Por Gustavo Rodríguez
12 Junio 2019
JESÚS FARÍAS TENÍA 24 AÑOS. Cumplía una condena de 9 años por robo agravado y lesiones graves. Cumplió condena en Villa Urquiza y en el penal del sur.
Otra vez la muerte de un recluso que denunció la venta de drogas dentro de la cárcel movilizó a la Justicia. Las voces de los familiares del reo se unieron para denunciar graves irregularidades.
Otra vez personal de la Dirección de Institutos Penales quedó en el centro de las sospechas. En particular, los hombres del penal de Concepción, que hasta el momento no habían sido mencionados en las investigaciones por el tráfico de estupefacientes.
Ahora, ya son tres los presos que murieron en circunstancias poco claras, en menos de dos años, por hechos vinculados al tráfico de drogas en instituciones carcelarias.
Jesús Farías tenía 24 años. Cumplía una condena de nueve años por robo agravado y lesiones graves. Los últimos seis años de su vida los pasó en diferentes calabozos de Villa Urquiza y de la unidad del sur de la provincia. Él mismo había solicitado iniciar un tratamiento para acabar con su adicción a la droga, ya que le quedaba poco tiempo para poder salir en libertad y rehacer su vida con su mujer, según dicen sus familiares. Pero nada de eso ocurrió. El jueves por la tarde fue encontrado sin vida en su celda. El informe oficial señaló que se habría ahorcado y que sufría de un cuadro de profunda depresión. Sus compañeros de encierro, por el momento, no aportaron datos acerca de cómo se quitó la vida.
Sus familiares, en cambio, desmintieron esa versión. “El miércoles a la mañana estuve con él. Era día de visita. Estaba bien, contento. Mientras tomábamos mates, insistía que quería salir para formar familia con el amor de toda su vida. La chica se alejó de él cuando quedó detenido, tuvo una hija con otro hombre, pero después se volvieron a unir. Estaba feliz. Y al otro día, por un allegado que lo vio entrar al hospital, nos enteramos de que algo malo había pasado. Nadie nos dijo nada”, explicó Paola Natalia Romay, madre del reo.
La mujer lloró durante la entrevista con LA GACETA. Reconoció que la vida de su hijo se había transformado en un infierno por culpa de las drogas. “Esa basura lo llevó a la cárcel. Pensábamos que con el encierro cambiaría, pero no fue así. En la prisión venden drogas sus compañeros y hasta los guardias. ¿Cómo podría curarse?”, dijo Romay. Suspiró por dos segundos y agregó: “él nos contó que tenía problemas porque se negaba a vender droga para los guardias; se sentía amenazado y con mucho miedo”.
La madre del reo fallecido contó que ella sabía que su hijo compraba droga y que, a veces, obligado por los guardias, también vendía. “Le decíamos que no hiciera eso, que debía tener una buena conducta, pero siempre nos contestaba lo mismo: ‘ustedes no saben lo que es estar aquí adentro. Podés tener muchos problemas y nadie te salva’”, relató.
Misteriosa sanción
Dos días antes de que apareciera muerto en su calabozo, Frías había recibido una buena noticia. Al reo le habían aplicado una sanción por una pelea que habría protagonizada. Pero, en una audiencia que fue encabezada por la jueza de Ejecución de Sentencia Alicia Merched, quedó demostrado que en realidad había sido víctima de un ataque perpetrado por compañeros de encierro. En aquella oportunidad, según consta en el expediente, el joven había recibido al menos dos puntazos en distintas partes de su cuerpo.
“Fue todo muy extraño. Jesús nos había dicho que había recibido esa herida porque el compañero de celda lo había atacado. Sin embargo, con su muerte, el defensor oficial nos contó cómo había sido el incidente. Dijo que entre tres y cuatro reclusos lo tiraron, lo taparon con una colcha y después lo apuñalaron. Creemos que lo mandaron a matar porque estaba denunciando a los guardias”, explicó Romay.
La jueza Merched le confirmó a LA GACETA que Farías venía denunciando el negocio ilícito desde hace varios meses y que la última ocasión fue el 30 de mayo. “Por eso intervine en la sanción que le impusieron. Fue totalmente injusta y arbitraria, como normalmente sucede en muchos casos”, explicó.
