Fijarán multas para regularizar los edificios sin final de obra

Los concejales impulsan una ordenanza para que los propietarios puedan escriturar.

21 Ago 2019
1

PLANIFICACIÓN. Según Catastro municipal, 31 edificios de la ciudad no tienen final de obra y están habitados. la gaceta / foto de archivo

Las empresas que construyeron edificios que no cumplen con las disposiciones del Código de Planeamiento Urbano (CPU) deberán pagar una multa a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para que les otorguen el certificado de final de obra. Así, los inquilinos podrán vivir en los departamentos legalmente y los dueños podrán tener la escritura de propiedad de cada unidad. Eso ocurrirá si el Concejo Deliberante aprueba el proyecto de ordenanza que impulsa el presidente el cuerpo, el peronista Armando Cortalezzi.

“El proyecto está en debate, debe pasar por las comisiones y tendrá modificaciones. De todas maneras el espíritu del proyecto no se negocia: el objetivo es beneficiar a los inquilinos, no a las empresas”, explicó Cortalezzi sobre la iniciativa, que también lleva la firma del peronista Juan Luis Pérez.

“Se dispondrán multas, que están en debate y podrá haber cambios, pero se buscará que en el caso de que los edificios en falta construidos por empresas que ya no existen, sean los consorcios quienes deberán pagar la multa. Así que buscaremos que sea menor en esos casos y que haya flexibilidades de pago. La idea es beneficiar a los propietarios, que fueron los afectados”, agregó el presidente del cuerpo, que en octubre asumirá como legislador. La intención, expuso, es que la iniciativa se apruebe en la próxima sesión.

Según la Dirección de Catastro y Edificación Municipal, hasta abril de 2018 había 31 edificios que están habitados a pesar de que carecen de dos aptos: los certificados de final de obra y de habitabilidad. Aunque las ordenanzas prohiben que se viva en los departamentos, algunas torres llevan 20 años con inquilinos. Si el edificio no cuenta con los aptos, las propiedades no pueden escriturarse y pierden hasta el 40% de su valor de mercado. Los propietarios sólo pueden adquirir títulos precarios. Como la instalación de servicios también es precaria, muchos vecinos que habitan en edificios en estas condiciones tienen acceso a gas por garrafas, la presión de agua es reducida y la red eléctrica no es apta para muchos electrodomésticos conectados en simultáneo (no se instalaron los medidores en cada unidad, sino que tienen uno común).

Debate

Como la iniciativa prevé un régimen de excepción al CPU, multas y legislará sobre construcciones, deberá ser analizada por las comisiones de Hacienda y Presupuesto (presidida por el peronista José María Franco), Peticiones y Poderes (a cargo del opositor Ricardo Bussi), Obras Públicas y Planeamiento Urbano (encabezadas por Pérez).

El proyecto, que ingresó a Mesa de Entradas del Concejo el 16 de agosto, enumera en los considerandos las ordenanzas sancionadas para corregir las irregularidades de las obras construidas en contravención a las normas de planeamiento fijadas en el CPU. Entre el 2000 y 2014, se aprobaron 11 ordenanzas que establecieron planes de regularización y excepciones, que ampliaron plazos de inscripción y que caducaron regímenes de normalización, para buscar adaptar las construcciones a las regulaciones.

El proyecto en debate considera que hace 5 años no se establece un régimen para regularizar las construcciones. La iniciativa propone multas escalonadas a las obras con superficies de hasta 100 metros cuadrados y que superen los 500 metros cuadrados construidos. Se equiparan las sanciones a la tasa de “Derechos de Obras”, y a un número de “urbanos” variable, que es la unidad de medida para fijar cánones en la Municipalidad.

“Lo que buscamos es beneficiar a todos los que compraron en edificios de buena fe y que confiaron en que -aunque determinadas constructoras ofrecieran departamentos muy baratos-, igual podrían hacer uso de esos bienes. Buscamos que esta ordenanza no sea vetada por la Municipalidad, por lo que queremos pulirla en esta semana”, explicó Pérez, también firmante del proyecto.

“Desconocemos el número total de edificios que no cuentan con los aptos y que son habitados porque la Municipalidad no nos respondió los informes las veces que habíamos intentado avanzar en esto”, profundizó Pérez. Y agregó: “la idea es que en cada caso se analice que no haya riesgos de seguridad. En el caso de que existan, que se corrijan con obras para garantizar la seguridad de la construcción y luego podrán acogerse a la norma. Falta establecer también las construcciones que podrán ingresar en la ordenanza, porque no queremos que nuevos edificios que violan las normas avancen con la construcción especulando con esta norma. Quizás se podrían tomar las torres finalizadas hasta 2014, por ejemplo”.

Comentarios