Se agudiza la crisis de las empresas de transporte

La crisis en el transporte público tucumano se profundiza. La cúpula de la cámara que nuclea a los empresarios del sector adelantó que varias firmas que explotan recorridos en la capital y en el interior presentarán expedientes para dar inicio al proceso preventivo de crisis de empresa en la Secretaría de Trabajo de la provincia.

Las autoridades de la Asociación de Empresas de Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), confirmaron a LA GACETA que “muchas” empresas solicitarían el trámite en la cartera de Trabajo provincial. “Lamentablemente llegamos a esto porque tenemos tarifas reguladas, no podemos hacer como otras empresas que pueden subir el precio de sus productos. Empresa por empresa analizará sus posibilidades y la presentación del procedimiento preventivo de crisis”, indicó el presidente de una firma que integra la Cámara, pero que pidió el resguardo de su identidad hasta oficializar la presentación.

Fuentes de Aetat indicaron que el incremento tarifario otorgado hace una semana, del orden del 24,5% en las 14 líneas de San Miguel de Tucumán, equivale a una cifra cercana al 15% de los ingresos de las empresas. Adujeron que llevar la tarifa de $ 15,50 a $ 19,30 (la suba entró en vigencia el lunes), es insuficiente para el sector si no se eleva el aporte de subsidios o quitas impositivas al rubro.

En una asamblea, las empresas acordaron además presentar un reclamo a la Municipalidad debido al atraso tarifario.

En noviembre, Aetat había presentado un informe solicitando un boleto a $ 29, pero luego reconocieron que por la crisis económica necesitaban al menos $ 24,50. El tratamiento de las subas fue postergado hasta la semana pasada, cuando los concejales aprobaron llevar la tarifa a $ 19,30, cifra recomendada por un informe de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte municipal. Un día después, la Dirección de Transporte de la Provincia ajustó la tarifa de las 56 líneas metropolitanas, interurbanas y rurales. Como las firmas habían anunciado que no podrían pagar los sueldos, el sindicato que nuclea a los choferes había adelantado que realizaría un paro -situación que se produjo en febrero y en diciembre del año pasado-. Las empresas, había asegurado Jorge Berreta, vice presidente de Aetat, pudieron pagar los sueldos accediendo a financiamiento privado.

¿Qué dice la ley?

El procedimiento preventivo de crisis se establece en un capítulo de la ley nacional de Empleo (24.013), que data de los 90. La normativa incluyó una figura distinta al concurso preventivo de acreedores o a la declaración de quiebra, para que las partes pudieran conversar y evitar cierres de establecimientos. Los actores, empresa y sindicato, deben reunirse en los despachos de Trabajo para formular propuestas, que debe homologar la Secretaría de Trabajo.

Si bien no implica el cierre inmediato de las firmas, se habilita al recorte de servicios, a las suspensiones y a despidos de una proporción de empleados. También habilita a la negociación de indemnizaciones, que en la práctica suelen reducirse a las cifras establecidas por las leyes nacionales.

Más de 4.000 trabajadores se desempeñan en las empresas de transporte público en Tucumán. El artículo 104 de la ley de Empleo, en el capítulo de procedimiento preventivo de crisis, establece que “a partir de la notificación, y hasta la conclusión del procedimiento de crisis, el empleador no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento, ni los trabajadores ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical”.

El gran interrogante
¿Qué sucede con las concesiones de líneas?
Fuentes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán confirmaron a este diario que, en caso de que la Secretaría de Trabajo de curso a los pedidos para iniciar un plan anticrisis de las empresas de transporte, no se verán afectadas las concesiones de líneas urbanas. El sector está regulado en el municipio por la Ordenanza de Transporte (400, sancionada durante la última dictadura cívico-militar), y otras normas modificatorias. Como la legislación tiene más de 40 años de antigüedad, no están previstas sanciones o medidas en caso de Proceso Preventivo de Crisis de Empresa. Al margen de la crisis de los empresarios, la Municipalidad trabaja en el análisis de la licitación de la Línea 11, y aguarda porque el Concejo sancione por ordenanza los pliegos para licitar las líneas 8 y 18. En 2017, el Municipio licitó las líneas 10 y 12.

“Están complicadas”
En el gobierno esperan confirmaciones
En la Casa de Gobierno evaluaron la situación de las empresas de transporte de pasajeros a partir de los reclamos formulados por los ejecutivos representados por la Asociación de Empresas de Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). “Algunas están complicadas”, admitió anoche a LA GACETA uno de los colaboradores del gobernador Juan Manzur. En el Poder Ejecutivo consideran que esa situación abarca a tres o cuatro compañías que vienen siendo asistidas, solidariamente, por otras que están dentro de Aetat. “Hasta ahora no tenemos nada sobre pedidos de Procedimientos Preventivos de crisis. Estamos esperando confirmaciones al respecto”, puntualizó el funcionario provincial. En el Ejecutivo señalan que vienen haciendo aportes para sostener el servicio de transporte, tras el traspaso de subsidios por parte de la Nación.

Los subsidios
Transición del esquema
El Gobierno nacional había anunciado el año pasado la eliminación de los subsidios al transporte como parte de un paquete de ajuste. Las empresas tucumanas recibían alrededor de $ 2.200 millones anuales (valor congelado desde 2016). Tras la transición para transferir la ayuda económica, la Provincia acredita $ 130 millones mensuales, que se suman a unos $ 53 millones mensuales de fondos nacionales como compensación por la quita de fondos del Ministerio de Transporte.

El pedido empresario
Asamblea en Aetat
A comienzos de mes, en una asamblea de Aetat se habían acordado cuatro puntos. “En primer lugar, entendiendo la realidad económica, estamos dispuestos a resignar un porcentaje importante del valor técnico e ideal del boleto. Reclamamos un mínimo de tarifa de $ 24,50, que es el valor indispensable para seguir funcionando. Con eso resignamos rentabilidad. Entendemos la realidad, peleamos por la sustentabilidad, pero un boleto mas caro es impagable. Pedimos a los poderes concedentes un ajuste al valor del boleto de los abonos sociales. Por cada boleto recibimos $ 4 cuando el  mínimo es $ 15,50. Las ordenanzas y leyes estipulan que esa cifra debe ser de entre el 55% y 60%. En tercer lugar, solicitamos un acuerdo para discutir la tarifa cuatrimestralmente y, en cuarto, volvemos a pedir que se conforme una mesa con todos los sectores del transporte para fijar políticas públicas que permitan sostener un servicio de calidad”, había detallado Berreta.

Los números del día

- $ 19,30 es el valor de la tarifa urbana en la capital, desde este lunes.

- $ 24,50 era el boleto mínimo que solicitaban los empresarios de colectivos.

- $ 130 millones mensuales de subsidios provinciales reciben las empresas.

- $ 53 millones mensuales aporta la Nación, como compensación.