"La fiscala Giannoni citó a los médicos del hospital del Este para amedrentarlos"

La abogada Soledad Deza habló de "un accionar articulado del Poder Ejecutivo con el Ministerio Público para violar los derechos de una nena".

27 Feb 2019
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Soledad Deza.

"No se respetó el derecho a al salud y se pusieron obstáculos, dilatando una prestación médica lícita hasta que avance la edad gestacional y terminemos en lo que terminamos", expresó la abogada Soledad Deza, representante de Católicas por el Derecho a Decidir, en diálogo con Todo Noticias (TN). Y responsabilizó a los poderes Ejecutivo y Judicial por el desenlace que tuvo el caso de la niña de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela.

Si bien el embarazo de la niña fue detectado a las 16 semanas, cuando llegó a un CAPS por un dolor de panza, se le practicó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) recién anoche y mediante una césarea, en la semana 23. Consultada sobre por qué se esperó tanto tiempo, la abogada explicó: "se desencadenadron una serie de obstáculos que el fallo FAL califica como barerras médico burocráticas y que configuran una violencia institucional".

"En Argentina es un derecho interrumpir un embarazo producto de un abuso sexual desde 1921 pero para eso el Estado tiene que poner a disposición la prestación médica", aclaró Deza.

Luego aseguró que intervino la fiscala especializada en homicidios, Adriana Giannoni. "Intervino sin competencia para inscribir como crimen en el imaginario de los profesionales de la salud una prestación médica que es lícita o, dicho de otra forma, para amedrentar. Hace más o menos dos semanas citó a los profesionales de la salud que estaban atendiendo a la niña en su despacho para decirles que no hagan la intervención porque iba a intervenir ella como homicidio", relató.

En ese sentido, Deza aseguró que "esto está instrumentado en papel, no fue solo una intervención oral".

Y continuó enumerando obstáculos: "luego hubo otras barreras, como exigir segundas opiniones: había ya un dictamen médico de dos profesionales forenses que hablaban de un grave riesgo de la salud de la niña y que el riesgo era mucho peor si se avanzaba con el embarazo, pero ese dictamen fue ignorado. Después se hizo una junta médica con 18 profesionales de la salud publica. Luego se intentó tender una trampa pidiendo que una jueza autorice el aborto, cuando eso no corresponde".

Para finalizar, la abogado advirtió: "detrás de este caso hubo un accionar articulado del Poder Ejecutivo con el Ministerio Público para violar los derechos de una nena, esto no es ingenuo".

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