Un poder colectivo

No hay muchas explicaciones para entender el porqué los principales actores de la crisis del transporte no pueden dialogar cara a cara. La semana del 9 de Julio dejó huellas de las fallas de este federalismo. La Junta poco junta.

14 Jul 2019 Por Federico Diego van Mameren
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Rodolfo Campero era candidato a gobernador de Tucumán y en una de las largas entrevistas que concedía a LA GACETA uno de los periodistas le preguntó: “¿Qué va a hacer con el conflicto azucarero?”. El dirigente radical respondió rápidamente: “Es muy fácil”, señaló. Y explicó: “es un problema vital para Tucumán. Por lo tanto, reúno a todos los responsables de la actividad en la Casa de Gobierno, cierro la puerta y tiro la llave por la ventana. Hasta que no se pongan de acuerdo, no pido que nos abran”. La metáfora y la ocurrencia bien valen para esta crisis del transporte.

Aquella respuesta de Campero era sincera y precisa. Sin embargo, ocultaba una verdad irrefutable: cuanto más intereses implica un tema, menos interés hay en solucionarlo. Lo mismo ocurre en estos días de huelgas de colectivos.

Casi todas las partes declaman a los gritos que hay que sentarse alrededor de una mesa y resolver este conflicto. No obstante, ninguno de los que hablan es sincero porque, si bien están dispuestos a sentarse a discutir, no están dispuestos a ceder ni un ápice en pos de resolver el problema. Y, resolver el problema significa que el usuario, el gran rehén y damnificado de la crisis del transporte público de pasajeros, pueda de una vez por todas subirse a un ómnibus e ir al lugar que desea. O que necesita.

Es llamativo de qué manera cada uno de los sectores tiene muy claro quién es el culpable de la crisis. Curiosamente, en esto no hay coincidencias. Por eso no es muy complicado inferir que este es uno de los grandes fracasos de los dirigentes políticos tucumanos. Desde hace muchos años se viene avizorando esta crisis y lo único que han hecho es buscar paliativos para llegar a fin de mes. O mejor dicho, a las próximas elecciones.

El servicio de transporte público tiene dos variables de ingresos:

1) Las tarifas.

2) Los subsidios.

El año pasado, la Nación anunció el cambio del sistema de subsidios y todos aceptaron las nuevas reglas de juego. Hoy, cuando ha hecho implosión el sistema, todos se rasgan las vestiduras. Ni la Municipalidad de Capital, ni las autoridades de la provincia, ni los concejales, ni los legisladores se han preocupado por anticiparse a este problema. Pareciera que la ganancia consiste en esperar a que se produzca el “choque”, a pesar de que los políticos tienen la obligación de adelantarse a los problemas, precisamente, para prevenir el “siniestro”.

Aquí, al político le gusta ponerse el traje de Superman o de bombero y salir a apagar el incendio, para convertirse en el salvador y así sacar réditos.

Los políticos debieran aprender que cuando las cosas funcionan por sí solas es cuando mejor están haciendo los deberes.

Disfunsiones y divisiones

El transporte público no funciona. Se discute sobre los subsidios con la sola intención de buscar culpables. Los cambios y las transformaciones del sistema ya se conocían hace tiempo: no puede haber sorprendidos ahora, varios meses después de haber firmado los acuerdos para que las cosas sean como son.

Con más o con menos subsidios, durante muchos años la película era la misma. Los empresarios solicitaban un aumento y, a la larga o a la corta, el Concejo Deliberante de la Capital lo terminaba otorgando y el intendente finalmente convalidaba ese tarifa. Hubo épocas durante las cuales la decisión era del intendente. Y las hubo otras, cuando bastaba con lo que definían los ediles. Una vez que se ponía en vigencia el valor del viaje en ómnibus en la ciudad, la provincia imitaba y se acercaba a ese valor en el pasaje interurbano. Unos días después iban los taxistas y exigían que aumentase el precio del viaje en taxi, y, obviamente, era concedido. Así terminaba el filme hasta la próxima temporada.

Actualmente, aproximadamente, el 33% del transporte automotor está en la Capital. Otro 33% corresponde a lo que se llama el área metropolitana, que incluye a las ciudades de Tafí Viejo, Las Talitas, Alderetes, Banda del Río Salí, Yerba Buena y algunas comunas aledañas. El otro 33% queda para los colectivos rurales.

Cuando el vicegobernador decide llamar a un debate esta semana para modificar el sistema se apoya en esta distribución del negocio, que no necesariamente puede seguir atado a las decisiones de la Capital.

