Caso Lebbos: “hubo encubrimiento de las altas esferas”

Los defensores Villalba y Santamarina dijeron que no hubo indicios que fundamentaran las acusaciones de homicidio contra Gómez. Pidieron que Sergio Kaleñuk y César Soto sean investigados por posible participación en el crimen. Apuntaron a Mercado.

05 Feb 2019 Por Luis Duarte
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EN LA SALA. Villalba y Santamarina siguen el alegato de su par, Posse; atrás escuchan también los acusados Gómez y Rodríguez. la gaceta / FOTOs DE JORGE OLMOS SGROSSO

El juicio oral por el homicidio de Paulina Lebbos y el posterior encubrimiento se reinició ayer con la defensa de Roberto Gómez rechazando todas las acusaciones y solicitando “que sean investigados Sergio Kaleñuk y Víctor César Soto (ex pareja de la víctima)” como posibles partícipes del homicidio de la joven, ocurrido en 2006. Además, la parte ratificó sus sospechas sobre Virginia Mercado, amiga y la última persona que vio con vida a la joven, y pidió que se inicie otra causa por falso testimonio. “Fue mendaz y reticente”, coincidieron los abogados.

“La vindicta pública es tener el celular, pero no hicieron referencia a ningún hecho. La querella dijo que Gómez había tenido el celular de Paulina; por ello, es copartícipe. Pero no dieron a conocer algún hecho”, expresó Guillermo Villalba, uno de los patrocinadores.

A Gómez le han imputado la coautoría del delito de privación ilegítima de la libertad, seguida de homicidio. Paulina desapareció el 26 de febrero, tras salir de un boliche de la zona del Abasto. Según la acusación, el enjuiciado, “junto con otras personas que no han sido identificadas hasta ahora, procedieron a retener contra su voluntad a Lebbos y la trasladaron hasta un sector de la avenida avenida Independencia al 1.200, aproximadamente”, en la capital. “Continuaron hacia Larrea al 400 y posteriormente hacia el kilómetro 1.288 de la ruta nacional 9”, añadió la acusación.

Si bien no se confirmó la fecha y el lugar del crimen, uno de esos responsables efectuó maniobras de compresión y estrangulamiento sobre el cuello de la víctima, lo que provocó la muerte por asfixia. El 11 de marzo, el cadáver fue arrojado en la ruta provincial 341, a la altura del kilómetro 2,8, en Tapia. La Fiscalía había solicitado 10 años de prisión para Gómez; mientras que la querella, prisión perpetua.

Gómez, oriundo de la comuna de San Andrés, fue vinculado a la causa cuando se determinó que usaba el segundo chip que había sido insertado en el teléfono de Paulina, utilizado bajo un nombre ficticio y datos falsos, desde el día de la desaparición.

“Gómez dijo en todo momento que ese 25 de febrero estuvo en una reunión familiar, en su comuna natal, por el cumpleaños de su abuela, pero las acusaciones optaron por no creerle y considerar que era una coartada, dado que ella no cumplía justo ese día”, manifestó.

“Nos permitiremos demostrar que Paulina Alejandra Lebbos en ningún momento fue secuestrada; pero sí fue asesinada”, expresó Villalba. “(Gómez) no es una persona poderosa, ni política ni económicamente, para poner en funcionamiento un plan de encubrimiento, que creemos que sí hubo, pero de las altas esferas”, añadió.

Alberto Lebbos viene diciendo lo mismo hace 13 años, que en el velorio de su hija se le acercó (José) Alperovich y le dijo que iba a cobrar de por vida aunque no trabajara; le ofreció una especie de renta vitalicia para callarlo, tranquilizarlo o para que deje sin efecto el pedido de Justicia. Pero me pregunto, ¿Alperovich quería encubrir a Roberto Gómez? No, obvio que no. En rueda de prensa, al entonces gobernador se le escapó, fue un furcio, que ya habían ‘contratado’ al asesino, aunque luego dijo encontrado... ¿Se refería a Gómez? Obvio que tampoco”, recordó, entre otras situaciones.

La defensa técnica pidió ante el Tribunal, entre otros puntos, el rechazo de la acción civil (indemnización para la hija de Paulina), teniendo en cuenta que no se había fundamentado la acusación contra Gómez, único imputado por el homicidio. Además hay cinco enjuiciados por encubrimiento.

Macario Santamarina, el otro patrocinador, requirió la exclusión como prueba documental (sería informativa) del registro telefónico de la empresa Movistar, como así también la extracción de datos mediante el sistema UFED -análisis telefónicos-. Puso en duda la validez de la sábana de llamadas que indicaron las activaciones de los celulares en el día de la desaparición. Santamarina señaló que no contaba con la firma oficial y con alguna autoría. “Esos informes no pueden sostener la condena a perpetua de ningún ciudadano”, remarcó. Ante una hipotética condena, dejaron formulada la reserva de casación y la introducción de la cuestión federal.

En el final de la audiencia de ayer, la Sala III decidió diferir hasta el momento de la sentencia la resolución un pedido de los defensores de Gómez. La parte pidió la “nulidad parcial” del alegato de la querella, referido sólo a las acusaciones a Gómez, por una equivocación en la acusación del abogado Emilio Mrad.

La defensa de Hugo Sánchez, ex jefe de Policía, cuestionó los alegatos de Villalba y Santamarina, respecto de la posición de que hubo encubrimiento por parte de “las más altas esferas”. “No altera la situación procesal de mi defendido. Se trató de una reedición de las acusaciones de la querella y la Fiscalía”, enfatizó Alejandro Biagosch. “Que ahora vengan a solicitar que se investigue a Sergio Kaleñuk (hijo del ex secretario privado de Alperovich), es parte de las sopresas que hubo en el proceso”, dijo.

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