06 Agosto 2019
Cadetes dejan sus motos en la vereda
Hace una década fue un boom en Tucumán y en poco tiempo aparecieron decenas de empresas de servicio de mensajería, en moto o en bicicleta. Localmente se las comenzó a conocer como "servimoto", que es el nombre de una de las primeras agencias de cadetes. Este año, al mapa de servicios de mensajería se sumaron las aplicaciones que permiten hacer los encargos a través del celular. Hasta el momento en Tucumán funcionan dos: PedidosYa y Rapiboy.
En Buenos Aires estas apps ganaron todavía más terreno. PedidosYa, Glovo y Rappi son las tres pincipales y en las últimas semanas fueron noticias primero por un accidente de uno de los cadetes, luego del cual la compañía habría estado más preocupada por el estado del pedido que por la salud del trabajador. La opinión pública comenzó entonces a conocer la precarización laboral de esta fuente de trabajo.
Ayer quedó firme la sentencia del juez porteño Roberto Gallardo, que ordenó al gobierno porteño clausurar toda plataforma virtual vinculada a la mensajería y reparto de alimentos que no esté registrada, realizar controles preventivos y decomisar mercaderías. También exigió el acatamiento de las empresas al Código de Tránsito y bloqueó los pagos con tarjetas de crédito.
Al quedar firme la decisión, el magistrado dijo que Rappi, Glovo y PedidosYa "generan ocupación bajo una relación abusiva e ilegal y no quieren adecuarse a la ley", en respuesta a un comunicado en el que esas firmas aseguraron que el juez "busca suspender de modo arbitrario la fuente de ingresos de un gran número de personas".
(Las aplicaciones de mensajería) generan ocupación bajo una relación abusiva e ilegal y no quieren adecuarse a la ley", dijo el juez porteño Roberto Gallardo
"El derecho a trabajar tiene que ser ejercido en forma regular. Las empresas tienen que adecuarse a la ley o volvemos a principios del siglo XVIII", afirmó a Télam Gallardo. "Como la ley dice que las personas que trabajan realizado delivery lo hacen en relación de dependencia, las empresas quieren abstraerse de ese régimen y dicen que brindan un servicio informático, pero no se entiende entonces cómo ejercen logística, cobran comisiones sobre el transporte o realizan pagos", aseguró el juez.
La abogada Mariana Pérez Lucena y el trabajador Hugo Santucho son miembros de la filial tucumana de la Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros Y Servicios, que tiene presencia nacional. En una entrevista en LA GACETA Central, el informativo de LG Play, aseguraron que en nuestra provincia jamás se cumplieron las leyes laborales en este rubro y confían en que el fallo porteño genere avances en los derechos de los trabajadores que, calculan, son 4.000 en toda Tucumán.
"El fallo ordena a las empresas que se adecuen a las normativas de tránsito, laborales y previsionales. Estas empresas disfrazan la relación laboral haciendo que el trabajador se inscriba como autónomo, cuando en realidad es una relación de dependencia, porque hay una subordinación jurídica, económica y técnica del empleado. En el caso de los deliverys, los trabajadores no fijan el precio de su trabajo, sino que lo hacen las empresas, por ejemplo. Ahí una posición de poder clara. Otra cosa que dice el fallo es que queda prohibido que obliguen a los trabajadores a comprar sus propios insumos. Es un sistema perverso, porque ellos se proveen de todo: la mochila, su vehículo, la ropa; ellos lo quieren pintar como un socio, cuando no lo es", explicó la abogada, especializada en derecho laboral.
Estas empresas disfrazan la relación laboral haciendo que el trabajador se inscriba como autónomo, cuando en realidad es una relación de dependencia, porque hay una subordinación jurídica, económica y técnica del empleado.
Según Santucho, PedidosYa, que de las apps es la más fuerte hasta el momento, ya tiene 100 trabajadores en las calles. "Legalizan una estafa laboral con el Monotributo. Hablan de economía colaborativa, que somos colaboradores, que somos nuestros propios jefes, pero nosotros estamos cansados de ser explotados. Somos cerca de 4.000 personas las que trabajamos en servicios de mensajería en la provincia y el número crece por la crisis económica", remarcó.
Santucho opina que desde aquel boom de las mensajerías en Tucumán, hace dos décadas, lo único que avanzó es la precarización de los trabajares. "Antes al menos sabíamos que estábamos siendo explotados, pero el ritmo era otro. Ahora nos autoexigimos, porque las aplicaciones tienen más exigencias y tenemos accidentes de los que nadie se hace cargo. No tenemos ART, nada", contó.
"El marco legal está, pero no las controlan -agrega Pérez Luna. El marco legal son las leyes laborales. PedidosYa, por ejemplo, es uruguaya y viene a nuestro país a lucrar pero no respeta la normativa".
La abogada explicó además que hay un tercer jugador en este triángulo, que no hay que perder de vista. "Son los negocios que venden lo que los cadetes distribuyen. Hay estudios hechos que muestran que incrementaron sus ventas a partir de este servicio".
Según Santucho, no hay en Tucumán ni siquiera una mensajería que esté en regla. De hecho, advierte, la mayoría tiene locales mínimos en sus dimensiones, donde están hacinados entre 30 y 40 cadetes.
"Las nuevas aplicaciones te apuran, te marcan el tiempo, te dicen que en 30 minutos lo tenés que entregar sí o sí, ya, ya... por eso ves compañeros que se apuran, que andan en contramano, para que no les descuenten o no los suspendan. Veíamos una publicidad hace tiempo que nos mostraba haciendo malabares entre los autos, pero no somos eso, somos trabajadores y tenemos familias atrás. Necesitamos respeto", exigió.
Las nuevas aplicaciones te apuran, te marcan el tiempo, te dicen que en 30 minutos lo tenés que entregar sí o sí, ya, ya... por eso ves compañeros que se apuran, que andan en contramano, para que no les descuenten o no los suspendan.
En este y en muchos rubros, los empresarios y dueños de negocios reniegan de que en Argentina el costo laboral es altísimo y que hay una fuerte presión tributaria. "Eso sería objeto de una reforma tributaria. Pero en la legislación actual las multas por tener trabajadores en negro son muy elevadas, cuesta mucho más que tenerlos en blanco y en regla", aportó Pérez Lucena.
Según Santucho, hace tiempo que los trabajadores del rubro piden que el Estado haga los controles correspondientes. "No hay ni siquiera un registro de las mensajerías activas. Presentamos proyectos de ordenanza, de ley, y vamos a seguir golpeando las puertas hasta que nos escuchen", disparó.
Pérez Lucena confirmó que en Tucumán todavía no hay demandas laborales en este rubro, pero entiende que el fallo de Buenos Aires es un precedente que podría empujar acciones legales. "Sin duda un trabajador puede conseguir un fallo similar en nuestros Tribunales. Pero para evitar todo eso es más fácil resolver de manera colectiva el problema", finalizó.
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