Por Gustavo Rodríguez
28 Junio 2019
EJEMPLO. Los acusados del crimen de Núñez Barrionuevo quedaron libres.
Acusados de abusos sexuales, homicidios y robos agravados podrían volver a ser detenidos por un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Unos 92 detenidos por haber cometido esos delitos recuperaron la libertad a partir de octubre pasado después de que la Cámara de Apelaciones comenzara a declarar nulas las prisiones preventivas que les habían dictado en su contra, pero el máximo tribunal revocó la resolución y dejó abierta la puerta para que los fiscales soliciten nuevamente que sean arrestados.
Héctor Exequiel Ramallo y María Beatriz Bazán fueron acusados de asaltar y lesionar a una mujer. El fiscal Ernesto Salas López los procesó y consiguió que un juez de instrucción les dictara la prisión preventiva durante un año.
Los defensores de los acusados apelaron el fallo y Enrique Pedicone, vocal de ese tribunal, les dio la razón y declaró nulo el acto por el que fueron privados de su libertad. Envió nuevamente el expediente a los juzgados para que les otorgaran la libertad, previo a que cumplieran con algunas condiciones, como fijar caución real y estar obligados a presentarse en Tribunales por lo menos una vez al mes. Los imputados por robo agravado esperan ser enjuiciados por este hecho.
A partir de ese momento, Pedicone resolvió de la misma manera, casi 100 planteos realizados por defensores. En ese listado figuraban acusados de abusos sexuales y homicidios, pero en su gran mayoría eran detenidos por robos, especialmente arrebatos. El Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Alejandro Noguera, decidió recurrir a la Corte para que resolviera el asunto, ya que consideraba que las resoluciones del magistrado no se ajustaban a derecho.
Fundamentos
“Conocidos son los precedentes de este vocal sobre la inconstitucionalidad del método, en la aplicación de la cautelar privativa de la libertad que mutila a las partes a la audiencia o, al menos, vista del requerimiento de prisión preventiva”, razonó el magistrado en el fallo que analizó la Corte.
“Existe un procedimiento secreto entre el fiscal y el juez sin conocimiento de la defensa sobre las razones por las que se priva de libertad ambulatoria a su defendido, lo que cincela su inutilidad”, destacó Pedicone.
Además, el vocal de la Cámara, al argumentar el fallo, argumentó: “la fiscalía no brinda ningún elemento sólido que demuestre su hipótesis de peligro procesal en contra del imputado, sino que expresa una serie de manifestaciones vagas, imprecisas y genéricas que de ninguna manera constituyen una fundamentación razonable”. Pedicone también basaba su fallo argumentando que las víctimas también se mantenían fuera del proceso.
El fiscal Noguera, en cambio, señaló que el juez incumplió en la aplicación del derecho sustantivo y adjetivo produciéndose una gravedad institucional. “El vocal Pedicone se arrogó facultades legislativas que no son propias. Más grave aún pretende la aplicación del sistema Adversarial lisa y llanamente, cuando la implementación debería ser paulatina, según la ley vigente”, razonó.
“El imputado, en el primer período de su privación de libertad, según el actual código procesal, tiene posibilidades de ofrecer pruebas y peticionar la libertad con numerosas alternativas. Luego si se le requiere la prisión preventiva, puede oponerse solicitando al juzgado correspondiente nuevamente la libertad”, explicó.
Sobre el planteo por las víctimas destacó: “pueden conocer toda la situación y hasta puede asumir el rol de querellante para acompañar y tener una activa participación en el proceso”.
La resolución
El vocal de la Corte Daniel Leiva, que actuó como preopinante, rechazó cada uno de los argumentos que había esgrimido Pedicone para declarar nulas las prisiones preventivas. En primer lugar el vocal sostuvo que se encuentra en vigencia el sistema acusatorio y que su utilización no pone en riesgo la defensa de los imputados.
“En su afán de enfatizar su posicionamiento a favor de los principios que imperan en el sistema adversarial, la solución de nulidad dispuesta no aparece sustentada en una valoración del texto legal aplicable”, sentenció.
El magistrado, en la resolución agregó: “no logra advertirse que el sistema acusatorio vigente quebrante una garantía constitucional que habilite a una medida drástica, excepcional y grave como la nulidad, la cual constituye la última ratio de las soluciones jurisdiccionales y resulte aplicable sólo cuando el acto lescivo produzca un menoscabo definitivo e irremediable por otras vías procesales”.
