Austeridad legislativa

El presidente de la Legislatura aprovechó la renovación de nombres en las bancas para echar mano a las tijeras del ajuste. En la espejada sede de Muñecas al 900 estaban al tanto del recorte, que había dejado provisoriamente sin el beneficio de la extensión horaria -equivalente al 100% del sueldo, en muchos casos- a decenas de empleados que dejan su huella dactilar en los relojes biométricos del edificio. Pero el anuncio de “austeridad”, efectuado por el vicegobernador Osvaldo Jaldo a través de LA GACETA, ratificó el runrún en la Cámara. El interrogante es hasta dónde avanzará el tranqueño con las cuchillas del ahorro.

Aunque la ejecución del presupuesto del Poder Legislativo es más difícil de conseguir que la figurita de Messi en el álbum del Mundial, un peronista con experiencia en el manejo de esos números afirma que los principales gastos se engloban en tres rubros: el personal, que insume la porción mayoritaria de los recursos parlamentarios (cerca de un 90%, según las versiones); los costos corrientes de funcionamiento (servicios de agua, luz y gas, mantenimiento edilicio, librería, etcétera); y el boleto estudiantil gratuito, que desde agosto pasado incluye a los alumnos universitarios del interior y, según el vicegobernador, totaliza unos 70.000 beneficiarios en toda la provincia.

Con la suba sostenida en los servicios públicos, parece difícil que desde la conducción puedan reducir las erogaciones corrientes. En cuanto a los pasajes de ómnibus para los alumnos de los niveles primario, secundario, universitario y terciario, la intención del oficialismo es mantener el subsidio, que comenzó siendo solventado con los excedentes financieros de la Cámara -se originó en 2017, luego de que LA GACETA revelara un “ahorro” secreto superior a los $240 millones- y que en la actualidad, según Jaldo, significa unos $ 500 millones anuales. Ante este esquema, la variable de ajuste más potable pasa por los empleados.

El compromiso que recibieron los gremios legislativos es que no se afectará a los trabajadores de planta permanente ni a los temporarios que cumplen funciones en la Cámara, quienes gozan de plena estabilidad gracias a una normativa vigente desde 1990. La reducción en las erogaciones por Personal, entonces, pasaría por los cargos denominados “políticos”, que son amplia mayoría. Los temporarios de Presidencia y de Bloque, que por lo general no tienen requisitos de asistencia ni obligaciones formales, son los principales apuntados. Con el cambio de gestión, como sucede en cada renovación parlamentaria, estos contratos “cayeron”. La intención sería aprovechar el escenario para reducir el impacto del presupuesto legislativo, que en este ejercicio sufrió por la confluencia de la “cláusula gatillo” y del año electoral.

Para ponerle números a la cuestión: el Presupuesto de la Provincia para 2020, elaborado por el Ejecutivo, estima un global de $ 156.000 millones para los tres poderes y el resto de la administración pública; de ese total, entre $ 6.000 millones y $ 6.300 millones serán asignados a la Legislatura. Es decir, cerca de un 4% de la totalidad de los recursos públicos provinciales. ¿Es mucho? ¿Es poco? Según se argumenta en uno de los principales despachos de la Cámara, es lo necesario. “Este es un poder político”, es la explicación extraoficial. La expresión, que suena a tautología, alude a la coexistencia de distintos partidos, representados por 49 pares, con idéntica potestad de voz y de voto. Para algunos, llegar a la banca -o retenerla por otros cuatro años- es un objetivo; para otros, un trampolín. Pero en la historia reciente y anterior, a pesar de las diferencias partidarias internas, las composiciones legislativas tuvieron una característica en común: la reticencia a mostrar las cartas propias. Sería toda una novedad que un representante del pueblo, por sí mismo y sin necesidad de leyes de acceso a la información o de ética pública, divulgue la aplicación de los recursos otorgados por la Legislatura, entre ellos, los 15 contratos para asesores asignados a cada despacho. Se trata de una porción minúscula en la torta presupuestaria de la Cámara, pero si los legisladores le esquivan a ese paso -incluidos los opositores-, luego resulta paradójico que le exijan transparencia a la conducción. Por lo pronto, serán más testigos que protagonistas de la austeridad legislativa.