Andhes exige que se solucione la crisis carcelaria

“Los problemas no se repiten diariamente, sino que se agravan”, dijeron los abogados

22 Mar 2019
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PENAL VILLA URQUIZA.- LA GACETA/ ARCHIVO

“A un mes de la suspensión de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Tucumán, para analizar la crisis carcelaria, los problemas no solo se repiten diariamente sino que se agravan”, sostuvieron los miembros de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales en un duro comunicado que fue enviado a LA GACETA.

En el escrito expresaron: “El Poder Ejecutivo planteó a la Corte que el hábeas corpus correctivo y colectivo sobre el sistema penitenciario y las condiciones carcelarias en la provincia, debía considerarse agotado, aunque no expuso suficientes argumentos para fundamentar su solicitud. La Corte por su parte se mantiene en silencio y parece haber acatado la orden implícita del PE de no interferir en asuntos del poder político”.

“Desde entonces, se fugaron presos de las seccionales 4ª, 6ª y 13ª; se viralizaron fotos del calamitoso estado de la comisaría de Alderetes; se puso en evidencia, nuevamente, la responsabilidad estatal en la venta de estupefacientes dentro del Penal de Villa Urquiza y se reconoció públicamente una sobrepoblación en comisarías de más del 200 %”, destacaron en el documento.

Los profesionales señalaron además que “no podemos aceptar como normales las palabras del ministro (Claudio) Maley en relación a su preocupación sobre quiénes tomaron las imágenes de la comisaría de Alderetes. Con sus dichos quedó evidenciado que en la foto no vio personas, las invisibilizó y obvió brindar una explicación de la situación. El mantenimiento y el cuidado de los lugares de detención son parte de la política pública en materia de seguridad”.

La organización también destacó: “el PE continúa evitando la puesta en funcionamiento de un Mecanismo de Prevención de la Tortura, que no solo daría calidad institucional a la provincia en la implementación de políticas tendientes a erradicar la tortura como práctica institucional sino que daría la posibilidad de crear un organismo independiente que realice un monitoreo eficiente de los lugares de detención”.

“Es necesario entonces retomar el camino del diálogo, aceptar la obligación por parte del Estado provincial para poner fin a las violaciones de derechos de las personas privadas de libertad y reconocer la necesidad de disponer mecanismos de control que permitan vigilar de manera más eficiente las condiciones de alojamiento y así evitar la responsabilidad internacional por las condiciones irregulares de detención en la cual se encuentran las personas detenidas en Tucumán”.

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