La causa de las coimas pasó al fiscal Gallo

El juez de Instrucción de la IV Nominación, Víctor Manuel Pérez, fue separado de la causa en la que se investiga el presunto pago de coimas a los 27 legisladores que, en 2002, durante la gobernación de Julio Miranda, votaron por la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución provincial. La denuncia original fue realizada por el hoy senador nacional Ricardo Bussi, quien aseguró que desde el Poder Ejecutivo salieron los sobornos para que se aprobase la norma. La sesión se concretó el 20 de febrero de aquel año y 27 legisladores, entre los oficialistas y sus aliados (algunos de la oposición), se pronunciaron en favor de la enmienda.
La Cámara Penal de Apelaciones declaró la nulidad de la resolución por la que Pérez denegó el sobreseimiento a los ex parlamentarios Edgardo Rocha (PJ), Diego Nieva (FR), Julio Topa, Nancy Albero y Adriana Neske de Gutiérrez (los tres, del Movimiento Independiente). El fallo fue firmado por Elva Jiménez, Eudoro Albo y Ana Lía Castillo de Ayusa, quienes coincidieron en que el magistrado no fundamentó el rechazo a los planteos de los abogados defensores.
El voluminoso expediente (de decenas de cuerpos y de más de 10.000 fojas) volvería a la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Pedro Gallo, para que analice la situación de cada imputado. Hasta el momento, en dos oportunidades (Gerónimo Vargas Aignasse y Rosa Augier de Rojas), el funcionario judicial se pronunció por el sobreseimiento al no tener elementos probatorios para avanzar en las acusaciones.
Una de las principales pruebas que existía en la causa era la declaración de Alejandra Ducca, quien relató supuestas conversaciones sobre el tema entre su ex esposo, el ex parlamentario Mariano Poliche, y ex legisladores. Pero este testimonio fue suprimido por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, lo que quitó sustento a la investigación.

Errores en la decisión
La Cámara cuestionó la decisión de Pérez, al afirmar que padecía de "una orfandad profunda y pronunciada de motivación". "Por ello, se encuentra en contravención a la exigencia impuesta por el artículo 28 de la Constitución provincial (dispone que toda sentencia sea justificada)", afirmaron los vocales.
El tribunal destacó que el juez no describió el hecho que se atribuye a los imputados, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar, y modo de consumación del presunto delito. Sin estos datos -dijeron- no podía concretarse luego el análisis ni la valoración de las pruebas.
"La resolución no cumple con los recaudos ineludibles que debe contener, ni tiene la valoración necesaria del material probatorio, en forma razonada y lógica. Sólo está el relato cronológico de la denuncia que dio origen a las actuaciones y los testimonios que habrían sido ratificados en otro incidente. Se valora en forma ambivalente la declaración de Ducca -denuncia o testimonio-, sin definir la calidad de su valoración, y se expresa que se encuentra pendiente de resolución por la Corte", se indicó.
Los camaristas advirtieron que la resolución de Pérez es nula por sus falencias. También aclararon que como los ex legisladores ya no tienen fueros, corresponde que las actuaciones sean asumidas directamente por el fiscal Gallo. Cuando los ex parlamentarios gozaban de privilegios constitucionales, en cambio, la pesquisa corría por cuenta del juez.

Una norma que nació entre sospechas
A las 4 de la mañana del 20 de febrero de 2002, los legisladores terminaron su tarea y abandonaron el recinto. Atrás dejaban la sesión en la que se había declarado la necesidad de reformar totalmente la Constitución provincial, uno de los principales anhelos del entonces gobernador Julio Miranda. La norma obtuvo el apoyo de 27 legisladores (17 del PJ, 4 del Movimiento Independiente, 4 de FR, el radical Juan Vildoza y Mariano Poliche, de Vanguardia Provincial). La cifra era el piso mínimo exigido por la Constitución para esa decisión. A los pocos días, el Poder Ejecutivo la promulgó.
La sesión estuvo enmarcada por las denuncias de intentos, por parte del oficialismo, de comprar votos en las filas de la oposición. Dos días antes, el entonces diputado nacional Ricardo Bussi (FR) había relatado que seis meses antes se había reunido con los ex legisladores Jorge de Faveri y Diego Nieva, quienes le habrían dicho que existían ofertas de dinero para que se declare la necesidad de la enmienda.
Bussi (h) formalizó una denuncia ante el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez. Pero, como se trataba de legisladores con fueros, la causa recayó finalmente en el juez Víctor Pérez.
El 25 de junio de 2002 se produjo un hecho clave en la investigación. Amelia Alejandra Ducca, entonces esposa de Poliche, afirmó ante Jerez que se distribuyeron $ 2 millones entre todos los legisladores que aprobaron la reforma, según el expediente. Al declarar ante Pérez, el 30 de julio, ella negó haber hablado de dinero con el ex fiscal anticorrupción. Pese a esta aclaración, el juez pidió la destitución del vicegobernador Sisto Terán, lo que fue rechazado en la Legislatura. Los dichos de Ducca tomaron virtual vida propia y llenaron miles de páginas judiciales.
A principios de 2003, Jerez renunció al cargo (lo reemplazó Pedro Gallo). En noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia dispuso que se excluyan totalmente de la causa las palabras de Ducca, por lo cual ninguna de sus referencias pueden ser utilizadas como prueba.