Ex Banco Francés: pese al riesgo, se protegerá por seis meses

La fachada del edificio de San Martín al 700, donde alguna vez funcionó el Banco Francés, corre riesgo de derrumbarse. Así lo afirma el informe técnico firmado por el ingeniero Sergio Gutiérrez, responsable del Instituto de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT. El organismo hizo un relevamiento del estado del edificio en virtud de un convenio con la Caja Popular de Ahorros, propietaria del inmueble, que impulsa que este sea demolido.

La polémica surgió porque un grupo de especialistas del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la UNT habían solicitado que se reconsidere el pedido de demolición y reclamaban la restauración del edificio. Pero el informe que se acaba de conocer le da la razón a la Caja Popular.

“El estado del muro de fachada, cuyo seguimiento se realiza desde enero de 2014, muestra una evolución desfavorable de las patologías, aumentando los riesgos de pérdida de estabilidad”, afirma el ingeniero Gutiérrez en el informe enviado al interventor de la Caja Popular, José Díaz. “El nivel de daño se podría incrementar hasta el punto de comprometer su estabilidad y provocar un colapso parcial del edificio”, advierte.

“Manteniendo la valoración sobre el riesgo de colapso que fuera expresado en la nota del 1/6/2018, debe agregarse la nueva encomienda de alcanzar un estatus de ‘riesgo cero’, para ello hay que considerar en el análisis otras variables a fin de lograr y mantener una situación de riesgo como la solicitada. Alcanzar esta situación en lo inmediato no es posible”, describe más adelante.

“Finalmente, durante el transcurso de este tiempo es probable que la situación se agrave involucrando un riesgo para las personas y bienes sobre la vía pública, como viene ocurriendo desde principios de 2014, pues no existen motivos ni cursos de acción implementados sobre ciertos aspectos que se destacan anteriormente que hagan suponer lo contrario”, precisa. “Sin embargo, esta solución no contempla el factor tiempo, una de las mencionadas variables que atenta contra la intención de garantizar en lo inmediato una situación de riesgo cero. Se agregan las interferencias que originan los servicios que discurren por la vereda y la calzada, tales como los conductos de gas, agua potable, comunicaciones y energía, entre otros”, concluye.

Sin embargo, hasta mediados de 2019 no se podrá tomar ninguna determinación sobre el edificio. “La Comisión de Patrimonio se reunió y, como no pudimos reunir toda la información técnica necesaria, se resolvió declarar la preventiva, devolverlo al patrimonio y que el edificio quede protegido por seis meses hasta que en el transcurso de ese tiempo o antes volvamos a reunirnos para ver qué se hace”, informó Mercedes Aguirre, directora de Patrimonio de la provincia.