10 Octubre 2019
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El sector automotor argentino planea presentar al próximo gobierno nacional, sea del signo político que sea, un proyecto de renovación del parque similar al Plan Canje que tuvo vigencia en el país entre fines de la década de 1990 y principios de 2000.
La iniciativa fue elaborada por las terminales automotrices, en conjunto con sindicatos, concesionarios y autopartistas, según un artículo publicado por Ámbito Financiero, reproducido por TN.
El objetivo del nuevo Plan Canje sería retirar paulatinamente de las calles las unidades de mayor antigüedad, principalmente aquellas fabricadas antes de 2004. Para esas, propone un incremento superior a la media en los costos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Los autos sin VTV vigente serían secuestrados o retenidos.
La medida llegaría acompañada por una financiación con tasas "accesibles". Cuanto más viejo el vehículo, más bajo el interés. Además, por la exención del Impuesto a los Bienes Personales y por la consideración de parte del valor de la inversión como pago a cuenta de Ganancias (cuarta categoría), en ambos casos únicamente para la compra de autos fabricados en la Argentina, así se reactiva la producción local.
"Estimular la demanda impulsando la actualización del parque automotor con vehículos de fabricación nacional orientados a las nuevas tecnologías y que sean amigables con el medio ambiente", señala el plan que presentaría el sector al próximo Presidente.
La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac) reveló que en la Argentina, uno de cada cuatro autos que circulan fueron fabricados antes de 1999. Son 3,3 millones, un 24,02% de la flota circulante total al cierre de 2018. También hay más de un millón producidos entre 1999 y 2003 y más de dos millones, entre 2004 y 2008.
La flota circulante en su totalidad tiene una edad promedio de 11,6 años en la Argentina, en base al relevamiento anual de la Afac, que incluye automóviles, comerciales livianos y pesados.
El Plan Canje original
El Plan Canje de los 90 proponía un 20% de descuento para vehículos 0 km, con un tope de $ 3.000 para automóviles y de $ 4.000 para utilitarios de hasta 2.000 kilos.
El funcionamiento era muy simple: el propietario acudía a un Registro de la Propiedad Automotor, solicitaba la baja del vehículo y recibía un certificado que acreditaba su pase a desguace. El Estado entregaba los autos que salían de circulación a empresas siderúrgicas que utilizaban chatarras como insumos.
Con ese certificado, además, el dueño del auto enviado a desguace tenía un 20% de descuento asegurado en la adquisición de cualquier vehículo 0 km de producción nacional (también servía para usados, pero con valor librado a oferta y demanda). La adhesión era obligatoria para todos los concesionarios. Solo podían salir del sistema si lo informaban con seis meses de anticipación.
El 20% no se aplicaba sobre el precio final del vehículo, sino sobre su valor libre de impuestos. Del total, el 10% de la bonificación corría por cuenta del Estado y el otro 10%, por fabricantes y vendedores.
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