El miércoles, sigilosamente, comenzó una nueva etapa en el Poder Judicial de Tucumán. En un acto institucional que no fue anticipado a la prensa como acostumbran a hacer los Tribunales desde antes de que existiese una Dirección de Comunicación, Víctor Raúl Carlos juró como el primer juez interino de la provincia elegido por el Poder Ejecutivo. Carlos, que se desempeñaba como funcionario judicial, tomó posesión del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº7 de la capital: se trata de un despacho con juicios tan complejos e incomprensibles como el concurso preventivo del ingenio San Juan, que empezó en 1995 y que este mes “regresó”, por medio de una medida cautelar, a la situación jurídica que presentaba en 2001.
El oficialismo ha indicado fehacientemente por medio de distintas voces que la designación de Carlos como subrogante responde a su interés en el proceso de la empresa emplazada en Banda del Río Salí, cuyo patrimonio incluye un establecimiento industrial y un número relevante de tierras, algunas afectadas por usurpaciones. Esta “preocupación” del poder político por una causa en particular agrava la situación delicada en la que está el juez interino, que carece de estabilidad en el cargo. La Constitución Argentina estipula que ese atributo, sumado a la intangibilidad del salario, garantiza la independencia judicial, que es la posibilidad de que un magistrado pueda decidir en forma imparcial, y con estricta sujeción a la ley y al principio de igualdad. “Garantizar” no implica, desde luego, “asegurar”: sobran casos de jueces en propiedad, es decir, permanentes, que no están a la altura de la función que la comunidad les ha encomendado, y que presentan rasgos evidentes de debilidad y dependencia, pero desde ya la estabilidad protege a los pocos o muchos magistrados íntegros que haya, puesto que, si fuesen fácilmente expulsables, ninguno se atrevería a poner límites a los poderosos.
A diferencia del resto de la magistratura, Carlos será juez no mientras dure su buena conducta sino por un máximo de dos años renovables a 12 meses más, siempre que el Poder Ejecutivo lo juzgue conveniente. Si las resoluciones que adopte no son de su agrado, los gobernantes no necesitarán promover un proceso formal de destitución puesto que les bastará con acelerar la cobertura definitiva del Juzgado Nº7. Como si todo esto fuese poco, las autoridades disponen de una herramienta de disciplinamiento aún más eficaz puesto que Carlos está concursando para el despacho que controla desde esta semana con la calidad de subrogante y, por ende, tiene la expectativa de ingresar en la terna y de ser confirmado por el mismo Poder Ejecutivo que le concedió, por ahora, sólo un trabajo provisorio. Ese mismo oficialismo ya le negó, en septiembre, la oportunidad de asumir en propiedad en un juzgado de Monteros, de modo que todo luce como un ensayo que despierta dudas y activa las alarmas institucionales que por otro lado llevan años encendidas en la Justicia de Tucumán, sin haber logrado convencer a los políticos sobre la urgencia de fortalecerla sin trampas ni gatopardismo.
Después de casi una década de funcionamiento de los concursos públicos de antecedentes y de oposición para preseleccionar a la magistratura, el Gobierno justificó la incorporación de los jueces interinos externos por la abundancia de vacantes. No optó por ajustar las clavijas del sistema que garantiza la independencia judicial, por ejemplo mediante la readmisión de los concursos múltiples, que tantos ahorros en tiempo y recursos acarrean, sino que acudió a una figura polémica, cuya implementación acumula más experiencias negativas que beneficiosas. El quid es el método de elección: el gobernador puede designar a quien quiera a partir de una lista de concursantes confeccionada por el Consejo Asesor de la Magistratura. Esta potestad le permite escoger incluso a aspirantes que no habrían entrado en la terna para la cobertura definitiva. Mucho más sano y transparente es el régimen de subrogantes vigente en la Justicia Federal, donde el interino surge de un sorteo celebrado por los propios tribunales.
Los riesgos de precarizar la Justicia aumentan las desconfianzas y colocan sobre los depositarios de la judicatura interina una mochila demasiado pesada. Carlos, un abogado que goza de buen nombre en el foro y que se ha preparado para ser juez, tendrá que lidiar con una carga injusta y lo mismo le sucederá a los subrogantes que vengan detrás de él. Es que la institucionalidad tucumana exige remedios serios y creíbles porque los paliativos aplicados antes y después de la intervención federal de 1991 han demostrado con creces ser peores que la enfermedad que procuran curar.
