Recibieron $ 495 millones para erradicar villas, pero las casas tuvieron otro destino

Una vez más la utilización de los recursos del Estado generan dudas. Otra vez, el organismo en la mira es el que en Tucumán se encarga de construir viviendas sociales. Y en esta ocasión, aparece postergada la posibilidad de cubrir necesidades de los sectores más vulnerables.

Esto es lo que surge del destino que se dio a la mayoría de las viviendas construidas con casi $ 500 millones que eran para mejorar la situación de familias que vivan en villas y asentamientos.

Según diversos documentos del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) -entre los que destaca la rendición de cuentas de los fondos que recibió de la Nación desde octubre de 2013- en la construcción de las 2.500 viviendas en Manantial Sur se usaron $ 495 millones del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. De acuerdo a la Resolución 1012/09, dictada por el entonces Ministerio de Planificación Federal en 2009, el objetivo específico de ese programa -y por lo tanto de sus fondos- es “mejorar la calidad de vida de la población asentada en villas y asentamientos precarios con carencia de infraestructura básica de servicios, problemas ambientales y de regularización dominial”.

Además, en esa norma se especifica que es responsabilidad de cada ente ejecutor -en este caso, del Ipvdu- adjudicar las viviendas conforme a los lineamientos del Programa y encargarse de que los beneficiarios hayan sido censados como “residentes de la villa o asentamiento objeto del Proyecto”.

Sin embargo, de las 1052 viviendas entregadas en Manantial Sur, sólo 232 habrían sido adjudicadas a familias de villas y asentamientos damnificadas por las inundaciones de 2015. Del resto, 385 fueron entregadas a través de convenios a personas de distintos sindicatos y organismos estatales mientras que 435 se entregaron por el sistema habitual de inscripción y sorteo del Ipvdu. Así se lo especifica en una nota del área de Recupero y Regularización Dominial del propio instituto.

En general, se trata de familias de clase media que tienen un trabajo estable y pueden pagar una cuota mensual. Un sector al que sin dudas le es difícil acceder a una vivienda propia, pero que tiene resueltas sus necesidades básicas.

Las casi 1.500 casas que restan entregar todavía no tendrían beneficiarios designados de manera firme, pero parte de ellas también estaría afectada a convenios con sindicatos y entidades estatales. Y en la adjudicación de las otras casas también se habría seguido el procedimiento habitual del Ipvdu de inscripción y sorteo, sin dar prioridad a las casi 35.000 familias tucumanas que -de acuerdo a un relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares- todavía viven en villas o asentamientos.

Quienes fueron relocalizados están agradecidos. Afirman que su calidad de vida mejoró. Norma Peralta es una de esas personas. “Sería bueno que la otra gente tenga la oportunidad que nosotros hemos tenido”, opina en la puerta de su casa en Manantial Sur.

Una especialista

“El presente emprendimiento tiene por objeto posibilitar la relocalización de 2.500 familias de escasos recursos que habitan terrenos que no reúnen las condiciones mínimas para ese fin (extrema precariedad, alto riesgo ambiental y bajo o nulo nivel de cobertura de redes de infraestructura)”, rezaba un informe de prensa publicado por el Ipvdu en 2013.

La arquitecta e investigadora del Conicet Paula Boldrini expresó sus críticas para el proyecto original -reunir miles de familias carenciadas en una misma área, alejada del centro metropolitano-, pero subrayó que es preocupante la falta de asignación de recursos a los sectores populares. Aseguró que, junto a su equipo, estaban pendientes del desarrollo en Manantial Sur. “Es la primera vez que de manera masiva se construyen viviendas en barrios completos pensados para ellos (barrios populares, villas, asentamientos)”, comentó. “Cuando ya una buena parte del barrio estaba ocupada y fuimos a hacer entrevistas nos sorprendimos porque solo había una parte de ese sector ocupado con familias de relocalización”, dijo y aclaró que el resto de los vecinos eran de clase media, también con dificultades para tener su casa, pero no presentaban las mismas carencias que los sectores populares. “De alguna manera no se ha cumplido con lo que estaba previsto”, sostuvo. “Las políticas públicas vinculadas a las mejoras de los asentamientos informales son clave en una sociedad absolutamente fragmentada y desigual como la que tenemos”, analizó. En ese sentido, considera urgente atender a las condiciones de quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad, que es a lo que apuntaba originalmente el Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.

“Caja política”

La senadora Silvia Elías de Pérez dijo que hay diversas irregularidades en torno a Manantial Sur, algunas de las cuales -relacionadas con la cesión de obras entre empresas constructoras- fueron difundidas por este diario en 2017. Además, la parlamentaria confirmó que desde la Nación ratifican que el destino de estos fondos debería haber sido usado para beneficiar a los sectores más vulnerables (ver nota aparte). “La clave está en preguntarse a quién les dan las casas”, sostuvo. “Lo llamativo, lo dramático es como el Ipvdu le va entregando a gremios y a reparticiones públicas en las que es el propio director el que de manera arbitraria determina a quién se le van a entregar estas casas en base a favores políticos, amiguismo”, aseguró. “Al Ipvdu desde la época del ex interventor (Gustavo) Durán, y hasta ahora que sigue intervenido dependiendo directamente del gobernador (Juan Manzur), se lo ha usado como caja política, se lo ha usado para amigos del poder”, agregó.

El informe completo del IPV