Tercera fuga de Rodríguez: los puntos clave de una polémica investigación

18 Nov 2019
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1- El crimen de Medina mostró el problema

En noviembre de 2017, con el crimen de Sebastián Medina, comenzó a conocerse lo que ocurría dentro del penal de Villa Urquiza. La víctima, de 24 años, había denunciado que los guardias lo golpeaban porque se negaba a vender la droga que ellos le entregaban. Para garantizar su seguridad, el joven fue trasladado a un calabozo de la seccional 7ª, pero después fue llevado ilegalmente al penal. Tres días estuvo suplicando por su vida. Nadie lo escuchó y fue asesinado por un compañero de encierro. La fiscala Adriana Giannoni, por este crimen, imputó a las autoridades del penal y pidió una investigación en contra del juez de Ejecución y Sentencia, Roberto Guyot, por su actuación en el caso.

2- Reos golpeados por hacer una denuncia

En enero pasado Gustavo Giri y Atanacio Ledesma denunciaron públicamente que habían sido torturados por negarse a vender drogas en el penal. Tanto la Justicia ordinaria como la Federal confirmaron sus dichos con exámenes médicos. Los funcionarios judiciales locales ordenaron una pesquisa por apremios; mientras que los nacionales, por tráfico de estupefacientes. Todos, con diferentes oficios y planteos, ordenaron que fueran protegidos.

3 Un preso denunció haber sido abusado

En mayo surgió una nueva denuncia con relación al tráfico de drogas en el penal. En esta oportunidad, otro reo dijo que los guardiacárceles habían liberado la zona para que fuera abusado por otro prisionero del penal de Villa Urquiza. Según relató en la Justicia Federal, el ataque se produjo porque se había negado a comercializar drogas y les había advertido que los denunciaría si lo maltrataban. Oscar Delfín Rodríguez declaró como testigo en esa denuncia.

4- Hallazgo de pastillas en concepción

En medio del escándalo que generó la sospecha de comercialización de drogas en las unidades carcelarias, se conoció un nuevo hecho. La jueza de Ejecución y Sentencias, Alicia Merched, recibió una llamada el sábado 6 de octubre de 2018 en la que un informante le avisó que había ingresado una importante cantidad de pastillas al penal de Concepción y que reos se encontraban contándolas en la carpintería de la prisión. La magistrada intentó comunicarse con Claudio González (director del penal de Concepción), Néstor Juárez (ex director de Institutos Penales) y Carina Assad (subsecretaria de Servicio Penitenciario), pero ninguno le respondió. Siguió insistiendo y logró comunicarse con el ministro de Seguridad, Claudio Maley, quien la atendió y tomó cartas en el asunto. Al poco tiempo, el funcionario le avisó a la magistrada que la información que le habían dado era correcta y que personal penitenciario se presentó en ese lugar donde encontró a tres internos con casi 5.000 dosis de psicofármacos. Hasta ahí se trataba de un caso más de tráfico en el penal, pero con el correr de los días se fueron descubriendo elementos que le permitieron sospechar a la jueza que en el caso estaba involucrado el personal del penal.

5- Las consecuencias de las denuncias

Las denuncias que realizaron los reclusos tuvieron sus consecuencias. En la Justicia se vivieron momentos de tensión luego de que se conocieran los casos. El juez de Ejecución y Sentencias Roberto Guyot quedó en el centro de la polémica y, por los cuestionamientos, debió excusarse en todas las causas en los que estaban mencionados los denunciantes y se iniciaron actuaciones administrativas en su contra. La secretaria del juzgado, María Nazaret Rodríguez Ponce de León, fue trasladada por el máximo tribunal de Justicia. El Ministerio de Seguridad también se vio obligado a realizar varios cambios. Carina Assad, mencionada en varias causas, se vio obligada a renunciar a su cargo de subsecretaria de Servicios Penitenciarios. Esta funcionaria, también le envió un mensaje a la jueza Merched que esta consideró intimidante. Recibió un ofrecimiento de custodia por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación.

6- Son al menos cuatro las causas abiertas

La Justicia Federal está investigando al menos cuatro causas en las que fue denunciado el personal del Servicio Penitenciario por la presunta venta de drogas en el interior del penal. Por pedido del fiscal Camuña, a fines de julio, personal de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal realizaron un allanamiento en el penal de Villa Urquiza. Según se informó oficialmente, buscaron documentación para confirmar la versión que dieron los reclusos de que  esta medida se desarrolló en el marco del expediente en que varios internos declararon haber sido torturados por negarse a vender la cocaína y la marihuana que supuestamente les entregaban los guardiacárceles.

7- Los números de un negocio millonario

“La venta de drogas en el penal es un negocio millonario. Por cada día de visitas se sacan entre $300.000 y $400.000”, declaró Gonzalo Giri, uno de los reos de Villa Urquiza que fue golpeado luego de que se presentara en la Justicia Federal para informar sobre el tráfico de estupefacientes dentro de los muros de la prisión. Los últimos informes indican que más del 70% de la población carcelaria tiene severos problemas de adicción. También se cree que con ese alto nivel de consumo el tráfico de sustancia ya no sólo es familiar, sino que hay una estructura importante para que las drogas ingresen al penal.

8- Cómo sería la operatoria

Los reclusos habrían coincidido en señalar cómo es la operatoria del tráfico de droga en los penales. Según dijeron, serían los guardias que se encargarían de ingresar cocaína, marihuana y pastillas. Sería el mismo personal del Servicio Penitenciario el que se encargaría de reclutar a los internos para que las comercialicen a cambio de dinero y de modificar su carpeta de antecedentes. Los días de visita, de acuerdo a la versión que dieron, serían los elegidos para cobrar el dinero.


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