La Legislatura avaló el anticipo de los subsidios para Aetat

Con el rechazo de un legislador afín a la Intendencia de la Capital, el Poder Legislativo ratificó en la última sesión el decreto de necesidad y urgencia firmado por el gobernador, Juan Manzur, para habilitar el anticipo de $ 80 millones de los subsidios a favor de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).

Al margen del apoyo que recibió el instrumento por parte de la mayoría de la oposición, se instaló en el recinto el debate sobre qué sistema resultaría más conveniente: la ayuda estatal a los dueños de los colectivos o a los usuarios.

El presidente de la comisión de Hacienda, el oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares, recordó que rige en Tucumán el Estado de Emergencia en Transporte. En ese marco, la Provincia venía girando $ 20 millones mensuales a Aetat para que los distribuyera entre sus empresas miembro. A partir de 2019, debido al cese de los envíos nacionales por el Consenso Fiscal, se incrementó ese monto mensual a $ 130 millones. “No graciosamente se aumentó este monto; se debe a la transferencia de los costos de parte de la Nación a la Provincia”, expuso Ruiz Olivares. Y consideró positiva la decisión del Poder Ejecutivo de aumentar la cifra del aporte estatal. “Esto beneficia a los usuarios, porque evita un incremento del transporte público en un contexto de crisis, mientras el presidente (Mauricio Macri) vacaciona”, señaló el vicepresidente 1° de la Legislatura.

Alfredo Toscano (PJS-Cambiemos) cuestionó el sistema aplicado por la Casa de Gobierno. “Estos empresarios manejan hace 50 años los colectivos y son violentos”, aseveró. E instó a aplicar el boleto docente. “¿Por qué no subsidiar al usuario, mejor?”, interrogó el alfarista. Recordó que las concesiones “fueron renovadas” por ley “y a los seis meses los empresarios ya estaban pidiendo plata”. Agregó: “cada vez que quieren, cortan la ciudad, ¿y vamos a tener que seguir dándoles recursos? ¿Hasta cuándo?”. E hizo un llamado a Aetat: “devuelvan las concesiones”. Fue el único legislador que votó en contra de ratificar el decreto de necesidad y urgencia.

El peronista Eduardo Cobos señaló que la crisis financiera nacional impide al sector privado acceder a préstamos, por los costos que conllevan. “Todo tiene que ver con todo. Esta pata política no está del lado de los empresarios”, retrucó.

El dirigente de Cambiemos, Silvio Bellomio, recordó que en 2016 presentó un proyecto “que pretendía cambiar el paradigma del transporte público de pasajeros”, con el fin de subsidiar al usuario. “No creo que las firmas sean una ONG, y está bien que el empresario gane, por supuesto; pero estos sistemas patoteros que estuvimos viendo, con la sociedad de rehén, no corresponden. Dejemos de lado la política barata”, reclamó el peronista.

El oficialista Marcelo Caponio remarcó que, en rigor, no es un nuevo subsidio, sino un anticipo que se descontará del que ya había sido aprobado para 2019. “Los propios trabajadores de Aetat sostenían que no estaban garantizados sus sueldos. El intendente (Germán Alfaro) no dijo nada, no escuché un comentario salvo alguna crítica los empresarios. Y ahora los escucho hablar a Toscano y a Bellomio, que fueron funcionarios municipales, hablando de este problema, cuando podrían haberlo solucionado y no lo hicieron”, sostuvo el apoderado local del PJ. Admitió que las empresas “no tienen las unidades” en regla, por la falta de rampas para discapacitados y de aire acondicionado. “El estado (de los colectivos) es deplorable”, indicó. Pero aclaró: “la Municipalidad de la Capital tiene poder de policía para revocar las licencias, pero esperan que caduque”. Y lanzó: “todo esto me da a pensar que quizás el intendente sea socio de las empresas”.

El presidente del bloque oficialista, Ramón Santiago Cano, también cargó contra el jefe municipal. “El que firma (las concesiones de las líneas urbanas) es el intendente, y es quien tiene que controlar la cantidad de unidades y la frecuencia”, sostuvo el ex concejal.

Aetat había pedido a la Capital un incremento en el boleto, de $ 15,50 a $ 28,50. Tras un paro de UTA, el Gobierno instrumentó el DNU.