15 Julio 2004 Seguir en 
BUENOS AIRES.- La ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray, condenada a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito, quedó a un paso de un nuevo juicio oral y público, esta vez por presuntas irregularidades cometidas en la venta de un predio que pertenecería a Radio Nacional.
El juez federal Jorge Urso clausuró la instrucción de la causa y la elevó a juicio oral, por lo que ahora deberá ser sorteado un tribunal oral que en fecha aún a determinar, probablemente el primer trimestre del año próximo, deberá llevar adelante el juicio.
María Julia está procesada en esta causa por el supuesto delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y pesa sobre sus bienes un embargo de $ 10 millones.
La Oficina Anticorrupción (OA) la denunció en el año 2000 por la presunta cesión irregular de los terrenos donde funcionaba la planta transmisora de LRA 1 Radio Nacional en la localidad bonaerense de General Pacheco.
Según la denuncia, el 7 de noviembre de 1990 el Estado adjudicó a un consorcio francés, estadounidense y argentino una parte del servicio de telefonía, en el marco de la privatización de ENTel.
Responsable directa
Los terrenos de LRA 1, cuya transferencia fue cuestionada judicialmente, fueron incorporados a la privatización. "La transferencia operada respecto del inmueble e instalaciones es ilícita", dijo el juez Urso al elevar la causa a juicio. "Alsogaray fue responsable directa de todo el proceso de privatización y, por extensión, también de la ilícita transferencia del inmueble en cuestión, pues era ella quien ejercía las facultades de administración y disposición de los bienes que el Estado nacional", le había confiado en el marco de la privatización, señaló el juez.
Según el auto de elevación a juicio, la transferencia del predio -situado en la intersección de la ruta 197 y las vías del Ferrocarril Mitre- fue extemporánea y habría causado un grave perjuicio para el Estado.
El delito de defraudación en perjuicio de la administración pública está contenido en el artículo 174 del Código Penal y prevé penas de prisión de dos a seis años. (DyN)
El juez federal Jorge Urso clausuró la instrucción de la causa y la elevó a juicio oral, por lo que ahora deberá ser sorteado un tribunal oral que en fecha aún a determinar, probablemente el primer trimestre del año próximo, deberá llevar adelante el juicio.
María Julia está procesada en esta causa por el supuesto delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y pesa sobre sus bienes un embargo de $ 10 millones.
La Oficina Anticorrupción (OA) la denunció en el año 2000 por la presunta cesión irregular de los terrenos donde funcionaba la planta transmisora de LRA 1 Radio Nacional en la localidad bonaerense de General Pacheco.
Según la denuncia, el 7 de noviembre de 1990 el Estado adjudicó a un consorcio francés, estadounidense y argentino una parte del servicio de telefonía, en el marco de la privatización de ENTel.
Responsable directa
Los terrenos de LRA 1, cuya transferencia fue cuestionada judicialmente, fueron incorporados a la privatización. "La transferencia operada respecto del inmueble e instalaciones es ilícita", dijo el juez Urso al elevar la causa a juicio. "Alsogaray fue responsable directa de todo el proceso de privatización y, por extensión, también de la ilícita transferencia del inmueble en cuestión, pues era ella quien ejercía las facultades de administración y disposición de los bienes que el Estado nacional", le había confiado en el marco de la privatización, señaló el juez.
Según el auto de elevación a juicio, la transferencia del predio -situado en la intersección de la ruta 197 y las vías del Ferrocarril Mitre- fue extemporánea y habría causado un grave perjuicio para el Estado.
El delito de defraudación en perjuicio de la administración pública está contenido en el artículo 174 del Código Penal y prevé penas de prisión de dos a seis años. (DyN)
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