Se reflota la causa contra la ley que habilita la reforma

La causa contra la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución tendría un nuevo impulso la próxima semana. Al expediente lo está estudiando la fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo, Elena Noemí Sangenis de Terraf, quien emitiría un dictamen antes del viernes y le remitiría el escrito a la Sala II de ese tribunal para una posterior resolución.
La causa fue abierta a mediados de 2002, luego de que la Legislatura habilitó con 27 votos la modificación total de la Carta Magna. El ex legislador justicialista (disidente) Julio Díaz César Lozano efectuó la primera presentación. Luego iniciaron sus propias actuaciones el actual parlamentario Carlos Canevaro (FR) y algunos colegios de profesionales, como el de Abogados.
Todos los escritos se unificaron en un mismo expediente, que tuvo un lento trámite por demoras adjudicadas a los propios actores, como la reposición de siete pesos en una planilla fiscal (tardaron meses en efectuar ese mínimo depósito). Por aparte se tramita la causa penal por las versiones de pago de coimas para aprobar la norma objetada.
Sangenis de Terraf debe pronunciarse sobre las críticas a la convocatoria a la sesión de febrero de 2002 y al trámite parlamentario dado a la reforma, durante el cual no se habrían cumplido los pasos legales correspondientes, según las denuncias.

Para ser convencional
Además de los planteos de inconstitucionalidad, Díaz Lozano denunció que las condiciones para ser convencional constituyente no fueron incluidas en la ley que se aprobó el 27 de diciembre de 2002, tal como lo establece la Carta Magna.En este aspecto, la discusión está centrada en si la Ley 7.259 debía ser sancionada con la mayoría calificada de 27 votos (2/3 del total de los legisladores) o si bastaba la mayoría simple de los presentes. Desde la Legislatura oficialmente se informó a los camaristas que no se puede establecer cuántos legisladores estaban en sus bancas al momento de votar, ya que se sufragó por signos (no en forma nominal) y no se asentaron los pronunciamientos contra la norma. La respuesta fue firmada por el vicegobernador Fernando Juri.
El legislador Ernesto Padilla (FR) presentó un proyecto de ley para derogar la norma cuestionada ante la Justicia por considerar que "la condena social, las demandas judiciales y los planteos de nulidad aún no resueltos hablan a las claras de que se pretende modificar la Constitución sin una serena discusión, de la cual no debe ser excluido ningún sector". "La derogación que proponemos hace a recuperar la credibilidad y la transparencia de las instituciones republicanas", añadió.Padilla aseguró que la ley que establezca quién puede ser convencional constituyente sólo puede ser aprobada con el voto de los 2/3 de la Legislatura.