Otra vez piden elevar a juicio el caso Hotesur contra Cristina

La ex presidenta está acusada de usar falsos alquileres hoteleros para tapar el cobro de dinero de obra pública. La Unidad de Información Financiera justificó la acusación por lavado de dinero.

PRESIONADA. Cristina Kirchner en su banca del Senado. El Poder Judicial avanza sobre ella en varias causas. REUTERS PRESIONADA. Cristina Kirchner en su banca del Senado. El Poder Judicial avanza sobre ella en varias causas. REUTERS
05 Febrero 2019

BUENOS AIRES.- La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ayer la elevación a juicio oral del caso Hotesur, en el que está procesada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuesto lavado de dinero. La senadora es acusada de utilizar falsos alquileres de plazas hoteleras de la empresa familiar Hotesur como un frente para el cobro de dinero sustraído al Estado a través de la obra pública vial, otorgándole la apariencia de provenir de una actividad lícita.

Las máximas autoridades del organismo antilavado, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, solicitaron por medio de un escrito de 200 páginas al juez federal Julián Ercolini que el caso pase a la instancia de debate oral y público. En el escrito, los responsables de la UIF sostuvieron que en el caso Hotesur es una de las causas en la que habría quedado en evidencia “una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público”.

Los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, ya habían solicitado la elevación a juicio en diciembre en el marco de la causa que alcanza a otros 18 imputados, entre los que se encuentran los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario detenido Lázaro Báez.

La causa fue iniciada en noviembre de 2014, cuando la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer denunció una supuesta operatoria inmobiliaria, con alquiler de hoteles de la familia Kirchner, para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas.

“La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, y otros ex funcionarios y empresarios, habían remarcado los fiscales.

Pollicita y Mahiques señalaron que la asociación ilícita funcionó “ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016” y estuvo “destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”. (Télam)

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