Gustavo González terminó en Chaco por falta de espacio en el penal

Gustavo González terminó en Chaco por falta de espacio en el penal

El líder de “La Inimitable” está implicado en el secuestro de Margarita Toro. El juez federal Bejas dijo que tiene problemas para ubicar a los detenidos. Los otros acusados irían a cárceles de la Patagonia.

SORPRENDIDO. Los familiares del acusado realizan gestiones para que “El Gordo” regrese a la provincia. la gaceta / foto de DIEGO ARAOZ SORPRENDIDO. Los familiares del acusado realizan gestiones para que “El Gordo” regrese a la provincia. la gaceta / foto de DIEGO ARAOZ

Gustavo “El Gordo” González, máximo referente de La Inimitable, la barra brava de Atlético, fue el primer perjudicado por la crisis carcelaria. Al no haber cupo en el penal de Villa Urquiza para procesados por la Justicia Federal, fue trasladado a la cárcel de Resistencia, Chaco. Allí permanecerá alojado hasta que se realice el juicio por el secuestro de Margarita Toro, ocurrido hace casi un año. Los otros acusados de haber cometido el delito también están esperando que se defina su destino, pero todo parece indicar que terminarían en penales de la Patagonia.

El 1 de febrero pasado, el juez Daniel Bejas dispuso el procesamiento de Víctor Ariel “Pipa” y Hugo Eduardo “Barza” Robles (referentes del clan Robles), “El Gordo” y Esteban Abel “Vaquita” González (hijo del barra de Atlético), Andrés Marcelino “Mudo Andrés” Zelaya, Cristian Guillermo “Oreja” Lobo, Cristian Fabián “Gordo Cristian” Venturelli (sería familiar del ex delegado comunal de El Cadillal) y Mauro Rubén “Pilo” Benítez. Hubo otro acusado que no fue procesado por ser menor de edad.

El delito por el que fueron imputados (en diversos grados de participación) fue el de secuestro extorsivo consumado y agravado por la participación de tres o más personas, además de otros delitos cometidos en el contexto del secuestro de Toro. Se dispuso además la continuidad de la prisión preventiva para todos ellos y el embargo preventivo sobre sus bienes por montos entre $100.000 y $300.000. Por el primero de los ilícitos, que es el más grave, el Código Penal prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Los problemas

El “Gordo” estaba detenido desde hace varios meses en la celda de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal, en pleno de Barrio Norte. Desde ese entonces su defensor realizó numerosas gestiones ante la Justicia Federal para que le otorgaran el arresto domiciliario por cuestiones de salud. Sin embargo, al quedar procesado, se decidió enviarlo a una cárcel.

Las autoridades judiciales y policiales iniciaron las gestiones necesarias para que sea ubicado en el penal de Villa Urquiza. La respuesta fue categórica: no hay cupos para presos que dependan de la Justicia Federal. La Nación, según los acuerdos vigentes, pueden utilizar las cárceles provinciales, pero ellos abonan semestral o anualmente los gastos que implica mantener un recluso.

Al dar por finalizada esa gestión, comenzaron con los trámites del Servicio Penitenciario Federal para encontrarles ubicación a todos los miembros del grupo. Las cárceles de Jujuy (San Salvador), Salta (Güemes) y Santiago del Estero (Pinto), no podían recibirlos porque tampoco contaban con cupos. Sin embargo, las autoridades de la Unidad N° 7 de Resistencia se comunicaron con las autoridades para informarles que recibirían al “Gordo”. El juez federal Daniel Bejas reconoció que ubicar a los detenidos se ha transformado en un problema. “Enfrentamos dos inconvenientes: no tenemos un lugar para alojar a los encausados, o sea para las personas que se detienen por alguna causa y aún no fueron procesadas. Y una vez que se define su situación procesal, tampoco podemos alojarlos en Villa Urquiza, por lo que no nos queda otra que recurrir al Servicio Penitenciario Federal, que también está colapsado”, explicó.

El magistrado dijo que el problema podría solucionarse con la construcción de una alcaldía en los predios del ex Arsenal, tal como lo idearon representantes del Gobierno nacional. Según confiaron varias fuentes, no se avanzó con ese proyecto porque esperaban una orden judicial, ya que esas tierras están preservadas por investigaciones de causas de lesa humanidad. “Estoy esperando un informe del fiscal para tomar una decisión”, explicó a LA GACETA.

El miércoles, a las cinco de la mañana, los federales despertaron a González y le avisaron que preparara sus pertenencias. Sin decirle cuál sería su destino, lo subieron a una camioneta de traslado y partieron rumbo a Chaco, donde arribaron pasadas las 14.

El acusado recién se enteró en el trayecto a dónde se dirigía. Por pedido de sus familiares, el defensor ya está haciendo gestiones para lograr que se lo traiga nuevamente. Dijo además que él ya había realizado presentaciones para que no fuera enviado a una cárcel de otra provincia.

Todavía no se definió la suerte de los otros imputados de la causa. Las únicas unidades que cuentan con lugar son las que están ubicadas al sur del país. Todos los investigados estaban encerrados en los calabozos de una dependencia ubicada en el corazón de Barrio Norte.

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