09 Noviembre 2019
Los legisladores que conforman el interbloque Vamos Tucuman antciparon que están dispuestos a aceptar la prórroga de la Ley de Emergencia de Seguridad, pero antes quieren conocer qué es lo que pretende hacer el Poder Ejecutivo con la norma que ya perdió vigencia.
Esa fue la decisión que tomaron los legisladores Raúl Albarracín, José María Canelada, Raúl Pellegrini, Walter Berarducci, Federico Masso y José Ascárate en una reunión que desarrollaron en su primera reunión de bloque.
“Consideramos que la prórroga es necesaria. En ese sentido, estimamos conveniente y oportuno que se convoque al ministro de Seguridad Claudio Maley se presente ante la nueva composición legislativa para intercambiar visiones respecto a la seguridad en la provincia”, señaló Albarracín,
Ascárate, por su parte, agregó: “sería importante que Maley también brinde explicaciones sobre para qué pidieron la prórroga de esta norma. Hay que buscar las herramientas para buscar una solución en serio al problema de la inseguridad. Durante los dos años en los que estuvo en vigencia la norma todos los índices delitictivos crecieron. La idea no es una interpelación, sino conocer su opinión”.
“Creemos que el ministro Maley tiene que compartir con la nueva Legislatura las políticas de acción que contempla la Emergencia en Seguridad. Una medida necesaria a la que debemos aportar desde diferentes perspectivas”, destacó Masso.
La norma perdió vigencia el jueves, ya que por segunda vez consecutiva, no realizaron en tiempo y en forma el pedido de prórroga. El PE envió un proyecto de ley para que fuera analizado por los parlamentarios, pero no dieron a conocer mayores detalles.
Trascendió que los funcionarios pretenden que los informes estadísticos sobre los delitos que se cometieron en la provincia sean presentados cada tres meses. Mientras que el cuadro de situación de los programas de seguridad se efectúe cada seis meses, en el marco de las reuniones de una comisión permanente. “No vemos con desagrado esa opción, pero la tenemos que discutir”, insistió Ascárate.
La intención de la cartera de Seguridad es que ese cuerpo deje de funcionar y que sea la misma Comisión de Seguridad de la Legislatura, junto con los funcionarios del PE, los que analicen los informes, Quedarían afuera entonces los representantes de la Justicia ordinaria y Federal. “Tenemos que analizar. Es importante conocer su opinión sobre algunos temas”, concluyó Ascárate.
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