Alarmantes deficiencias del sistema carcelario

Hay sociedades cuya clase dirigente busca permanentemente soluciones a sus problemas, tratando además que estas sean definitivas. Otras, en cambio, demoran indefinidamente la resolución y logran que los inconvenientes crezcan como una bola de nieve y cuando llega a esa instancia resulta complicado resolverlos. Probablemente, si se elaborase un ranking de situaciones crónicas, Tucumán ocuparía con comodidad los primeros puestos.

La precariedad de la infraestructura carcelaria y el hacinamiento de los presos constituyen una historia de vieja data que se profundiza con el incremento de la delincuencia. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán le exigió nuevamente al Poder Ejecutivo medidas para revertir esta situación y criticó el incumplimiento de sus promesas. Según el tribunal, el panorama penitenciario ha empeorado en los últimos tres años.

Los magistrados afirmaron que los avances fueron mínimos. Señaló que en los últimos tres años se hicieron obras menores en la cárcel de Villa Urquiza: la construcción de un tanque de agua potable. “Lamentablemente estas reformas parciales no lograron crear condiciones dignas de alojamiento a los privados de la libertad. Hay una degradación de las condiciones de detención, y más presos y detenidos ilegales. Toda la información recolectada revela la imposibilidad del Poder Ejecutivo de avanzar en la regularización y mejora de la gravísima situación carcelaria”, sostuvo la Corte.

La crisis del alojamiento de los presos se ahondó cuando entró en vigencia de la ley provincial N° 8.747, que contempla la prisión preventiva para motochorros, “rompevidrios” y escruchantes. El amontonamiento de los presos en las comisarías era ya alarmante. Antes de la nueva ley había alrededor de 700 personas alojadas en dependencias policiales; en mayo pasado, la cifra ascendía a 944, cuando la capacidad máxima es de 380.

En agosto de 2017, la Procuración Penitenciaria de la Nación informó que era grave la situación de los penales de Villa Urquiza, Concepción y Banda del Río Salí. Observaron in situ la falta de acceso a la salud, trabajo, educación, alimentación de los reclusos, así como las pésimas condiciones materiales de alojamiento. “Las instalaciones se encontraban totalmente deterioradas, incumpliendo las normas mínimas de habitabilidad. Asimismo, se observaron serios problemas de hacinamiento y la utilización de espacios no habilitados para el alojamiento permanente de personas bajo regímenes de aislamiento y sectorización”, dijeron.

Pero no sólo la situación infrahumana de los reclusos es alarmante; también lo es la pobre capacitación laboral que reciben en las cárceles, apenas un 21% del total, lo cual conspira contra la reinserción social y favorece la reincidencia en el delito. Según un informe del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, en 2016, había en el país 76.271 presos, es decir 174,95 cada 100.000 habitantes: la mayoría ingresa al penal con menos de 34 años (61%), sin empleo (41%), sin oficio (50%), solo con estudios primarios (63%). Durante su paso por la prisión, la mayoría no recibe capacitación laboral (79%) ni trabaja (60%), ni progresa en su educación (48%).

Con un trato inhumano, difícilmente una persona pueda ser recuperada, que debería ser uno de los sentidos fundamentales del sistema carcelario. El Gobierno provincial sigue sin tomar el toro por las astas de esta realidad que se agrava día a día. Tampoco parece advertir que lograr la inclusión social de los presidiarios es una forma de combatir con eficacia el delito.