Desde mayo, será obligación aceptar tarjeta de débito

A partir del 1 de mayo, será obligatorio que todas las personas y locales que realicen operaciones comerciales en la provincia cuenten con terminales de pago electrónico o POS (del inglés “point of sale”, es decir, punto de venta) que habiliten el pago con tarjeta de débito. Así lo fijó el Poder Ejecutivo a través del decreto 630/3 (ME), publicado en el Boletín Oficial.

La decisión de la Casa de Gobierno cumplimenta lo establecido por la Ley N° 9155 sancionada por la Legislatura en diciembre, por una resolución de la Administración Federal de Ingresos Brutos (AFIP) que modifica las leyes 5.121 (Código Tributario Provincial) y 8.467 (Ley Impositiva de la Provincia). En dicha norma se establece “la obligatoriedad de habilitar medios de pago con tarjeta de débito a través de terminales de pago electrónico para las personas humanas, sucesiones indivisas, sociedades con o sin personería jurídica y demás entes que realicen operaciones a título oneroso destinadas al expendio o prestación de bienes o servicios a consumidores finales”.

En la ley provincial se detalla que quienes no acepten medios electrónicos de pago a partir de que se imponga su obligatoriedad, “serán sancionados con la clausura de dos a seis días del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicios”.

Cuestionamientos

En el Decreto se precisa que los contribuyentes que detecten imposibilidades técnicas para cumplir con lo establecido deberán acercarse hasta el 30 de abril a la Dirección General de Rentas (DGR) para exteriorizar la problemática y especificar los motivos técnicos por los que están impedidos. Además, se detalla que los sujetos comprendidos en la reglamentación podrán ser obligados a exhibir la leyenda “El vendedor no puede efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta (Ley Nacional N° 25065. Art. 37)”.

La decisión no fue bien recibida por el sector del comercio, que reconoció que generará una mayor presión fiscal. Sin embargo, se afirmó que el mayor inconveniente está dado porque en Buenos Aires se toman decisiones sin tener conocimiento de lo que ocurre en el interior profundo del país.

“Sacan resoluciones a 1.200 kilómetros de distancia. A ver, ¿cómo van a hacer en Tafí del Valle o en Amaicha cuando no tengan internet? ¿Cómo se va a solucionar ese tema si hay días que ni funciona el cajero automático del banco por la falta de conexión? Es muy fácil hacer resoluciones a 1200 kilómetros cuando no se conoce la realidad de lo que pasa en el interior, y más todavía en el interior del interior”, se despachó el secretario general de la Federación Económica de Tucumán (FET), Gregorio Werchow.

El dirigente del comercio reconoció que la implementación de esta tecnología es un avance, ya que se usa en todas partes del mundo, pero genera costos financieros elevados. “Seguimos transfiriendo dinero del consumo y de la producción al sistema financiero”, cuestionó.

Werchow afirmó que la FET, a través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y otras instituciones de representación nacional harán presentaciones para plantear sus objeciones. “Si (el Gobierno de la Nación) sigue así, no va a tener a quién cobrarle el impuesto. Cuando uno estira mucho la soga después no tiene a quién cobrarle, y no se dan cuenta. De ninguna manera nos podemos oponer a lo que es legal, pero estamos haciendo ver que esto tiene que ser algo viable”, dijo.