El PE inyecta $ 250 millones para viviendas en Tucumán

El Gobierno provincial puso en marcha una poco usual ingeniería contable, legal y administrativa para reactivar obras de casas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) que se encuentran paralizadas y sin ocupantes.

El 22 de octubre, el gobernador Juan Luis Manzur firmó dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) para habilitar el pago de “adicionales compensatorios” por hasta casi $ 250 millones en favor de empresas contratistas del Estado, en cuotas, para finalizar la última etapa de Manantial Sur y de otros emprendimientos del Ipvdu.

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, le anticipó a LA GACETA que las firmas consignadas en el DNU -ver listado aparte- estarán en condiciones de poner a disposición del Poder Ejecutivo (PE) unas 3.000 viviendas sociales, hasta 90 días después de acreditados los fondos acordados.

El ingeniero, titular de GAMA SA, explicó que el sector había planteado al Gobierno provincial la posibilidades de estos decretos, que se complementan con una nueva ley -ya promulgada- que habilita la realización de auditorías ambientales en proyectos que no cuenten con el apto ambiental. “Todos sabemos que la construcción está en crisis, al igual que toda la Argentina. En el fondo, tanto los decretos como la nueva ley tienen el mismo espíritu, que es darle oxígeno financiero a las empresas del rubro”, detalló Garber.

Los DNU ingresaron el 25 de octubre a mesa de entradas de la Legislatura. La Constitución provincial dispone que, si dentro de los 20 días hábiles de recibido el instrumento la Cámara provincial no se expide sobre su validez, el texto tomará fuerza de ley a partir de la fecha de su dictado. A seis días de la renovación de las bancas, todavía no se constituyeron las comisiones internas. Y si bien está previsto que esta semana vayan al recinto para renovar la Emergencia en Seguridad y otros regímenes de excepción, no hubo anuncios con respecto a estos instrumentos.

El  decreto 1/3 (ME) fue enviado a la Cámara con las firmas del gobernador y de su ministro de Economía, Eduardo Garvich. Fuentes de esa cartera explicaron que se optó por la vía del DNU -en lugar de, por ejemplo, un proyecto de ley- por la premura que ofrece este mecanismo. Además, se indicó, estos textos no pueden ser modificados por los legisladores -sólo aprobados o rechazados-, por lo que se garantiza la continuidad de los números acordados en las reuniones con el Ipvdu y la CTC.

Mediante este decreto -ratificado por el gabinete del PE-, se dispone el pago a las contratistas de un “6% sobre el monto de los certificados de obras y rederterminación de precios, correspondientes a diciembre de 2016 a mayo de 2019, inclusive”. Los desembolsos, a realizarse en seis cuotas iguales y consecutivas mediante cheques diferidos, totalizan $140 millones, a distribuir entre 56 firmas. Las cifras van de $ 21 millones a $24.000, ya que varían según el total del avance certificado, en estos casos cercanos al final de obra. Garber estimó que, con estos fondos, se finalizarán las tareas en casi 2.000 viviendas sociales ubicadas en el Gran San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Villa Carmela y Aguilares, entre otros distritos.

Por otra parte, el decreto de necesidad y urgencia 2/3 (ME) ordena el pago de un adicional compensatorio a las empresas constructoras a cargo del emprendimiento “2.500 viviendas - El Manantial”. En total, son más de $105 millones a recibir por 19 firmas, con cifras que van desde los $ 11 millones hasta los $ 2 millones. En este caso, Garber explicó que se podrá terminar de ejecutar más de 1.300 casas sociales del barrio, que está situado al sur de la capital. “A partir de que los decretos estén operativos y se concreten los pagos, las empresas tienen 90 días para poner a disposición del Poder Ejecutivo estas cerca de 3.000 casas”, detalló el titular de la CTC.

A la espera de que la Legislatura defina si trata o no los decretos de Manzur, en el Instituto de la Vivienda también son momentos de reuniones. Al asumir en su segundo mandato, el gobernador puso al frente de la repartición a la ex legisladora peronista Stella Maris Córdoba, quien reemplazará a Noemí Ferrioli -vuelve a desempeñarse como subinterventora-. Esta semana habría anuncios oficiales sobre el plan del Gobierno para terminar las viviendas paralizadas.

Desempleo

Unos 10.000 desocupados

El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción Jorge Garber indicó que el sector, hace una década, contaba con entre 18.000 y 20.000 empleados. “En la actualidad, la cifra de trabajadores ronda los 6.000 o 7.000. Estamos hablando de unos 10.000 desocupados en el sector. Es una situación crítica”, indicó el ingeniero y titular de GAMA SA. Ante este escenario, el empresario dijo estar “expectante” por el plan que rubricó el gobernador, Juan Manzur, con el presidente electo Alberto Fernández en Rosario, y que prevé una alta inversión en obras públicas de vivienda y hábitat.

Recepción

Encuentro entre representantes

El viernes se llevó a cabo el primer encuentro entre los representantes de la Cámara Tucumana de la Construcción y la nueva interventora del Instituto de la Vivienda, Stella Maris Córdoba. La ex legisladora estuvo con su antecesora, Noemí Ferrioli, quien la acompañará en la gestión. “El encuentro se desarrolló en un ambiente cordial, en donde ambas instituciones se comprometieron a trabajar en forma mancomunada para sacar adelante al sector en lo que respecta a los futuros proyectos de gobierno que se presenten”, indicó el órgano que preside Jorge Garber en su sitio web oficial.

Nueva ley

Para sortear el apto ambiental

El gobernador Juan Manzur dictó al promulgación de la ley que habilita la posibilidad de obtener permisos en edificaciones que no cuentan con apto ambiental. El texto establece que, en caso de que la falta consistiera en haber iniciado obras públicas o privadas hasta el 31 de marzo de 2019 “sin cumplir previamente con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, el reconocimiento de falta facultará a las autoridades “en forma excepcional y cuando la naturaleza de la obra u actividad lo justificare”  a solicitar al infractor una Auditoría Ambiental (ex post) de la obra en cuestión.