A fines de los años ‘50 del siglo que pasó, existió, por un tiempo, en la órbita de la comuna de San Miguel de Tucumán, la que se denominaba “Junta Municipal de Nomenclatura”. Era un organismo cuyo asesoramiento previo requería el Concejo Deliberante, cuando debía resolver el nombre con que se bautizaba una arteria o un paseo público.
Durante uno de los tantos cambios, aquella Junta desapareció y nunca fue reemplazada. Como consecuencia, los nombres de las calles y avenidas quedaron otra vez librados al criterio del intendente o de algún edil. Por otro lado, como es un tema que a nadie le parecía demasiado importante, por regla general cualquier propuesta quedaba convertida en ordenanza.
Poner nombre a un espacio público no es, en absoluto, una medida menor. La designación que llevarán una calle, una avenida o una plaza, constituye algo que perdura -por regla general- y que tendría que ser representativo de las valoraciones de la comunidad (en el caso en que se trate de nombres de personas o de sucesos), o que esté vinculado a elementos indiscutiblemente propios (la fauna autóctona, la gea, el folclore, las tradiciones populares y un largo etcétera).
Respecto a los nombres de personas, varias veces hemos hecho notar, en este comentario, que hay centenares de hombres y mujeres de relieve saliente, en las áreas más diversas de nuestro pasado, que nunca fueron elegidos para ese tipo de bautizo, a pesar de merecerlo plenamente. Un ejemplo mayúsculo es el del doctor Miguel M. Campero, presidente de la Corte Suprema de Justicia y luego dos veces gobernador de Tucumán, en mandatos que la memoria pública ha juzgado siempre memorables por su intenso tono progresista. Esto para no hablar de algunas designaciones totalmente extrañas al medio. Esto ocurre no solamente en la ciudad capital, sino también en algunas del interior. Cabe preguntarse, por ejemplo, que tienen que ver (más allá de su condición de genios universales) los nombres de Mozart y de Beethoven en Yerba Buena, o los de Picasso y Dalí en Tafi del Valle, con la identidad y las tradiciones de esos centros urbanos de esta provincia.
En suma, no parece que los bautizos en el espacio público deben tomarse a la ligera. Significan un homenaje del vecindario a gente y acontecimientos, o quieren subraya elementos o características que considera enraizadas con su identidad y con sus tradiciones. Por eso es que tienen que surgir, como parece lógico, de propuestas debidamente consideradas y consensuadas, con el asesoramiento que formulen representantes de la cultura.
Ellos pueden tanto arrimar fundamentos positivos para la designación, como objetarla, si así opinaran, y en ambos casos proporcionando los fundamentos respectivos. Su criterio no sería vinculante, para no invadir las atribuciones del Concejo. No se trata, cabe aclarar, de sugerir que se recarguen con mayores gastos las finanzas municipales. Una comisión de ese tipo, que tendría reuniones periódicas, puede constituirse perfectamente con miembros “ad honorem”, como ocurría con la antigua Junta de Nomenclatura. No estaría de más una ordenanza que reglamente otros aspectos de las designaciones. Disponiendo, por ejemplo, un intervalo temporal adecuado entre la muerte del homenajeado y el bautizo, así como vedando los cambios de nombres. No es la primera vez que tocamos este tema. Sería deseable que se lo encare y resuelva con el criterio adecuado.
