El destino de los excedentes fiscales

La disyuntiva del Gobierno tucumano pasa por guardar el dinero en la caja fuerte para reducir la deuda o atender las demandas salariales.

13 Junio 2004
Durante los primeros cinco meses de este año, la Argentina y, por ende, Tucumán se encontraron frente a un escenario de fuerte solvencia fiscal, fruto del fuerte incremento en la recaudación impositiva, la continuidad en el pago parcial de los intereses de la deuda pública y el congelamiento del gasto primario del sector público -en su mayor parte los salarios estatales-. Esta serie de factores permitieron al Gobierno nacional proyectar un superávit anual de casi $ 11.000 millones, mientras que en Tucumán, los funcionarios del gobernador José Alperovich estiman que, al finalizar el año, el excedente de recursos oscilaría entre los $ 160 millones y los $ 180 millones.
El superávit en las cuentas públicas se reflejó con el crecimiento de la coparticipación federal, la principal fuente de ingresos de la provincia, y con la mejora en la recaudación de la Dirección General de Rentas, pese a que el período enero-mayo fue estacional porque la mayor parte del sector productivo no estuvo en plena actividad y, por ende, no tributó Ingresos Brutos. Esta suerte de bonanza fiscal, en el país y en Tucumán, reaviva los reclamos por aumento de salarios en el sector público, que está generando crecientes protestas de los empleados estatales. El ministro de Economía, Jorge Jiménez, considera que el Gobierno no está en condiciones de atender ese planteo de llevar a $ 350 el salario básico. Insiste en que los excedentes deben servir como una reserva para posibles contingencias financieras, para alentar la obra pública -generadora de empleos- y para cambiar la situación social en Tucumán, signada por los altos índices de pobreza. El destino de los excedentes provinciales está en consonancia con los anuncios del ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Jiménez sostiene que el actual escenario superavitario no será eterno y que el crecimiento de los ingresos no está garantizado para los próximos años. "Es fundamental que la provincia, por primera vez en mucho tiempo, eleve la capacidad de repago de su deuda pública", fundamenta. El planteo del ministro de Economía tiene que ver con que a partir de 2005 y hasta 2007, se producirá una alta concentración de vencimientos de ese pasivo: Tucumán tendrá que pagar a sus acreedores alrededor de $ 820 millones, casi el 27% del total de la deuda pública. Por esa razón se creó el Fondo Anticrisis.
El economista Rogelio Frigerio (nieto) considera que es muy importante no dejarse engañar por la bonanza coyuntural de las cuentas públicas provinciales. "Es necesario aprovechar el período de recuperación de la economía para que, por primera vez, los gobernadores hagan un colchón fiscal que ayude a sobrellevar las finanzas de sus provincias en un posible ciclo negativo", sugiere. Frigerio pronostica, para los próximos años, los ingresos tributarios de los distritos del país continúen en aumento pero a tasas moderadas. "El gasto subirá por los anunciados aumentos salariales, y las erogaciones en obras públicas. Pero la deuda sigue siendo el condicionante, porque hoy no hay créditos en el mercado que sirvan a las provincias para atender los servicios de sus pasivos", puntualiza.
Desde el sector privado, el empresario José Frías Silva considera que, a partir del resultado superavitario, el Estado debe pensar en reducir la carga fiscal, con la eliminación progresiva de los impuestos considerados distorsivos para la economía. Pero Frías Silva enfatiza que, ante este escenario, el Gobierno debe priorizar acciones para mejorar el servicio de educación a la población.
Por ahora, en el Gobierno pone en una caja fuerte los excedentes hasta tanto sean derivados a los destinos previstos.La presión de la deuda pública sobre las finanzas provinciales genera un clima de cautela en la Casa de Gobierno, más allá del superávit. Por ahora, el Ministerio de Economía ratifica que se eliminarán algunos impuestos, disminuyendo la presión fiscal, para alentar la llegada de inversiones. Con este esquema, se estima que en octubre próximo, Tucumán habrá cumplido las metas pactadas con el Gobierno nacional. Hasta ese mes, en el Poder Ejecutivo creen que el nivel de ingresos habrá alcanzado los $ 1.390 millones proyectados en el Presupuesto vigente. Pero la pauta de crecimiento del excedente fiscal dependerá del control del gasto. Esto, además, aseguraría la tranquilidad financiera hacia el futuro. Pero habrá que ver si la razonabilidad financiera puede soportar la presión social. Las semanas venideras serán clave para dirimir un debate que ya se trasladó a gran parte de la sociedad.

Destino 1
El pago de la deuda en 2005

Tucumán tendrá que afrontar, en 2005, el pago de los servicios de la deuda por $ 286 millones. Para cubrir esa amortización de capital y de intereses, el Gobierno creó este año una cuenta de reserva que, hasta el primer trimestre, acumuló $ 34 millones. Ese dinero será derivado a un Fondo Anticrisis. Se calcula que , al finalizar el ejercicio, ese fondo reuniría unos $ 120 millones. A eso habría que agregarle la posible ayuda federal mediante el Plan de Financiamiento Ordenado, con lo que se cubrirían los vencimientos del pasivo del año entrante.

Destino 2
Aliento a la obra pública

En los próximos días, el Poder Ejecutivo anunciará un plan de obras públicas con una inversión aproximada a los $ 47 millones para este año. Contemplará trabajos en el marco del Programa de Mejoramiento Barrial y para reforzar el Plan de Desarrollo Agrícola Provincial. Estos trabajos, según el ministro de Economía Jorge Jiménez, generarán mano de obra, apuntando en particular a incluir en el mercado laboral a los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar. El financiamiento para obras irá creciendo este año en la medida que se produzca un mayor superávit fiscal.

Destino 3
Aportes y ayuda social

Del excedente fiscal, el Estado cree que puede usar unos $ 40 millones para asistencia social a sectores con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Esto no sólo abarcará a la provisión de alimentos, sino también a mejorar los servicios de salud y de educación en todo el territorio provincial. En cuanto a la política salarial, se prevé que hasta fin de año se destinen $ 33 millones como ayuda no remunerativa para los estatales. Ese gasto aumentará a $ 48 millones en 2005, ya que se mantendrá la recomposición salarial, para atenuar el impacto de la inflación en los estatales.

Tamaño texto
Comentarios