¿Cuánta gente consume drogas?

Por el país circulan 528.606 kilos de droga cada año, dice el Gobierno nacional. Se secuestra poco más de la mitad, 268.126 kg, y el resto circula. Una parte es enviada a otros mercados y otra es consumida en el territorio. Según un sondeo de 2017 de la Subsecretaría nacional de Lucha contra el Narcotráfico, un 5,4% de la población de entre 12 y 65 años ha consumido al menos una vez al mes marihuana (1.027.729 personas) y el 0,7% probó cocaína (132.351 personas). Las cifras surgen de entrecruzamientos estadísticos realizados entre datos de decomiso de drogas aportados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y estudios tanto de la subsecretaría antinarcóticos como de la Sedronar, sobre estimaciones de consumo. Según publicó el diario La Nación el 16/6, el Gobierno dio a conocer las cifras para mostrar los resultados de la política de lucha frontal contra el narcotráfico encarada desde 2015, que ha tenido cifras récord de incautaciones de drogas.

Sin embargo, los mismos estudios, tanto de la Sedronar como el informe Cicad-OEA presentado en mayo en Buenos Aires, señalan que Argentina se posiciona en los índices más altos de consumo de alcohol y cocaína en América (La Nación, 9/6). La explicación oficial es que ahora se están viendo los resultados de años de inacción durante el kirchnerismo, en los cuales –dicen los funcionarios actuales- no sólo no se combatió las drogas sino que se promovió una falsa percepción del riesgo, que –dicen- ha contribuido a la difusión de la permisividad con la marihuana. “La disponibilidad de drogas en las calles durante el kirchnerismo fue superior a la que se encuentra ahora. Ellos impulsaron toda una cultura de la ilegalidad, de la marginalidad con una lógica política, que era la construcción de la sociedad que querían. Esa situación y la absoluta falta de controles generaron un aumento exponencial del consumo de drogas, que hoy se está revirtiendo”, dijo la ministra Patricia Bullrich. Con esta lógica, la bondad de la política de guerra frontal se va a ver dentro de un tiempo, tal vez en el próximo informe (¿en 2020?), cuando debería haber una baja en algún sentido. Ya sea en la oferta –por falta de drogas en el mercado- o bien en la demanda/consumo. Pero no está claro que la política de guerra frontal esté provocando eso: hasta ahora lo que se denuncia es aumento de consumo.

Seriedad puesta en duda

El entrecruzamiento del Gobierno ha resultado imaginativo y ha sido presentado como un trabajo serio, a partir del cual podrían trazarse políticas contra el narcotráfico. Pero surgen dudas. ¿Es realmente serio? En enero, las mismas autoridades difundieron -según la agencia Telam- cifras sensiblemente menores sobre la incautación de drogas en 2018: 184.791 kg de marihuana y 8.522 kg de cocaína (LA GACETA, 29/1). Lo de ahora parece, notoriamente, una impactante puesta en escena, ya que es extraordinario que se secuestre el 50,7% de la droga que, se estima, circula, siendo que en EEUU, según el mismo informe publicado en La Nación, se secuestra sólo el 20% del circulante. “No me atrevería a estimar cifras así”, dice el fiscal federal Pablo Camuña. “Yo siempre digo que nosotros tenemos una visión de pantallazos de lo que sucede en la realidad”, agrega. Por su parte, el camarista federal Ricardo Sanjuán es escéptico ante las cifras del Gobierno: “yo digo que han aumentado los secuestros y el consumo. Y creo que lo que hay que preguntarse es ¿por qué se consume más?”. Sanjuán aporta sus propias cifras: describe que en 2013 hubo 619 causas en la Justicia Federal de Tucumán y en 2018 fueron 1.579. “Además, una gran parte de la droga queda en Tucumán, que además del aumento de la marginalidad ha tenido la expansión de los quioscos de narcomenudeo en los barrios vulnerables: lo que yo llamo PyMEs de la droga”, añade. Sanjuán asegura que en Tucumán se nota un mercado de consumo, a diferencia de Catamarca y Santiago del Estero, donde las causas son en su mayoría por transporte y comercialización.

Pero cifras generales sobre Tucumán, como las que dio el Gobierno nacional, no hay. La Provincia, que hace un año creó una Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y expandió a dos lugares del interior la Didrop, la oficina policial antinarcóticos, sólo tiene estimaciones. “Tucumán está en una situación que todavía se puede controlar; no es Rosario”, dijo Juan Carlos Driollet, secretario de Lucha contra el Narcotráfico en julio de 2018, y hace dos meses explicó que se estaban “intensificando” los operativos. “Lo que más nos pide la gente es que acabemos con la venta de drogas en los barrios”; “No sólo estamos trabajando en causas importantes, sino que además atacamos a los vendedores que comercializan la sustancia en pequeñas cantidades”. Su oficina, que es medianamente de estudio y coordinación, tiene tres pasantes para las tareas, una de las cuales debería ser encarar los entrecruzamientos de datos que se permite hacer el Gobierno nacional.

