un estudio que se había hecho conociendo la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal”, agregó.

Los reformados espacios, y otros que están previstos, deberían contener, justamente, a los posibles condenados que surjan de las casi 800 causas que se deben resolver hasta inicio del próximo año, entre ellas de homicidios y abusos sexuales, delitos no excarcelables, previo a la aplicación del nuevo código.

Manuel Bernachi, jefe de Policía, destacó que en próximas reuniones se avanzará en iniciativas destinadas al servicio penitenciario, centrados en “liberar” las dependencias de la fuerza de seguridad. “Esto es auspicioso para nosotros, ya que nos permitirá que más personal policial esté abocado a la prevención y no en el cuidado del detenido o del condenado”, dijo.

En marzo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia había ordenado, haciendo lugar a las denuncias de los fiscales de instrucción Adriana Giannoni y Diego López Ávila (habeas corpus correctivo), medidas urgentes y necesarias para revertir la emergencia carcelaria, teniendo en cuenta el hacinamiento en las comisarías y la alta población en las instituciones penitenciarias tucumanas.

El miércoles último, se registró un intento de motín en el edificio de la ex Brigada de Investigaciones, ubicado en calle Junín al 800, en la capital. En esa dependencia estaban encerradas unas 94 personas, cuando la capacidad es de 40.

Ibáñez y Bernachi participaron ayer en una audiencia con el juez de Ejecución Penal, Roberto Guyot, entre otros referentes del sistema judicial. En el encuentro se resolvió reubicar a los detenidos considerados testigos protegidos en distintas causas judiciales. Estos estarán alojados en el penal de Villa Urquiza. Entre ellos, Gustavo Giri y Atanacio Ledesma, reos que denunciaron probable venta de droga en la misma cárcel.

“Se preparará el alojamiento para buscar seguridad y comodidad, y para que reciban el tratamiento interno, ya que están cumpliendo condenas”, expresó el secretario Ibáñez.

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