El Poder Ejecutivo, primer responsable de la seguridad

En tiempos convulsionados por un pico de homicidios y un espectáculo de bandas criminales descontroladas nunca antes vistos en esta provincia, y frente a autoridades que intentan morigerar su participación en el drama con discursos que aluden a responsabilidades generales, cuando no a actuaciones ajenas, conviene recordar que la Constitución de Tucumán colocó en cabeza del Poder Ejecutivo la obligación de garantizar la seguridad pública. Ese deber está regulado en los incisos 19 y 20 del artículo 101, que establece las atribuciones y tareas encomendadas al gobernador en tanto jefe de la Administración. El primero indica que la cabeza del Gobierno tiene bajo su inspección los objetos de la policía de seguridad y vigilancia, y los establecimientos públicos de la Provincia. El apartado 20 le confiere la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para conservar la paz y el orden público por todos los medios que no estén expresamente prohibidos por la Constitución y las leyes vigentes. Y agrega: “(es su deber) garantizar la seguridad pública mediante el desarrollo de estrategias y políticas multidisciplinarias de prevención del delito y de la violencia, y el diseño y la facilitación de los canales de participación comunitaria”.

El monopolio de la fuerza es una de las razones de ser del Estado. Jean-Jacques Rousseau postuló esa justificación en su obra magna “El contrato social” (1762), donde manifestó que la aceptación de la participación en una comunidad organizada implica que los particulares se inhiben de cuidarse a sí mismos y de hacer justicia por mano propia, y delegan el control de la seguridad en el ente estatal, que es el único habilitado para ejercer el poder de policía incluso en forma coactiva. Al pagar sus impuestos, los ciudadanos refrendan ese pacto que la Constitución explicita y que carga a los gobernantes con el deber primordial de prevenir el delito no sólo mediante una Policía idónea sino también con el establecimiento de establecimientos carcelarios adecuados.

El reparto y la división constitucional del poder otorga a la Legislatura la tarea de crear las instituciones necesarias para que el Ejecutivo pueda garantizar la seguridad pública con sujeción a las reglas del Estado de Derecho. Pero también atañe a los legisladores controlar el desempeño de los ministros y del propio gobernador, y exigirles rendiciones de cuentas y explicaciones sobre la tarea desplegada en pos de la conservación de la paz y del orden. No basta con legislar, también es necesario que los representantes del pueblo monitoreen el resultado de las políticas ejecutadas: es en este plano donde el Poder Legislativo exhibe una debilidad inocultable por la existencia de una mayoría abrumadora afín al partido que gobierna que confunde su adhesión al programa oficialista con la resignación de una parte central del rol institucional que la Constitución le ha asignado. Sin el ejercicio pleno de la función de control de las autoridades no es posible corregir rumbos ni cerciorarse de que exista un plan de seguridad acorde a las necesidades acuciantes que plantea la realidad.

Al Poder Judicial atañe la función de intervenir cuando el delito ha sido cometido para restablecer la legalidad quebrantada, reparar a las víctimas y evitar los efectos nefastos de la impunidad, que no sólo se proyectan por la falta de condenas firmes y efectivas, sino también por la imposibilidad de rehabilitar a quienes han caído en la criminalidad. La Justicia penal fracasa sin atenuantes en el desempeño de esta tarea porque es incapaz de esclarecer la mayoría de los hechos ilícitos en un plazo razonable. Es posible advertir esa falencia en el número ínfimo de procesos que llegan a juicio oral frente a la cantidad exorbitante de causas nuevas y en trámite. La postergada implementación de la reforma procesal penal sancionada en 2016 es el síntoma de esa frustración constante.

Aunque todos los poderes del Estado coadyuvan al estado alarmante de inseguridad ciudadana por acción, omisión, conformismo, falta de compromiso con la comunidad y hasta complicidad con la delincuencia, la responsabilidad primordial corresponde al Poder Ejecutivo, que está llamado a impulsar en forma urgente las reformas demoradas desde la dictadura en materia de contravenciones (faltas menores) y de la institución policial. Es evidente que hacen falta agentes mejor preparados, más equipamiento, y comisarías y cárceles dignas, además de un mayor número de jueces, fiscales y defensores oficiales. Por desgracia, el presupuesto proyectado para 2019 no reflejaría esa necesidad de inversión en seguridad con la contundencia que demandan las circunstancias. Esta ausencia de correlación entre los dichos y los hechos revela que el Gobierno todavía no ha tomado nota adecuada del peligro que corre la población y el mismo pacto social. Como decía Rousseau, en momentos de zozobra siempre es bueno regresar a las convenciones: la Constitución de Tucumán establece el camino con claridad y hacia allí debe ser orientada la voluntad política.