22 Diciembre 2018
FINALIZA EL 113 PERÍODO ORDINARIO. La sesión de ayer, que se extendió por unas 11 horas e incluyó más de 30 proyectos de ley, fue la última de este año. twitter @OsvaldoJaldo
Sospechas de sobreprecios, de triangulación y de fraude. Críticas por un supuesto “golpe de efecto” electoral. Incluso se habló de una “puesta en escena” por parte del gobernador, Juan Manzur.
El paquete de medidas contra la inseguridad que envió la Casa de Gobierno, como el DNU para la compra de armas de fabricación israelí por casi U$S 9 millones, generó el rechazo de los legisladores aliados a Cambiemos. Lo que sorprendió, al margen de las chicanas y las acusaciones, fue el voto de dos oficialistas en contra del decreto del jefe del Poder Ejecutivo (PE). Con duras exposiciones, los alperovichistas Julio Silman y Silvia Rojkés fustigaron las decisiones del mandatario para combatir el delito, y coincidieron en que la situación se agravó desde que el senador José Alperovich dejó las riendas de la Provincia, en 2015.
“Vemos con satisfacción el esfuerzo del Gobierno provincial”, expuso el oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares al justificar la sanción del DNU de Manzur. A través de ese instrumento, que sólo podía ser ratificado o rechazado por los legisladores -no modificado-, el Ejecutivo dispuso la adquisición de: 4.000 pistolas Jericho 9 mm; 4.000 chalecos blindados; 100 escopetas 12/70; 50 unidades del rifle de asalto IWI Tavor X95; 20 subfusiles Uzi Pro; 20 lanzagranadas IWI GL40; cuatro equipos de francotirador larga distancia (dos Galil y dos Dan); y cuatro detectores portables de existencia de vida a través de paredes. Todos estos elementos, de origen israelí, serán proveídos por la firma Grupo Patagónico, con sede en Buenos Aires.
“El objetivo es modificar un paradigma de años, y no hablamos sólo de un tipo de arma, sino del sistema armamentístico integral; en ese marco se trabaja para obtener el mejor equipamiento dentro del mercado”, manifestó el presidente de la comisión de Seguridad, el peronista Javier Pucharras.
De inmediato, en la oposición hicieron resonar su presunción de irregularidades en esta operatoria. “¿Cuál es el motivo razonable para pagar de más una cifra multimillonaria? Ayer a la tarde (por el jueves), la gente de Bersa se contactó conmigo y me informó que ellos también distribuyen la pistola Jericho. Pero el costo unitario es de 395 dólares, no de 950 dólares (como dice el DNU); es decir, 545 dólares menos de lo que se va a pagar”, afirmó Eudoro Aráoz (UCR).
Adela Estofán (UCR) consideró que la presentación de las medidas contra el delito efectuada por Manzur en el Teatro Mercedes Sosa esta semana fue “una obra teatral”. Y agregó: “(con esta operación) hay demasiadas sospechas, demasiadas dudas, o quizás, demasiados negocios”. El alfarista Alfredo Toscano (PJS-Cambiemos) opinó en ese sentido. “La empresa ni siquiera se especializa en armas; hace servicios empresariales y de software desde 1992. Tiene otra actividad secundaria, y en febrero de este año se inscribió para vender armamento. ¿Cuál es la única operación desde entonces? La comercialización de armas para Tucumán”, sostuvo el dirigente capitalino.
El macrista Alberto Colombres Garmendia consideró que el Gobierno buscó la ratificación del DNU con fuerza de ley para obtener “un blindaje jurídico”. “Esto va a traer responsabilidades penales”, aseveró el dirigente del PRO. Remarcó que, en Google, encontró la pistola Jericho 9 mm a 750 dólares para la venta minorista. “Los números no cierran”, aseveró.
Claudio Viña (Nueva Fuerza) sostuvo que la empresa proveedora “no figura como empleadora en AFIP”. “Los tucumanos se están muriendo. Nos estábamos cuidando de que no nos roben los delincuentes, pero los legisladores nos tuvimos que empezar a fijar en que no nos roben desde adentro”, sostuvo el aliado a Cambiemos.
El jefe del bloque UCR, José María Canelada, también expresó sus sospechas. “Aquí había que salvar vidas, no hacer negocios. Creemos que aquí se pudo haber cometido un fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Por eso vamos a hacer la denuncia”, anticipó.
Disidencia oficialista
El oficialismo hizo frente a los cuestionamientos. “La Policía Federal compró esta misma arma en la misma empresa, al igual que 20 países. ¿Por qué tenemos que permitir que estos colegas hablen de negociados? No se entiende. Están a favor de la seguridad, pero no quieren la compra de armas”, rechazó el peronista Eduardo Cobos.
En la bancada afín al PE escucharon azorados a Silman y Rojkés. “Los indicadores que tenemos em seguridad en Tucumán cada día nos duelen más, y vemos que las acciones que se están tomando y los esfuerzos de la Provincia no son suficientes”, aseveró el ex intendente de Alderetes. Remarcó que no se siguieron las propuestas de la comisión especial en Emergencia en Seguridad. “No estoy de acuerdo con la forma en que se está comprando, no se puede hacer política partidaria, sino política de Estado”, añadió.
Rojkés también tuvo un discurso duro. “Por suerte, nuestro gobernador Manzur y nuestro vicegobernador Osvaldo Jaldo recibieron una Provincia ordenada, después de 12 años de trabajo. Y la seguridad tiene que ver justamente con las decisiones políticas que se van construyendo a lo largo de los años. No es solamente decir que se está en contra del delito, sino tener la capacidad desde las políticas públicas de llevarlo adelante”, aseveró.
Tras una larga discusión sobre el DNU, que comenzó a las 9.30 y quedó agotada a las 13.15, el oficialismo se impuso por 33 votos a favor contra 11 en contra. Fue inédito que, en este caso, a Cambiemos se sumaran dos alperovichistas.
El paquete del Ejecutivo contra el delito
1. Dos alperovichistas rechazaron el DNU de Manzur por las armas, pero apoyaron las demás propuestas del gobernador en contra de la inseguridad.
2. Se habilitó a la creación de los cuerpos de Policía Municipal, que permitirán a esos empleados portar armas de fuego y oficiar de auxiliares de la Justicia.
3. Fue aprobada la puesta en vigencia del “protocolo Maley” para el uso de la fuerza en la Policía, así como la nueva ley sobre el Servicio de Policía Adicional.
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