Cuando se discute sobre este, tema ninguna de las partes pareciera estar analizando cómo brindar un servicio de transporte de más calidad para que el beneficiario es el usuario. ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Da poder? ¿Por qué las sospechas de corrupción siempre merodean esta cuestión? ¿Por qué nadie sabe, exactamente, cuánto cuesta un viaje de ómnibus? ¿Por qué es tan complicado calcular costos? ¿Se puede liberar el valor o es una “prenda” que no quiere soltar el sector público? ¿Por qué nadie hace mea culpa de esta crisis?

El conflicto es muy parecido a la famosa remuneración de los legisladores provinciales. Durante décadas se ha discutido sobre ese monto. Nadie habla de esa suma. Es más, cuando los legisladores deben responder no coinciden en la remuneración. Una vez, el mismo vicegobernador juró que se acababan las remuneraciones por fuera de la dieta a los legisladores. Las eliminó, pero curiosamente nunca se redujo el presupuesto legislativo, que es famoso por ser el más alto del país. La poca claridad y transparencia con la que dialogan los actores que son incapaces de sentarse en la misma mesa hace presagiar que con el pasaje en ómnibus pasa exactamente lo mismo que con los datos legislativos.

El gran ausente

Esta semana terminaron los comicios en la provincia. El hecho pasó inadvertido en la medida en que los negocios del transporte son cada vez menos claro. No tuvieron grandes conclusiones porque en pocos días habrá nuevas elecciones.

Nadie podrá discutir que el último proceso electoral fue menos estridente que el de hace cuatro años, cuando Tucumán fue un ejemplo de lo que no se debe hacer. Sin embargo, no deberían pasar cuatro años más para que se debata cómo deben ser las eleccioness en el futuro. Es otro debate que se debe la sociedad tucumana. Está claro que hay sectores -el oficialismo, antes que nadie- que seguramente no querrá cambiar el régimen electoral porque los acoples, los acarreos y los incómodos pagos (tickets, bolsones, dádivas) a cambio de votos no son aportes para el crecimiento de la provincia. También pasó inadvertida esta semana la ausencia del presidente de la Junta Electoral Provincial que, a la vez, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. No hubo explicaciones ni excusaciones de Daniel Posse.

El jueves estaba todo listo para la ceremonia central. Era el momento de ponerle el moño a los comicios. Habían pasado varios meses de tensión. Finalmente, el personal de ceremonial del Poder Judicial había contribuido con su esfuerzo para que a la entrega de diplomas no le faltara nada. Sin embargo, minutos antes de que se levantara el telón, todo cambió. Hasta los gestos. Y, él brillo por la ausencia. El presidente de la Corte hizo mutis por el foro y se fue sin decir palabras. Sus voceros tampoco supieron qué decir. Un cortocircuito inesperado entre los dos hombres de la Junta habría sido la razón principal. Pero también dejó al descubierto lo que fueron estos días electorales, durante los cuales, a pesar de los esfuerzos, la Junta nunca estuvo junta. Primero se fue Edmundo Jiménez, quien no soportó los embates sobre su ecuanimidad. Luego, la incapacidad de aceptar los roles que les toca al resto de los integrantes de la junta: Washington Navarro Dávila y Estela Giffoniello.

Campaña exagerada

La semana pasada se ha ido para siempre. Se fue a esa gran velocidad con la que se circulan los acontecimientos. Se llevó el 9 de Julio, que desnudó el desangelado federalismo en que vivimos. Entregó los diplomas del poder a quienes lo administrarán por los próximos años. También desnudó el desinterés que tuvieron los políticos tucumanos por solucionar los problemas del transporte, hasta el punto de que la crisis les estalló en la cara.

La semana tuvo mucho más de lo que se vio. Por eso la crisis que afronta la Corte Suprema por las tensiones entre sus integrantes, y con los integrantes de los ministerios públicos de la acusación y de la defensa van a dar que hablar más adelante, máxime en un año donde se renuevan las autoridades.

Por último, la semana dejó en claro los dos planos en los que se dirimen los comicios nacionales que están a punto de empezar con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hay un plano provincial donde la obsesión es conseguir el 1,5% del padrón electoral, que es el pase mágico a octubre. Pero también está el otro plano, que es la ilusión de administrar el poder nacional, tarea en la que el más entusiasta parece ser el gobernador. Juan Manzur se sube al avión de la provincia y anda deambulando por el país haciendo proselitismo y campaña como si fuera un mandato que le han dado los tucumanos. Los mismos que no ven la solución de problemas básicos en medio de ese uso errático del tiempo y de los dineros provinciales.

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