Los niños, víctimas de la pobreza en el país

Son aquellos inherentes a los seres humanos, no distinguen nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todas las personas tienen los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. En 1950 la Asamblea General de la ONU invitó a todos los Estados miembro y a las organizaciones interesadas a que instituyeran el 10 de diciembre como Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año, la Declaración Universal de Derechos Humanos cumple 70 años. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, señala el primer artículo de ese documento que fue aprobado en 1948.

Siete largas décadas han transcurrido desde entonces y los países están aún lejos de hacer realidad el ideal propuesto por la Declaración de la ONU. Las guerras, el hambre, la desnutrición, la marginalidad, la miseria, la discriminación, la desigualdad ante la ley, están aún lejos de ser desterradas del planeta.

El martes pasado, la Unicef divulgó un informe en el que se afirma que casi la mitad de los niños y adolescentes (el 48%) en la Argentina son pobres por tener, al menos, un derecho básico insatisfecho, y un 42% vive en hogares con ingresos insuficientes. El relevamiento se basa en el análisis de privaciones no monetarias y toma en cuenta distintas dimensiones que vulneran los derechos y determinan situaciones de pobreza. En la Argentina, son unos 6,3 millones de menores de 18 años que carecen de uno o más de los derechos básicos, como educación, protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso a agua potable y un hábitat seguro.

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina que es aún más dramático que el de la Unicef, indica que son alrededor de ocho millones de niños (seis de cada 10) los que están privados de algún derecho: falta de alimentación, de una vivienda digna, de acceso a la salud o no va a la escuela. El trabajo señala que entre 2016 y 2017 la pobreza infantil pasó del 60,4% al 62,5%; es decir, creció un 2,1%. Se anticipa que el porcentaje puede aumentar al concluir 2018, en consonancia con el incremento de la pobreza producto de la crisis económica por la que atraviesa la Argentina.

Pese a que en los últimos años, se registraron avances en materia de salud, educación y vivienda, existen vastos sectores de la población que todavía permanecen postergados. La mayoría de los jubilados que cobran haberes indignos, siguen sin percibir el 82 % móvil y deben presentar periódicamente un certificado de supervivencia para demostrarle al Estado que no están muertos. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (ex PAMI) sigue siendo un suplicio para la mayoría de sus afiliados, que deben esperar a veces tres meses o más para consultar a un especialista o para recibir una prótesis.

El Gobierno nacional propuso como eje de campaña lograr la “pobreza cero”, pero los números muestran que hasta ahora, ha logrado el efecto contrario, entre otras causas, por la ausencia de políticas públicas eficaces que promuevan la generación de empleo con salarios dignos, la capacitación para poder trabajar, y principalmente la educación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, tanto de los niños como de sus padres.

La desigualdad sigue siendo alarmante no solo en el país, también en Tucumán: una buena parte de la clase dirigente próspera y un sector importante de la población que vive en la pobreza o en la miseria. Mientras este abismo subsista, será difícil elevar la calidad de vida y que los derechos humanos sean para todos.