Crisis alimentaria: la asistencia social ahonda la grieta antes de las elecciones

Luego del debate en la cámara de Diputados y de Senadores para aprobar la Emergencia Alimentaria nacional, la polémica se trasladó a Tucumán en torno de la cantidad de fondos destinados para atender los problemas sociales y a la necesidad de sancionar una ley provincial en sintonía con la federal.

21 Sep 2019

De un lado, afirman que la Provincia destina poco dinero a la asistencia social. Del otro, responden que la oposición provincial pero oficialista a nivel nacional no toma en cuenta que la crisis ha incrementado la necesidad de asistencia en un Tucumán en el que hay 286.000 personas en situación de pobreza sólo en su principal aglomerado urbano.

El diputado nacional José Cano (UCR) cuestionó al Gobierno provincial porque consideró que el presupuesto destinado a Desarrollo Social para este año es el 0,24% del gasto total de la provincia. Sin embargo, el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, defendió la gestión del gobernador, Juan Manzur, y aseguró que en casi cuatro años de gestión del presidente Mauricio Macri, las partidas sociales se han incrementado un 564%. Pasó de $ 358 millones destinados a la partida 500 (transferencias directas a instituciones y subsidios a personas) en 2015 a $ 1.767 millones previstos par este año.

“Nuestra querida Tucumán es una de las provincias más pobres del país, ubicándose de acuerdo a los índices oficiales en el grupo que posee las más altas tasas de pobreza. El presupuesto provincial hace caso omiso de esta flagrante situación, ya que destina una porción muy pequeña a la atención social”, consideró Cano, y reclamó que la Provincia también adhiera a un régimen de Emergencia Alimentaria. De acuerdo al Presupuesto aprobado para 2019, se fijaron $ 99.884 millones, de los cuales $ 240 millones se asignaron a Desarrollo Social (el 0,24%). Sin embargo se trata de datos anteriores a la ampliación presupuestaria aprobada por la Legislatura.

El ministro de Desarrollo Social provincial tachó la apreciación del opositor. De acuerdo a documentación oficial de la Secretaría de Gestión Administrativa, a cargo de José Gandur, el presupuesto previsto para el Ministerio para este año fue $ 2.212 millones. A raíz de la inflación y del incremento de demanda, hasta septiembre ya se habían ejecutado $ 2.572 millones, gracias a ampliaciones presupuestarias. La previsión hasta fin de año es de $ 3.042 millones. Como el Presupuesto 2019 tras la ampliación alcanza los $ 120.000 millones, los fondos de la cartera equivalen al 2,5%.

“Esta afirmación del diputado puede ser por dos motivos, o porque tiene un enorme desconocimiento de la gestión del Estado, porque nunca administró nada, o puede que se trata de una cuestión política. Le quiero dar una licencia. Siempre tuvo cargos legislativos, salvo cuando tuvo la oportunidad en el Plan Belgrano y fracasó”, respondió.

Gabriel Yedlin

“La Nación podría haber dado más fondos para comedores”

LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo (ARCHIVO)

Yedlin rechazó la propuesta de Cano y apuntó contra el macrismo. “No hace falta declarar la emergencia alimentaria provincial. Lo que se necesita es que la Nación genere una política macroeconómica que controle la inflación y que genere trabajo, no que vaya todo a la timba financiera”, respondió el funcionario provincia. “Los recursos que hemos necesitado para poder afrontar nuestras necesidades de programas de seguridad alimentaria lo hemos tenido en la provincia, por aumentos presupuestarios y adelantos del presupuesto. Siempre el gobernador y el ministro de Economía (Eduardo Garvich) nos han dado lo solicitado. La ministra de Desarrollo Social nacional (Carolina Stanley) no lo ha hecho. Tampoco hubiese hecho falta para la Nación, si hubiera voluntad política. Porque en realidad las herramientas están, la ley de emergencia alimentaria lo que hace es poner en la voluntad de muchos sectores el reclamo para que la Nación tome las medidas que podría haber tomado. La Nación podría haber aumentado los fondos para seguridad alimentaria, aumentar los fondos de comedores escolares. La ley los obliga a hacerlo porque sino no lo hacen”.

Yedlin argumentó que la mayor parte del presupuesto está destinado al pago de la planilla salarial. Y que ministerios como Salud, Educación y Seguridad tienen asignados fondos más elevados porque, sostuvo, son las carteras que más agentes tienen para brindar servicios en toda la provincia. “El Gobierno nacional ha quitado pensiones por discapacidad, no ha transferido los recursos para pagarles a los prestadores de discapacidad. En la Argentina se consume menos leche a valores históricos, el 50% de los chicos está bajo la línea de la pobreza... esto no tiene que ver con una partida de un Ministerio, es un desconocimiento o de una mala intención notable. El Gobierno nacional ha dado de baja programas nacionales, como el Argentina Trabaja o el Manos a la Obra. Una situación emblemática es la de los comedores escolares: la Nación asignaba en 2015 el 40% de la inversión para cuidar alimentaria mente a los chicos en las escuelas. Ahora destinan menos del 15%. Estamos abandonados por la Nación. Cada año para renovar el convenio exigía que solicitemos la misma cantidad del año anterior o no se firmaba. Te apretaban de esa manera, ha sido bastante impiadoso. Nunca un Ministerio de Desarrollo, provincial o nacional, va a poder sostener este fracaso del modelo económico”, finalizó.

José Cano

“La situación de la provincia es alarmante”

LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo (ARCHIVO) LA GACETA / FOTO DE Juan Pablo Sánchez Noli (ARCHVO)

“El último dato publicado de situación de pobreza por ingresos en el país y en la provincia indica que, para el segundo semestre de 2018, el 23,4% de los hogares del país no podían financiar la Canasta Básica Total del hogar. Este mismo índice para Tucumán es mayor: el 25% de los hogares de la provincia no pueden cubrir el valor de la Canasta Básica Total, es decir, el 32,2% de las personas”, consideró Cano. El diputado argumentó que, tomando los datos del Indec, sobre los 31 aglomerados urbanos relevados, el Gran Tucumán es el séptimo con mayor pobreza por ingresos del país.

“En otras palabras, la situación de la provincia es alarmante. A pesar de ello, tenemos varias leyes de emergencia, pero ninguna que aborde el problema de la pobreza y la desnutrición. Hay emergencia hídrica y agropecuaria, a raíz de las constantes inundaciones en el sur provincial. Hay emergencia carcelaria y de seguridad, debido a las aberrantes violaciones a los derechos humanos que genera el sistema penitenciario, y hay emergencia del sistema eléctrico, por la falta de inversión en renovación de equipos por la política energética entre 2006 y 2015. A pesar de ser una de las provincias más pobres del país no tenemos una ley de emergencia alimentaria y nutricional, aún cuando la provincia llegó a ser tristemente famosa a comienzos de siglo por los magros índices nutricionales de nuestros niños”, cuestionó el radical.

“Vemos urgente el establecimiento de la emergencia en el ámbito provincial, que muestra valores más preocupantes. Para Promoción y Asistencia social, el promedio de las provincias destina un 2,7% del presupuesto, mientras que Tucumán destina un 2,3%. Para el total de los Servicios Sociales (educación, salud, promoción social, vivienda y más), el promedio de las provincias destina el 56% del presupuesto mientras que Tucumán, el 47%. Este 9% del  presupuesto que se destina a otros fines, evitando que la población reciba una mejor atención social, constituye una afrenta a los tucumanos en especial a los más vulnerables”, finalizó.

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