El costado oscuro y atrasado de la Justicia

El costado oscuro y atrasado de la Justicia

Una situación de altísima gravedad institucional en la Justicia quedó de manifiesto con las demoras e irregularidades denunciadas en el Juzgado de Instrucción N° 5 del Centro Judicial Capital. Las revelaciones sobre investigaciones paralizadas durante años han llevado a una auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia y al pedido de un dirigente político de que se investiguen las responsabilidades de cinco jueces (en actividad y jubilados), de una fiscala y de funcionarios que tramitaron al menos una de las causas, la que involucra desde 2002 a legisladores por una presunta red de sobornos a cambio de aprobar la reforma constitucional que impulsaba en ese entonces el ex gobernador Julio Miranda.

El escándalo se hizo público con la llegada de la jueza Carolina Ballesteros al juzgado, la cual, tras asumir este año, encontró alrededor de 250 causas sin trámite, entre ellas 13 actuaciones por pornografía infantil y la pesquisa relativa a los 27 legisladores. Los expedientes de este caso, que ya lleva prácticamente 17 años sin definición, estaban tirados en bajo un armario y en el último cuerpo se encontró una sentencia de 2010 que no había sido comunicada a las partes.

Estas situaciones fueron relevadas por los auditores de la Corte, así como otras causas, entre las que se destacaron una relativa al concejal Armando Cortalezzi y otra referida al intendente de Yerba Buena, Mariano Campero. Ambos hicieron sus descargos al tomar estado público este asunto, que también ha tenido alto impacto en otros ámbitos de la administración y la política. Asimismo, se ha recordado que revelaciones similares se hicieron hace dos años en relación al Juzgado penal N° 2. En el caso actual, el dirigente que ha pedido a la Corte que promueva pesquisas contra jueces y funcionarios y que eventualmente active los procedimientos de destiutución y de expulsión, ha planteado si estas situaciones acaso muestran la existencia de un sistema dedicado a “garantizar la impunidad”.

Cabe señalar que ya constituye una severa afectación de la provisión de Justicia el hecho de que haya juzgados acéfalos durante años –el Poder Ejec utivo ha tenido gran responsabilidad en la mora en el nombramiento de magistrados en los últimos 15 años-, así como la circunstancia de que los jueces que se hacen cargo de esas oficinas sin titular, aunque cobren extra por esas tareas, resultan sobrecargados a tal punto que toda su actividad, incluso la de sus propias oficinas, deja de tener sentido, puesto que no cumplen como corresponde, en tiempo y forma, sus responsabilidades. Cuando esta situación se mantiene en el tiempo, las excusas pasan a formar parte de la tarea cotidiana.

Llama la atención que el Poder Judicial no tenga aceitado un sistema de control y de auditorías no sólo para advertir las moras e irregularidades en las oficinas que administran justicia, sino para activar mecanismos para cambiar estas situaciones. Porque es evidente que las auditorías que lleva adelante periódicamente la Corte –que son de consumo interno y de inciertos resultados para el público- muestran la degradación de un sistema que depende del papel y del secreto. Hoy se mira a esta oficina en particular –que ya antes había sido auditada sin que estallara este escándalo- pero es muy probable que haya circunstancias similares en otros juzgados y en fiscalías del fuero penal, abarrotado de papeles y sometido a la buena voluntad de sus operadores pero esquivo, por sistema, a controles externos.

Independientemente del derrotero que siga el escándalo desatado a raíz de la situación de este Juzgado, convendría que cada Poder asuma las responsabilidades que le caben en la falta de cobertura de vacantes, en la ausencia de controles y en la nula reacción para cambiar las cosas, ejemplo de lo cual es la reticencia general para adoptar en todo el territorio el nuevo Código Procesal Penal. Lo que sucede en el Juzgado N° 5 da cuenta de la dificultad para pasar hacia una Justicia real y pone en evidencia que las cuestiones dentro de las oficinas de Tribunales son muy oscuras y atrasadas. Son zonas del Estado que permanecen inmunes a la democracia y a la república.

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