El juez Bonadio procesó a dos ex intendentes tucumanos

Dip y Orellana, acusados de irregularidades en un programa de gestión de residuos El magistrado acusa a 92 intendentes. Dip y Orellana dicen que las obras se hicieron y que los papeles están al día.

08 Feb 2019

Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude contra la administración pública que habría superado los $ 600 millones. Según informó Télam, el juez alega que estos funcionarios recibieron dinero de la Jefatura de Gabinete para el Programa de Gestión de Residuos Urbanos (Pgrisu), pero lo destinaron discrecionalmente a otras tareas. Entre los acusados se encuentran los ex intendentes de Lules, César Dip, y de Famaillá, Enrique Orellana.

El Pgrisu buscaba mejorar el procesamiento sustentable de residuos sólidos urbanos. Los responsables políticos del manejo del programa fueron, sucesivamente, los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. La Cámara Federal ya confirmó el procesamiento de los tres ex funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner. Los camaristas adujeron que Fernández, Capitanich y Abal Medina repartieron recursos sin control, al amparo de una estructura administrativa donde la desorganización les era funcional.

LULES. Dip asegura que reasignó el dinero con autorización de Nación. archivo

Este expediente surgió en 2016 a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos entre 2013 y 2015. De acuerdo con Dip, la Municipalidad de Lules recibió un subsidio de alrededor de $ 250.000 para hacer un estudio de terrenos y decidir donde volcar los residuos urbanos. Dip explicó que en 2014, antes de recibir la partida de la Jefatura de Gabinete, firmó un convenio para depositar los residuos en la planta de Pacará Pintado y, en consecuencia, reasignó el dinero del Pgrisu. “Cuando llegó la plata, armé un proyecto para que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable me autorizara a gastarla en una máquina compactadora de residuos plásticos. La Secretaría efectivamente me autorizó y yo compré la máquina, que costó $ 270.000 y fue inaugurada hace un año por el actual intendente. Están todas las facturas y yo presenté todos los papeles”, argumentó el ex intendente de Lules.

Por su parte, Orellana también se defendió de lo que considera un “procesamiento incorrecto”. El ex intendente de Famillá relató que recibió entre $ 6 millones y $ 8 millones para construir una planta de tratamiento de residuos. “La planta fue licitada y aprobada por los organismos nacionales, que enviaron los fondos en varias entregas, después de controlar cada avance parcial. La planta hoy está terminada y cumple un rol importante en Famaillá. Estoy tranquilo porque la Justicia deberá sobreseerme, ya que no hay nada que acredite la denuncia”, manifestó Orellana.

Además, el ex intendente de Famaillá atribuyó su procesamiento a motivos políticos. “Lamentablemente estaba dentro de las posibilidades en un año electoral”, protestó.

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