Involucran a una funcionaria de la cárcel en el ingreso de pastillas en el penal de Concepción

Una magistrada de Concepción pidió que se investigue a la subsecretaria de Servicios Penitenciarios, Carina Assad, en una causa.

13 Jun 2019 Por Gustavo Rodríguez

Los indicios sobre el tráfico de drogas en el sistema carcelario de la provincia comenzaron a surgir hace casi dos años. Las sospechas sobre la supuesta participación del personal de la Dirección de Institutos Penales siempre estuvieron presentes. Pero ahora se conoció la denuncia realizada por una jueza en la que involucra a la máxima autoridad del Servicio Penitenciario de la provincia y que ya había sido señalada por varios reos como responsable de haber ordenado golpizas contra ellos por haberse negado a vender sustancias.

Un día después de que se confirmara la investigación por la muerte de Jesús Farías (el recluso que denunció la venta de drogas en la unidad carcelaria), se confirmó que en la Justicia Federal se había abierto una causa por el ingreso de pastillas a la prisión. Esta no era una presentación más. No la había realizado un abogado, ni un recluso, sino un alto funcionario judicial.

CUESTIONADA. La ingeniera Carina Assad aparece en varias causas. la gaceta / foto de Osvaldo Ripoll (archivo)

Según la denuncia, a la que LA GACETA tuvo acceso, la jueza de Ejecución y Sentencias Alicia Merched recibió una llamada el sábado 6 de octubre de 2018. Un informante le avisó que había ingresado una importante cantidad de pastillas al penal de Concepción y que reos se encontraban contándolas en la carpintería de la prisión.

La magistrada intentó comunicarse con Claudio González (director del penal de Concepción), Néstor Juárez (ex director de Institutos Penales) y Carina Assad (subsecretaria de Servicio Penitenciario), pero ninguno le respondió. Siguió insistiendo y logró comunicarse con el ministro de Seguridad, Claudio Maley, quien sí la atendió y tomó cartas en el asunto.

Al poco tiempo, el funcionario le avisó a Merched que la información que le habían dado era correcta y que personal penitenciario se presentó en ese lugar donde encontró a tres internos con casi 5.000 dosis de psicofármacos. Hasta ahí se trataba de un caso más de tráfico en el penal, pero con el correr de los días se fueron descubriendo elementos que le permitieron sospechar a la jueza que en el caso estaba involucrado el personal del penal.

La magistrada, según consta en el documento, se entrevistó con los dos reos que fueron descubiertos con la droga en su poder. Le dijeron que no tenían nada que ver en el tráfico de sustancias y que fueron llevados hasta la carpintería por orden de un oficial de apellido Zelaya. Le habrían dicho además que no conocían al otro reo que estaba con ellos.

A Merched le pareció extraño que la carpintería haya estado abierta un sábado. Se comunicó entonces con el interventor del Departamento de Producción, Carlos Arnau, para que le diera mayores precisiones. El funcionario le explicó que efectivamente los talleres permanecen cerrados los fines de semana porque no cuentan con los guardias necesarios para realizar esas actividades. Habló entonces con el encargado del penal de Concepción para determinar quién habría dado la orden de que se abriera ese centro de producción. Luis Remis le informó que Assad había solicitado la llave.

La jueza de Concepción se entrevistó entonces con la funcionaria. Esta le habría confirmado la versión y le aclaró que lo hizo para que los internos fabricaran una puerta que necesitaban de urgencia para un consultorio, pero que nada tenía que ver con el tráfico de drogas. Siempre según lo que figura en la denuncia que realizó, había planteado la posibilidad de que las pastillas hayan ingresado al penal al voleo desde el exterior, de acuerdo a los datos que figuran en la denuncia.

Al reunir toda la información, Merched, tal como lo establecen las leyes, realizó el 11 de octubre una denuncia ante el fiscal federal Carlos Brito para que investigara el hecho. Fuentes judiciales confirmaron la recepción, pero se negaron a dar mayores precisiones sobre el tema, puesto que la causa está en etapa de investigación.

Pese a que se inició la causa judicial, en el Ministerio de Seguridad no se habría realizado ninguna investigación sumaria para determinar si tuvo algún tipo de responsabilidad el personal de Institutos Penales. La única novedad que surgió desde esa área es que el informante de la jueza, el que alertó de la irregularidad, fue trasladado del penal de Concepción.

Coincidencias

No es la primera vez que el nombre de Assad aparece en las investigaciones que se desarrollan en la Justicia Federal por el tráfico de droga y en la justicia ordinaria por los apremios ilegales que vienen denunciando los internos.

Los nombres de Gonzalo Giri y Atanacio Ledesma se hicieron conocidos luego de que denunciaran haber sido torturados por informar que habían sido víctimas de torturas por haberse negado a vender las drogas que, dijeron, les daban los guardiacárceles. La subsecretaria de Servicios Penitenciarios tuvo una serie de entredichos (vía oficios e informes) con el juez federal Daniel Bejas y con el fiscal federal Pablo Camuña porque no podía brindarles protección como se lo habían solicitado.

En mayo, después de que ambos presos ampliaran su declaración en la causa de tráfico de drogas en el penal, volvieron a ser castigados físicamente en Villa Urquiza. Ambos reclusos denunciaron que Assad estaba al frente de los guardias que los golpearon el sábado 18 de mayo. Los presos fueron trasladados de la cárcel y esperan ser admitidos en el Programa Nacional de Testigos.

Otras situaciones

Ayer la magistrada se presentó ante varios miembros de la Corte Suprema de Justicia. Según fuentes cercanas al máximo tribunal, en el encuentro se mencionaron otras situaciones que habría protagonizado la funcionaria.

Assad, según confiaron fuentes judiciales, fue denunciada por los reclusos por realizar personalmente requisas en los diferentes penales. “No puede realizar ese tipo de tarea porque no cuenta con estado carcelario. Si lo hizo, está violando normas”, dijo una fuente.

También trascendió que Merched envió pedidos de informes al Ministerio de Seguridad y al de Desarrollo Social porque la funcionaria impedía el ingreso de una técnica en adicciones que realizaba charlas de autoayuda y talleres para reclusos con problemas. Hasta el momento no recibió ninguna respuesta sobre el porqué de esta medida.

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