En las investigaciones que se desarrollan por el tráfico de sustancias en las unidades carcelarias, varios testigos coincidieron en señalar que los guardias “inventan” sanciones disciplinarias cuando se niegan a vender las sustancias que ellos le entregan.
La pesquisa
El fiscal Edgardo Sánchez está al frente de la investigación de la muerte de Farías. El informe de la autopsia confirmaría la versión del suicidio, no así los resultados de las pericias toxicológicas. Los estudios revelaron que el fallecido habría tenido restos de psicofármacos (normal, si se tiene en cuenta que había sido medicado por sus problemas de adicción y depresión) y cocaína.
El investigador, según confirmaron fuentes judiciales, envió muestras para que sean analizadas en Salta. Con un informe cuantitativo, tratarán de establecer si al reo no lo drogaron para poder colgarlo, como se sospecha. Los resultados estarían listos dentro de un mes como mínimo.
“Lo único que queremos es que se sepa la verdad. Casos como el de mi hijo hay un montón. Muchos no dicen nada porque sufren las consecuencias. Ellos, los que manejan a los presos, pueden hacer cualquier cosa con los presos. Por eso las madres se callan. También tengo miedo, pero ya perdí un hijo y no me importa nada”, concluyó Romay.
Sebastián Medina
El reo, de 24 años, falleció el 19 de noviembre de 2017; fue apuñalado por un compañero de encierro en el penal de Villa Urquiza
Primero se pensó que se trataba de una pelea propia del mundo carcelario, pero después se descubrió que había sido trasladado ilegalmente al penal, ya que estaba encerrado en la seccional 7ª por cuestiones de seguridad. Fue el primero en denunciar que había sido castigado por negarse a vender drogas que le entregaban en el establecimiento penitenciario. La víctima y sus familiares denunciaron durante tres días que su vida corría peligro, pero nadie actuó y terminó siendo asesinado. La fiscala Adriana Giannoni consideró que el acusado del homicidio fue contratado por personal de la Dirección de Institutos Penales para que silenciaran al denunciante. Varios funcionarios fueron imputados por el homicidio.
Sebastián “Pelao” Acevedo
El integrante del Clan Acevedo apareció sin vida en su calabozo de la unidad de Máxima Seguridad
“Su muerte fue un misterio, ya que según el informe oficial, se ahorcó con un cinto, elemento que no pueden tener los presos que están alojados en ese sector de la cárcel, y minutos después de que se hiciera la requisa diaria”, dijo Manuel Pedernera, defensor del fallecido. El profesional desmintió que el integrante de “La Inimitable”, la barra brava de Atlético, haya sufrido de cuadro de depresión. Agregó que no le consta que su muerte haya tenido que ver con una cuestión de drogas. “Tengo entendido que sí tenía problemas de adicción, pero nunca me dijo cómo le llegaban las sustancias ni menos aún en Máxima Seguridad. Lamentablemente, con la familia tenemos muchas dudas porque nunca nos permitieron asumir como querellantes para continuar con la investigación”, agregó el letrado.
Silencio oficial
Sin respuestas desde el gobierno
Ante la consulta de LA GACETA por la muerte de Jesús Farías, el reo que denunció venta de drogas en el penal de Concepción, los voceros del Ministerio de Seguridad dijeron que los funcionarios “no realizarían declaraciones hasta que el caso no se haga oficial”, pese a que la Justicia ya inició una investigación y una magistrada pidió que se abriera una causa. Hace pocas semanas, el ministro Claudio Maley había informado que la situación de las cárceles era normal y que “todo” estaba en la Justicia Federal y ordinaria.
Avances
investigación por las denuncias
“Estamos aportando más datos para que avance la investigación”, explicó Gustavo Morales, defensor de Gonzalo Giri y Atanacio Ledesma, los dos presos que denunciaron haber sido torturados al haber denunciado la venta de drogas en el penal de Villa Urquiza. “En la Justicia Federal seguimos presentando pruebas de cómo es el tráfico; en la justicia ordinaria, más testimonios para demostrar las aberraciones que comete el personal contra los presos que no quieren vender la drogas”, explicó.
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