Con el conflicto por los despidos latente, Aetat pide un boleto a $42

La comisión de Transporte se reunirá hoy para solicitar un informe técnico a la Intendencia. Si el aumento se otorga, será la tercera suba en el año.

13 Nov 2019 Por Martín Dzienczarski
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NUEVO PEDIDO DE AUMENTO. Los empresarios consideran que el déficit crítico del sector debe ser financiado con el ajuste de la tarifa y con subsidios. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo (ARCHIVO)

Los empresarios del transporte público salieron a la carga de un nuevo incremento del boleto de colectivos, el tercero del año. La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) presentó una nota en el Concejo solicitando llevar el boleto desde los $ 24 actuales a $ 42,32, es decir, pidieron un ajuste del 75%. La última suba se había otorgado en julio, cuando el boleto subió desde los $ 19,30.

“Expresamos la grave situación económico y financiera que estamos atravesando producto de la acumulación en el tiempo de una serie de factores determinantes nunca resueltos, acompañados con nuevas circunstancias que se suman para definir un panorama realmente insostenible”, manifestó Aetat en la nota presentada en la Municipalidad y el Concejo. “En estos momentos, luego de una acumulación de conflictos sin soluciones definitivas, nos vimos obligados a recurrir a la no deseada alternativa de reducir la fuente laboral con despidos de personal, por este tema nos encontramos en plena conciliación con el gremio de UTA”, agregaron, sobre los 150 despidos que formalizaron en octubre y que la Secretaría de Trabajo frenó aplicando la conciliación obligatoria.

El peronista Fernando Juri, presidente del Concejo Deliberante, expresó que hoy se reunirá la comisión de Transporte para tratar el pedido de ajuste y solicitar la opinión de la Municipalidad.

“El lunes ingresó el pedido de Aetat. Nosotros no decimos ni que sí ni que no, lo que vamos a hacer es citar a una sesión extraordinaria de la comisión de Transporte para recepcionar el pedido y remitirlo a la Intendencia para que a través de sus respectivas áreas analicen este pedido. A partir de esa respuesta, analizaremos la situación”, explicó Juri a este diario.

La comisión de Transporte se conformó oficialmente ayer, y quedó conformada por los peronistas José Luis Coronel (presidente de la comisión), Ernesto Nagle, Alejandro Figueroa, la bussita María Belén Espinosa y el alfarista Rodolfo “Johny” Ávila.

“La solución al conflicto del transporte debería ser integral. Podemos o no otorgar un aumento de tarifa, pero Aetat también pide otras cuestiones: más subsidios mensuales de los que se les otorgan, exenciones impositivas... son todos temas que se deben analizar para dar una solución de fondo”, continuó Juri.

Causas de la crisis

En el escrito que presentaron los empresarios del transporte, sintetizan las causas del conflicto del transporte en el traspaso de los subsidios nacionales a las provincias, la eliminación del subsidio al combustible, la inflación, la devaluación frente al dólar y las tarifas atrasadas.

“Todo esto tiene como principal origen la intempestiva decisión del gobierno nacional de retirar desde este año las compensaciones tarifarias y la provisión de gasoil a precio diferencial al transporte del interior. El Gobierno de la provincia otorgó desde enero de este año un subsidio provincial de $ 130 millones mensuales para las empresas, que vence el 31 de diciembre de este año. Esta ayuda provincial corresponde al 50% de los subsidios nacionales cesados en diciembre de 2018, que se encontraban congelados desde julio de 2017. Resulta necesario e imprescindible la adecuación de las tarifas de los servicios a valores acordes a la realidad de los costos”, describen la situación los miembros de la cámara empresaria. Señalaron que el déficit mensual de las firmas ronda los $ 180 millones.

Los empresarios explicaron que hay un desfasaje elevado entre los ingresos, entre tarifa y subsidios, con los costes de explotación. Entre las posibles soluciones, solicitaron: que se liquide el pago de manera inmediata de los montos adeudados por los abonos estudiantiles de la capital; la actualización de las tarifas; el incremento de los subsidios; la reducción de cargas impositiva y medidas asociadas a la declaración de la emergencia del servicio para flexibilizar las obligaciones del servicio.

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