Cumple su pena en la ex Brigada y toma clases en Derecho

Es uno de los casi 27 condenados que, pese a no estar permitido, están alojados en los calabozos de distintas comisarías.

17 Nov 2019 Por Gustavo Rodríguez
1

ESPOSADO. Lucas Jiménez fue condenado en 2016 a 12 años de prisión.

La crisis carcelaria en nuestra provincia tiene un nuevo rostro. En los atestados y malolientes calabozos ya no sólo se encuentran personas detenidas por haber cometido delitos, sino que se transformaron en el lugar de encierro de condenados que no fueron alojados en el penal de Villa Urquiza por falta de cupo. En total, según confirmaron fuentes judiciales, son casi 27, cuando legalmente no debería haber ninguno.

Hay un caso testigo que despertó polémicas y originó una nueva denuncia contra el juez de Ejecución y Sentencias Roberto Guyot. Lucas Jiménez fue condenado a 12 años y seis meses de prisión por haber protagonizado un accidente mortal. El 24 de septiembre cuando circulaba a bordo de un Chevrolet Aveo atropelló a un grupo de personas que esperaba tomar el ómnibus en avenida Néstor Kirchner al 1.500. En el percance murió Nancy Ramírez, de 23 años, que estaba embarazada y resultaron con lesiones Jorge Martínez (22), Camila Ocaranza (14), Eduardo Nieva (28), Carolina Fernández (19), Rita López (16), Karen Rodríguez (17) y Florencia Núñez (17).

Tres años después de haberse producido la tragedia, el joven se sentó frente a los miembros de la Sala III, integrada por Carlos Caramutti, Dante Ibáñez y Rafael Macorito. Durante el debate se confirmó que el acusado manejaba alcoholizada y que no se detuvo para ayudar a las víctimas. Los jueces entendieron que se trataba de un homicidio culposo con dolo eventual, y no sólo le aplicaron una dura condena, sino que le revocaron el cese de prisión y decidieron que sea alojado en el penal de Villa Urquiza.

Jiménez, tal como establecen las normas, quedó a cuidado de Guyot. El magistrado dispuso que sea alojado en los calabozos de la ex Brigada al 800 y le otorgó permisos para que asistiera a tomar clases en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. La información fue confirmada por el jefe de la Dirección General de Investigaciones, Jorge Dib. “Tenemos que cumplir con lo que se nos ordenó a través de un oficio”, aseguró el comisario.

El abogado Gustavo Morales denunció este caso en la Corte Suprema de Justicia. “Estamos hablando de un caso en el que se otorgan demasiados beneficios porque Guyot mantiene una buena relación con el padre del condenado, un comisario retirado de la Policía”, explicó el profesional. El juez no respondió a los llamados de LA GACETA para que diera a conocer su versión de los hechos.

Problema en alza

El caso Jiménez salió a la luz la misma semana en la que se produjo otro hecho significativo. El miércoles, Oscar Delfín Rodríguez, condenado por un homicidio y abuso sexual, protagonizó su tercera fuga en 16 años.

Había sido alojado en el Destacamento Falivene junto a otros tres personas por cuestiones de seguridad después de haber declarado en la Justicia Federal en la causa donde se investiga el tráfico de drogas en el penal.

Por este tema, el juez Guyot realizaría una audiencia el jueves que contaría con la participación del ministro de Seguridad, Claudio Maley, y el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, donde se trataría el tema del alojamiento de condenados en las comisarías.

Actualmente, según confiaron fuentes judiciales, existen al menos 20 condenados en las diferentes comisarías de la provincia, a los que se debería agregar otros siete que se encuentran en el edificio de la ex Brigada. Y poco más de 20 están allí por disposición del Juzgado de Ejecución y Sentencias de Tucumán.

“Esta situación se puede agravar aún más porque, ante la implementación del nuevo Código, se están acelerando la resolución de causas”, explicó el fiscal Diego López Ávila. Su par Ignacio López Bustos, en el transcurso de la semana, logró resolver dos causas. Un hombre fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por amenazas y lesiones y, a otro, lo sentenciaron a dos, pero no irá a la cárcel.

“Procesos que antes llevaban años en resolverse, ahora se pueden concluir en semanas y eso está generando una complicación con el alojamiento de los condenados”, concluyó López Ávila.

Comentarios