Colegios profesionales criticaron el proyecto de Código Tributario

Los colegios de Graduados en Ciencias Económicas, de Abogados y de Escribanos fundamentaron su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo de nuevo Código Tributario. Las entidades defendieron la propuesta consensuada que fue elaborada con la anterior gestión, en un escrito remitido a la comisión de Hacienda de la Cámara. En ese momento, el legislador Fernando Juri Debo (hoy titular de Hacienda) era secretario General de la Gobernación y gestor de la iniciativa unificada.
"El proyecto del PE resulta ser simplista y peca de arbitrario y vulneratorio del derecho de defensa del contribuyente", advirtieron los profesionales. Su opinión será estudiada por los legisladores en esta semana y serviría de fundamento para el dictamen de comisión. El tema llegaría al recinto durante julio.
Uno de los principales cuestionamientos giró sobre la idea del Gobierno de que las deudas fiscales prescriban a los 10 años (el doble que en la actualidad). Esta posibilidad fue rechazada de cuajo, porque existen fallos de inconstitucionalidad en esta ampliación emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán.
Las instituciones reivindicaron la potestad de la Legislatura en fijar las alícuotas impositivas contra la posibilidad de que lo haga el PE, como ocurre ahora.
"La derogación de la eximición de sanciones frente al cumplimiento voluntario resulta ser un contrasentido, sobre todo si la administración intenta impulsar una tarea agresiva en la recaudación. El agravamiento de las sanciones es un despropósito, y de la redacción del artículo se deduce una discrecionalidad impropia en un estado de derecho, con plazos librados al arbitrio de Rentas. Asimismo, traslada a los contribuyentes obligaciones que se encuentran en cabeza del fisco", remarcaron.
"Es necesaria la intimación al deudor, pues el mero incumplimiento no puede ser motivo de aplicación de sanciones sin haberse demostrado una actitud negligente o culposa", indicaron.
Los cuestionamientos alcanzaron que la concesión de créditos o la autorización a girar en descubierto en cuentas corrientes queden supeditadas al cumplimiento de las obligaciones fiscales. También se objetó la pretensión de imponerle al juez que disponga medidas cautelares ante la sola presentación de Rentas, sin requerir pruebas.

Competencia limitada
Los profesionales señalaron que la competencia del Tribunal Fiscal quedaría limitada sólo a algunos supuestos. En particular, cuestionaron que no se establezca una doble instancia de recursos en la sede administrativa, tal como existía en el código consensuado. Si bien la mayoría es crítica, aceptaron ciertos artículos impulsados por el PE para agilizar trámites burocráticos.
Las entidades consideraron "un total desacierto jurídico que se autorice al PE a suspender la aplicación de la ley cuando existan casos fortuitos o razones de fuerza mayor, y es más grave aún que se lo faculte a condonar tributos respecto de contribuyentes de escasos recursos o pobres de solemnidad".
"El Gobierno pretende la aplicación de intereses resarcitorios en el impuesto de Sellos, estableciendo un mecanismo aún más gravoso que el actualmente vigente para una contribución que es anacrónica y distorsiva", señalaron.