El viento nunca viene de cola para las reformas electorales

Domingo 9 de junio, en Tucumán se vota. El viento abre una ventana mal cerrada del aula. Desparramo de boletas. Las sonrisas de los candidatos impresos en los votos vuelan por los aires. Desesperación en las autoridades y los fiscales de mesa que se agarran la cabeza. Imagínelo. Si ingresar al cuarto oscuro y ver semejante oferta electoral sobre los pupitres -más de 50 listas en algunas ciudades- ya era surrealista, es fácil pensar en las reacciones ante esa desastrosa escena con cientos de papeletas esparcidas y acopladas a la fuerza en el piso. Alguno habrá insultado la insolencia antidemocrática del ventarrón; puede que otro haya reflexionado sobre los que maquinaron tan complicado sistema electoral, que posibilitó que se inundaran las aulas de boletas y que se confunda al votante con miles de candidatos.

No es malo el exceso de postulantes; cuanto más interesados en la vida pública, mejor, aunque en el fondo este mecanismo dañe cuantitativamente la representatividad de los que alcanzan una banca legislativa. Es que en la capital, según los datos provisorios, se llega por ahora con 7.900 votos a la Legislatura (Gerónimo Vargas Aignasse-Nuevo Espacio Popular), mientras que en el Oeste no bastarían11.400 adhesiones para cantar victoria (Stella Maris Córdoba-Proyecto Popular), y en el Este se puede poner el traje de legislador una persona con 11.600 votos (Carlos Gómez-Partido de la Justicia y la Victoria). Será hasta que el escrutinio definitivo diga la última palabra. Una reforma política se impone.

A la inversa de los que se postulan y aludiendo a los que votan, vale recordar que el 53% de los empadronados no pudo tener un representante en la Cámara en 2015. Sí, ganó la minoría, irónico. La masiva cantidad de partidos existentes -algunos en vida institucional vegetativa hasta que se acercan los comicios- y el esquema de acoples vinieron a embarrar la cancha, a incomodar a los ciudadanos y a permitir aquellas y otras rarezas numéricas, como veremos. Se repetirá aquella situación con los comicios del 9, porque miles de tucumanos no verán a sus candidatos ocupando bancas. Las cifras muestran que se daña la representatividad, un concepto fundamental en democracia, especialmente cuando se trata de los elegidos del pueblo. Obvio que no todos los votantes pueden tener al suyo en la Cámara, menos con el sistema de colectoras; lo llamativo es el número de los que respaldan a los que no llegan.

Vaya un dato que raya con conceptos caros a la política, aunque extremistas: lealtad y traición. Es que de los más de 70 partidos que participaron en la elección provincial, por lo menos 40 -¡más de la mitad!- no reunieron en votos ni siquiera la cantidad mínima de afiliados que se le exige a una organización política para ser reconocida como tal: el cuatro por 1.000 del total de empadronados; que en Tucumán es de 4.800 personas. O sea que ni sus simpatizantes les fueron leales en las urnas, o bien eligieron otras opciones. ¡Traidores! Esto último dicho en tono de broma, claro; aunque matemáticamente cierto.

Curiosidades significativas que abren las puertas a una reforma electoral seria. ¿Cómo? ¿Cuándo? Respuestas posibles: a través de cambiar un par de leyes o la Constitución; y cuando el peronismo descubra un sistema alternativo que le convenga, como los sublemas de los noventa o el ahora vigente acople. Esto ocurre porque el peronismo parece temerle a su propia interna, a la disputa partidaria entre sus dirigentes territoriales. No creerán que se cumpla la regla del que pierda dentro del PJ después acompañe en la general. Le resulta más cómodo que la ciudadanía en general ordene su oferta directamente en la elección provincial. Evita la competencia directa entre compañeros, y prefiere dar una pelea de todos los peronistas contra el resto.

Consigue que los independientes digan quiénes son los “mejores” peronistas para ocupar un cargo público y no los afiliados justicialistas. Una suerte de PASO definitiva. Una jugada electoral y política brillante en función de los últimos resultados, aunque opaca y debilita la vida partidaria. Referencia: Julio Miranda fue el último dirigente peronista que primero fue presidente del PJ -surgido de internas- y que luego se convirtió en gobernador. Esa ecuación política se invirtió después. El ordenador interno del PJ del peronismo son los ajenos que votan por sus candidatos. El verticalismo, esa cualidad distintiva del justicialismo que enorgullece a los compañeros, le resulta casi impuesto.

Tal vez sea el síntoma más visible en Tucumán que los partidos han perdido su razón de ser, que han sido debilitados en su misión. Porque no sólo el PJ saltea las internas; ningún otro las hizo tampoco. La UCR, por ejemplo, ni siquiera participó de los comicios generales, quedó afuera. Le escapó a la contienda interna; no dejó opinar a sus afiliados. Las apetencias personales y el individualismo político de la dirigencia han desnaturalizado estas organizaciones. Una reforma electoral debería fortalecerlas y convertirlas en “instituciones fundamentales del sistema democrático”, tal como reza la Constitución nacional en su artículo 38. Se culpa al sistema de acople de la enloquecedora oferta electoral y se menciona su eliminación como salida, cuando es la cantidad exorbitante de partidos existentes lo que genera tamaño desborde. No es el acople, son los partidos. Para justificar esta afirmación baste señalar que puede desparecer el acople de la Constitución, pero la existencia -por ahora- de 102 partidos provinciales puede provocar la misma oferta electoral que hace dos semanas en una nueva votación.

