¿Arma política o herramienta institucional?

En sus casi ocho meses de mandato, el gobernador José Alperovich vetó 21 leyes sancionadas por la Legislatura. La cifra no tiene antecedentes en la historia de la democracia tucumana; y, aunque sea la utilización de una facultad reconocida por la Constitución, es un síntoma de las dificultades institucionales con las que el equilibrio de poderes funciona en la provincia.
Los padres del constitucionalismo moderno pensaron la relación entre los poderes del Estado como un sistema de frenos y contrapesos. En ese vínculo, cada rama del poder debía estar relacionada con la otra, y sus funciones, superponerse. La idea, sostiene el investigador Roberto Gargarella (UBA), era impedir los abusos, y garantizar una herramienta defensiva que le permita a cada a cada uno de los poderes ponerles límites a los previsibles avances de los restantes órganos. Por ello se creó la figura del veto del Ejecutivo y, como contracara, se le facilitó al Legislativo la posibilidad de insistir en la sanción de las leyes que fueran vetadas.
Gargarella -en su crítica a las zonas oscuras de la Constitución- reconoce que este sistema tiene como mérito la posibilidad de moderar el proceso de la toma de decisiones. Recuerda una definición de George Washington, en la que se enunciaba la necesidad de que los representantes populares piensen dos veces sus proyectos, a sabiendas de que sus impulsos o enojos momentáneos no van a poder convertirse en ley de un momento a otro.
Sin embargo, el constitucionalista porteño recuerda que ya durante el siglo XIX distintos autores alertaron sobre las consecuencias que podría traer la aplicación de este sistema. Entre ellas mencionaron la presencia de una guerra perpetua de intereses, mantenida a partir de constantes negociaciones y de cambiantes combinaciones entre los sectores en pugna.
Otra consecuencia desagradable, recuerda el autor, podría originarse en caso de que algún grupo de poder tenga la necesidad urgente de promover alguna iniciativa y el otro recurra al bloqueo. "En esos casos es probable que se activen mecanismos extorsivos, por los que un grupo sólo aprobará una ley a cambio de recibir algo", menciona.
En Tucumán, ambas observaciones encuentran su correlato en la realidad. La presencia de mecanismos extorsivos fue sugerida por varios actores del sistema político en la Legislatura que acompañó la gestión de Julio Miranda. El tema motivó una denuncia judicial porque supuestamente se habían pagado coimas para aprobar la ley de reforma de la Constitución
La presencia de un conflicto permanente entre poderes es también un dato que se repite en cada período democrático, y adquirió particular relevancia desde la vigencia del sistema unicameral y la introducción de la figura del vicegobernador, en 1990. Por estos días, Fernando Juri, todos los legisladores y Alperovich construyen una historia en las que los límites entre la política y las instituciones todavía aparecen desdibujados.

Las decisiones del PE desnudaron las diferencias
Los siete vetos del gobernador José Alperovich a leyes sancionadas por la Legislatura en una misma sesión -un hecho que no tiene antecedentes- desataron una fuerte disputa entre poderes. El mandatario asegura que actuó en el marco de las facultades que le reconoce la Constitución. Desde la Cámara, por su parte, responden que utilizarán sus propias facultades para insistir en la sanción de las normas dejadas sin efecto por el mandatario.
La Carta Magna habilita al gobernador a merituar la conveniencia y la oportunidad de las leyes aprobadas y a disponer el veto cuando las considere inconvenientes. Los legisladores tiene derecho a insistir en las normas con una mayoría especial de 2/3 de los votos, y a dejarlas firmes a pesar de la opinión del gobernador. Esta es la cara institucional de la polémica, pero la realidad muestra que el conflicto tiene su origen en razones vinculadas a la realidad política de los actores en pugna.
El presidente del bloque de legisladores del PJ, Raúl Hadla, afirmó que el Gobierno, con la catarata de vetos, quiso mostrar lo que describió como "el poder, por el poder mismo". A su vez, en la última sesión, José Teri (PJ) afirmó que el mandatario juega con la democracia y Carlos Canevaro (FR) sostuvo que se busca destruir los otros poderes del Estado.
En el encono también se cruzan las diferencias entre Alperovich y el titular de la Cámara, Fernando Juri. La pelea mezcla reproches vinculados al manejo de los recursos públicos con la imagen de dialoguista que construye el vicegobernador y con la interna del PJ.
A pesar de la tensión, la mayoría oficialista de la Legislatura sigue siendo fiel al gobernador. Las leyes vetadas no fueron insistidas y, por ahora, sigue primando el criterio legal y político del Poder Ejecutivo.