Subordinación e improvisación

En el área de Seguridad no se puede aplicar el popular dicho “muerto el perro, se acabó la rabia”. Los errores que se cometen tienen un costo impensado. El tiempo que se pierde es irrecuperable. Y más aún si se trata de un año electoral como este. Las renuncias del jefe de Policía, José Díaz, y de su segundo, Francisco Picón, van más allá del pedido de que sean investigados por haber cometido irregularidades en el caso Lebbos. Esa, en realidad, podría haber sido la gota que colmó no sólo un vaso, sino un recipiente de unos 50 litros.

Díaz venía recibiendo golpe tras golpe. Los números de la inseguridad fueron un duro cachetazo de realidad a su gestión. No sólo aumentaron todos los malos índices, sino que evidenciaron que su gestión chocaría inexorablemente con el fracaso. De los 20 homicidios registrados en lo que va del año, 15 fueron en situación de robo: otro dato duro que deja al descubierto que nunca pudo fortalecer la prevención.

Entre el 5  de octubre y el 17 noviembre pasado, en las fiscalías especializadas en delitos contra la propiedad se iniciaron unas 3.412 causas, es decir, se atendieron casi 73 por día. De esos números, en los que no están incluidas las cifras en negro de los casos que no se denuncian, 2.457 fueron robos y hurtos consumados. El 75% fueron cometidos por autores desconocidos, es decir, personas que actuaron por la falta de prevención y que nunca fueron descubiertas, por lo que tampoco hubo una persecución penal contra ellos. A esta situación se les deben sumar los graves hechos de corrupción y de negligencia (el comisario Alfredo Pineda, detenido por el robo de cables; los hurtos en vehículos secuestrados en las comisarías y la cada vez más común costumbre de no recibir las denuncias en las comisarías) que se incrementaron en los últimos tiempos por la falta de liderazgo.

Trituradora de funcionarios

Los responsables del área de Seguridad asumieron en los primeros días de diciembre de 2017. En menos de 14 meses el equipo, que se formó en Banda del Río Salí bajo el ala protectora del intendente Darío Monteros y el apoyo político de Osvaldo Jaldo, acompañado por los legisladores oficialistas, se quedó sin un secretario de Seguridad (Miguel Gómez); un jefe de Policía (Díaz) y dos subjefes de Policías (Picón y Bernachi). Y los portazos, según se rumorea, continuarán en los próximos días. Y lo que es más grave aún: no hay una mínima señal que haga creer que todos los cambios no son improvisados.

Los nombramientos de los nuevos jefes pusieron en jaque a toda la cúpula policial.  Reglamentariamente, los comisarios de áreas clave tendrían que ser pasados a retiro porque no puede haber personal de mayor rango que el subjefe de Policía. Tampoco se pueden quedar en el cargo que ocupan porque serán blanco fácil de cuestionamientos éticos por parte de sus subalternos. No es creíble que el gobernador Juan Manzur haya ordenado violar las normas para que se concretara el cambio, como aseguró el ministro Claudio Maley.

Cintura política

Bernachi, según reconocen sus pares, es un hombre preparado. Desde hace bastante tiempo es el responsable de la organización de los operativos Ciudad Segura y se encargaba de diseñar los planes de seguridad de cada acontecimiento importante que se haya desarrollado en la provincia en los últimos años. Su fuerte es la prevención, pero también demostró tener más cintura política que su antecesor Díaz, cuya última actividad pública fue haber participado de la presentación de un candidato a concejal de Alderetes vinculado al gremio de Camioneros. Antes había insultado a una fiscala y después incineró a Manzur y a Osvaldo Jaldo cuando hizo que le entregaran una medalla al ahora sancionado comisario Alfredo Pineda.

“Le pido disculpas a la sociedad por los errores cometidos”, dijo Bernachi ni bien terminó de asumir y con Díaz dando vueltas por la Escuela de Policía. Sus palabras son un avance. Se trata de un discurso crítico y sincero que golpeó a la anterior conducción en la fuerza y a los actuales funcionarios de Seguridad que avalaron su accionar. El nuevo jefe sabe que tiene mucho trabajo. Entre los “errores” aparecen el debilitamiento del servicio 911 (que pasó de certificar normas Iso y tener 40 móviles en la calle a contar con 15 unidades en movimiento); definir una línea en un área tan sensible como Investigaciones (Díaz desarmó la centralización que había hecho la gestión anterior y, ante la falta de éxito, volvió al viejo esquema) y fortalecer la Guardia Urbana (para tratar de frenar los robos en zonas sensibles como los barrios Norte y Sur), entre otras. También será clave aliarse con la tecnología para buscar herramientas que fueron dejadas de lado como Transporte Seguro (los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros son blanco fácil de los arrebatadores) y recuperar el sistema de botones antipánico en los colectivos (se estima que se producen entre tres y cinco asaltos por semana).

Bernachi no será el San Expedito de la Seguridad. Ni él ni ningún otro funcionario podrán llegar a buen puerto sin el apoyo político. Necesita que los legisladores, aprovechando que cuentan con una herramienta como la Ley de Emergencia, dicten leyes y no que mantengan una pasmosa y cómplice indiferencia. Actuar a la par de la Justicia para demostrarles a fiscales y jueces que pueden trabajar bien. Y fundamentalmente, que el PE escuche y acompañe su trabajo. Eso pareciera lo más difícil.

Como no ocurría desde hace mucho tiempo, fue puesto en funciones por un ministro y no por los titulares del PE. Esas ausencias cayeron muy mal en la tropa azul. No sólo porque lo tomaron como un desplante, sino porque además pensaron que ese es el apoyo que recibirán en la gestión que deben realizar.