El delito no conoce fronteras y menos en Tucumán. Hay hechos delictivos que están íntimamente relacionados con la comercialización ilegal, por ejemplo, de partes de vehículos robados. Aunque en menor escala, algo similar sucede con la sustracción de las tapas de registro cloacal ubicadas, por lo general, en las esquinas. Su ausencia se convierte en una trampa para los conductores si no está señalizada debidamente. Este problema se suma a otro más graves que es el derrame permanente de aguas servidas en distintas partes de la ciudad. Ya en 2003, se sostenía que hacía dos décadas el sistema de cloacas estaba colapsado.
En nuestra edición dominical, un periodista de LA GACETA cronicó cómo se realiza el robo. Los mismos cacos le contaron que una vez que sacan la tapa, la llevan a un ferretero conocido, donde se la pesa (75,8 kilos). Les prestan un “macho” y una maza y en un baldío parten la tapa en varios pedazos, con una amoladora borran el número de serie de la pieza y venden los pedazos. En este caso, recaudaron $150. Con la parte que les tocó, uno de ellos usó sus $70 para comprar papelitos de paco.
El responsable de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) dijo que hace un tiempo se vienen produciendo los robos. Son 15.438 las bocas de registro a lo largo de 2 millones de metros de red cloacal. Se informó que en marzo había más de 200 tapas sustraídas, lo que representa un 1,29% del total. “Esto no es nuevo. Desde fines del año pasado hemos anotado muchas bocas de registro robadas. Hemos contratado a cuatro empresas para reponerlas, porque faltaban muchísimas. Sin embargo, no damos abasto con las que reponemos. En el cruce de Mate de Luna y Alem repusimos una que faltaba, y nos tomó una semana de trabajo porque se debía reparar el marco. En muchos casos tenemos que quitar el marco, porque está dañado, cambiarlo y recién colocar la tapa. Cada tapa cuesta alrededor de $10.000”, afirmó el directivo.
Los robos de tapas ponen en peligro a peatones y conductores de vehículos, causan daños en la red cloacal y perjudican económicamente a la SAT. En 2010, un gerente de esa repartición dijo que había dos tipos de sustracción. En el primer caso, se golpea la tapa, la levantan y se la llevan. En el segundo, deben romper con una maza el hormigón en el que está amurado el marco; destrozan la calle. “Es una cuestión de mercado, de oferta y demanda. Si hay demanda se produce el robo. Venden las tapas en corralones y desarmaderos. Las trocean y las ofrecen por kilo de hierro. Haremos relevamientos en conjunto con la Policía y esperamos que luego se hagan allanamientos”, manifestó en esa oportunidad. Dos años después, la SAT informó que estaba estudiando la incorporación de tapas diseñadas para evitar robos y roturas por el tránsito. Nos parece que se debería buscar la manera de estas sean de otro material o que tengan un sistema de seguridad que las haga difíciles de robar.
El robo de 200 tapas representa la suma de $2 millones, dinero que saldrá del bolsillo del contribuyente para su reposición. No se puede colocar agentes en cada esquina durante las 24 horas, pero también es cierto a la Policía y a la Justicia no les debería resultar muy difícil investigar y detectar en qué corralones, ferreterías o desarmaderos se compra el hierro robado, no solo en la ciudad, sino también en toda la provincia. Si no se desmantela este comercio ilegal difícilmente se dará fin a este problema.