Por cierto, ¿a partir de qué datos provinciales hace el Gobierno nacional ese entrecruzamiento? Los informes que el Gobierno de la provincia aporta cada cuatro meses a la comisión de emergencia en seguridad en la Legislatura sólo mencionan operativos y hechos puntuales. No hay cifras como para hacer cruces entre operativos y consumo. El narcotráfico, para la provincia, es tema federal y desde hace cuatro años el narcomenudeo está en un limbo. La ministra nacional Bullrich, que vino hace 20 días, dijo que es uno de los problemas centrales –el otro es el motoarrebato- y criticó a la Provincia por no encararlo. Nadie la refutó aunque estaba claro que su visita era proselitista: ese día hizo un paseo con policías federales y gendarmes y por dos barrios y se volvió a Buenos Aires.

Trabajo “a ojo”

Y por esa falta de cifras, no se ha constituido tampoco un propuesto observatorio de adicciones, que permitiría avanzar hacia ideas sobre el otro extremo del problema del narcotráfico, que es la demanda: ¿cuánta gente consume drogas? El Gobierno nacional acaba de ofrecer cantidades de consumidores a nivel país. ¿Y en Tucumán? ¿Alguien puede estimarlos? Hace un año se dijo que en la provincia había 220 villas vulnerables. Si arbitrariamente se considera que en esas barriadas está gran parte de la población en riesgo, ¿cuántos son? Emilio Mustafá, psicólogo que trabaja con jóvenes adictos en cinco barrios vulnerables, dice que no hay cifras. En la Costanera, por ejemplo, están trabajando con 16 jóvenes, “más las madres que ayudan a hacer el comedor de noche para chicos en consumo. Tratamos de hacer un vínculo con ellos”. Dice que en La Costanera viven unas 9.000 personas y hay entre 3.000 y 4.000 niños y jóvenes, de los cuales un 45% está en riesgo. ¿Se puede extrapolar eso a las 220 villas de la provincia? “Habría que pensar además en las villas de Concepción, Aguilares y la periferia de Tafí Viejo –dice-. Ese es el problema de la falta de estadísticas. Sin ellas, lo que falta es un diagnóstico de situación más profundo; si no, siempre trabajamos con datos a ojo”.

En consecuencia, tampoco se sabe qué va a hacer el gobierno provincial con el centro de tratamiento Cepla que está a punto de inaugurar en La Costanera, que ha sido anunciado como de uso múltiple. Si hay 1.500 chicos en riesgo en el vecindario, ¿se atenderá a todos? ¿Y en los otros cinco Ceplas levantados en el último tiempo en otros barrios?

Este psicólogo ha descripto cómo funcionan las “PyMEs” que menciona el camarista Sanjuán: ”Hoy una dosis de paco vale 25 pesos –dice Mustafá-; un adicto a la pasta base consume de 40 a 60 dosis por día. Es por eso que muchos chicos salen a robar. Creció mucho el transa que es como una casa de empeños: les acepta todo. El adicto le lleva una gallina y le acepta. Los ‘soldaditos’ están para conseguirle cosas, robar o para mantenerlo”.

Sanjuán dice que los funcionarios no se preguntan cómo empiezan las causas. “Investigación no hay; hay captura de drogas y detenciones, pero no se preguntan por qué se consume más”, explica. Mustafá opina que “hay un discurso de militarización pero no se ataca la raíz, la logística económica que requiere el narcotráfico”. Agrega que, por el lado de los organismos de adicciones, además de que no hay diagnóstico, apenas se hacen unas pocas tareas de prevención. “Falta la planificación en política de salud, que englobe la asistencia y la reinserción”.

Acaso el Cepla de La Costanera vaya a ser el comienzo de un cambio en la mirada del problema de la demanda, que es el lado ignorado por los funcionarios federales, mucho más desde que se ha desjerarquizado el Ministerio de Salud nacional al achicarlo a Secretaría, con lo que, se supone, hubo una reducción presupuestaria y de programas de trabajo. Si se llegara a conocer la demanda, podría entenderse la oferta, que parece crecer y crecer, a pesar de los operativos y de los entrecruzamientos de cifras lanzadas al azar.