Eliminar partidos de cuajo, como ocurrió con los municipales y comunales, es lo menos aconsejable. En cambio, se podrían fijar nuevos requisitos para su constitución y funcionamiento. Es evidente que armar un partido en Tucumán es más que fácil. Cada dirigente viene con uno bajo el brazo, hasta hay un referente del sur que maneja cinco. Acordarse de los apoderados múltiples. ¡Antes de aquella eliminación pintaba para que hubiese más de 1.000 organizaciones! Que haya un centenar también demuestra lo sencillo que es poseer una estructura partidaria. Es revelador, por ejemplo, que haya dirigentes electos por una treintena de diferentes partidos y que luego confluyen en un bloque oficialista, y peronista. No hay cientos de ideologías en pugna, sino decenas de estructuras en oferta y listas para ser usadas por los “sin partido”. Ejemplo: el del autodenominado “acople radical”, de Eudoro Aráoz y de José Luis Avignone. Debieron salir a buscar partido porque la UCR no compitió debido a su crisis interna. Lo llamativo es que salieron por el “Movimiento Republicano”, el partido creado en 2011 por Luis José Bussi.

Una medida para reducir la cifra de organizaciones puede ser la de retocar la ley provincial 5.454 (Orgánica de Partidos Políticos) por el lado de las condiciones exigidas para constituir una fuerza política, ya sea avanzando sobre la cantidad de afiliados que se les pide para obtener el reconocimiento jurídico. Actualmente, ese número es del cuatro por mil del total de electores (1,2 millón): 4.800. Es un valor impuesto de manera arbitraria, sin una justificación racional, por lo que tranquilamente se podría duplicar, para que sea del ocho por 1.000: 9.600. El endurecimiento de los requisitos es un posible camino. Recuérdese que a 40 de los partidos que presentaron listas de candidatos a legisladores -según los datos provisorios, claro- no los votaron ni sus afiliados. Entonces, ¿para qué están? O bien, ¿dónde están sus afiliados?

Para sostener que el problema no es el acople sino el número de partidos, baste señalar, tal cual lo dijimos en esta columna el 9 de junio, que si la exigencia para funcionar como partido hubiese sido la de contar con 9.600 afiliados, sólo tres fuerzas habrían podido participar de una elección provincial: el PJ, la UCR y Fuerza Republicana. En tal caso, no sería necesario ni tocar la Constitución para eliminar el acople. Sería letra muerta. Inaplicable.

Atacar la 5.454 pinta como lo más sencillo. Sin embargo, sería ir contra el viento alterar el “negocio partidario”, ya que sus beneficiarios -los que ingresarán a la Legislatura- son los que justamente deberían hacer las propuestas para reducir la cifra de partidos. ¡Harían desaparecer a las organizaciones que los podrían haber encumbrado! Si se quieren nuevas reglas electorales para dentro de cuatro años hay que empezar a elucubrarlas ahora. Por el momento, en esta transición, lo único que se hizo en materia de posible modificación electoral fue renegar del acople y negar una reforma constitucional para facilitar la reelección indefinida. Nada más.

Con sólo exigirles a los partidos que tengan un mínimo de afiliados correspondientes al ocho por 1.000 (9.600), o diez por 1.000 (12.000) del padrón, se producirían grandes cambios. Se alteraría la grilla de los existentes y obligaría a un trabajo más serio y responsable de la dirigencia. Con ese número, por ejemplo, toda la izquierda podría quedar afuera, si se atienen a los resultados provisorios obtenidos para gobernador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (8.703 votos), del Movimiento Socialista de los Trabajadores (2.032) y del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (1.284).

La Junta Electoral Provincial, además, tendría que jugar un rol de contralor fundamental, porque debería verificar que se cumpla con el requisito de afiliación anualmente, como en teoría lo hace la Cámara Nacional Electoral durante los meses de febrero de cada año. Eso sería clave. Pero la dirigencia siempre saca un as de la manga para seguir manteniendo los partidos: fijarse, por ejemplo, en la ley 8.703 del 1 de septiembre 2014. Se presentó, se sancionó y se promulgó en sólo tres días. Antes de esa norma era causal de caducidad de la personería jurídica no alcanzar en votos el 3% del padrón electoral en tres elecciones sucesivas. De no haber sido modificada, tras los comicios de 2015 debería haber quedado un tendal de estructuras afuera, ya que de 65 organizaciones que compitieron en tres secciones electorales sólo 15 superaron ese 3%. Precisamente un año antes sea alteró la ley: en vez de tres, pasaron a ser cinco las elecciones sucesivas. Se estiró la vigencia de las raquíticas organizaciones en votos hasta 2023.

Es decir, la voluntad política va por el otorgamiento de facilidades para los partidos más que por impulsar reformas que favorezcan la transparencia, la representatividad y la fortaleza de estas estructuras. Es difícil pensar que se vaya a atacar el corazón de un sistema que beneficia los intereses personales, pero que complica la vida de la ciudadanía, por lo menos el día de la votación. Para este tipo de reformas, las electorales, el viento nunca viene de cola. Y si viene un soplo, siempre aparecen los frenos. O bien habrá que esperar que algún genio pergeñe un nuevo sistema electoral que no horade el poder territorial del peronismo.