Los vocales Daniel Posse y Antonio Estofán coincidieron con su par y decidieron revocar la resolución de Pedicone y ordenaron además remitir el expediente a la Cámara de Apelaciones para que, con nuevos jueces (apartó a Pedicone de estas causas) para que emitan un nuevo fallo.
Problemas
El fallo de la Corte generó revuelo en Tribunales. Fuentes confirmaron que el ministro fiscal Edmundo Jiménez solicitó a los fiscales que consulten los expedientes en los que los imputados se les otorgó la libertad para definir cuáles serán los pasos que seguirán.
En caso de que no se les haya vencido el plazo de prisión preventiva, podrían solicitar nuevamente su detención. No podrán cumplir con este trámite si es que el fiscal ya elevó la causa a juicio; la decisión será del juez de instrucción si pide o no que arresten a los acusados. Y si el magistrado aceptó el planteo y el expediente se encuentra en una sala, la decisión de su captura quedará en manos de los camaristas.
El jefe de Policía, Manuel Bernachi, reconoció que están expectantes a la resoluciones que tomen desde la Justicia. “Vamos a cumplir con sus órdenes, pero no será una tarea sencilla porque, con seguridad, ellos estarán alerta a lo que esté por suceder porque, entre otros requisitos, deben presentarse a firmar en Tribunales”, concluyó.
El paso a paso del fallo
1- Fiscales, después de analizar los casos, les dictan la prisión preventiva a varios imputados por robos agravados, abusos sexuales y homicidios. Sus defensores apelan los fallos.
2- Enrique Pedicone, juez de la Cámara de Apelaciones, dictó la nulidad de las prisiones preventivas al considerar que el imputado ni la víctima sabían de la resolución.
3- El fiscal de Cámara Alejandro Noguera decidió apelar los fallos. En total, según confirmaron fuentes judiciales, realizó unos 93 planteos para que analizara la Corte Suprema de Justicia.
4- Los miembros del máximo tribunal le dan la razón al fiscal al considerar que el juez estaba utilizando principios del sistema adversarial cuando en realidad aún está en vigencia el acusatorio.
5- Ahora en la Justicia deberán analizar si a los imputados que fueron liberados se les venció el plazo de la prisión preventiva. Si está vigente, deberán solicitar su detención.
Algunos de los casos
Acusado de femicidio pasea por Monteros
Gisell Núñez Barrionuevo tenía 17 años cuando fue asesinada en Monteros. La chica, que tenía serios problemas de adicción, habría sido retenida ilegalmente por su pareja, un supuesto transa de esa ciudad. La Justicia imputó por el crimen a Luis Cristian “Pony” Danún (40 años) y su pareja Teresita del Milagro “Tere” Raso y les dictó la prisión preventiva. A los meses fueron liberados, pero ella volvió a ser atrapada por no haberse presentado a firmar en el juzgado, tal como le habían ordenado. Los familiares de la joven denunciaron que el principal sospechoso se burla de ellos cuando pasea con su cuatriciclo por esa localidad.
Lo filmó su hijo cometiendo un abuso
La Justicia pidió que un hombre acusado de abusar de su hija discapacitada permanezca encerrado hasta que se realice el juicio. La prueba más fuerte fue aportada por el hermano de la víctima: lo filmó concretando el ataque sexual. Pese a ello, la Cámara de Apelaciones resolvió que quedara libre. Los familiares de la menor fueron tentados para que iniciaran un juicio político en contra del camarista Enrique Pedicone, pero la iniciativa nunca prosperó.
El polémico crimen de un reo en Villa Urquiza
Por el crimen de Sebastián Medina, el preso que denunció a guardiacárceles porque lo obligaban a vender drogas en el penal de Villa Urquiza, la fiscala Adriana Giannoni consiguió que se acusara del crimen a Alejandro “Pichi” Mendoza; de incumplimiento a los deberes de funcionario público al ex director de Instituto Penales, Guillermo Snaider, y como partícipes necesarios del homicidio a los guardiacárceles Luis Cisterna y Walter Patto. A los dos últimos se les dictó la prisión preventiva, pero después fue revocada por la Cámara de Apelaciones, luego de haber estado detenidos poco más de seis meses.
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