Mil palabras no alcanzan para calmar el dolor por un crimen cometido en la vía pública por delincuentes. La impotencia genera bronca, también una sensación absoluta de desprotección. La violencia, la inseguridad, el temor, se han instalado desde hace tiempo en nuestra sociedad. Hace un año, una lectora de LA GACETA escribió en la sección Cartas: “no podemos salir con cartera, ni cuando está oscuro, ni dejar los portones abiertos; ponemos alambres de púas, alarmas, candados, rejas, y aun así seguimos con miedo. Ese miedo que nos acompaña en nuestros lugares de trabajo, en las paradas de los colectivos y en nuestra vida diaria. Los almacenes, panaderías o farmacias atienden tras las rejas o tienen custodia policial. Irracional, escabroso, indignante”.
El domingo, alrededor de la 20, en Yerba Buena, Valentín Villegas, de 15 años, intentó defender a una amiga de un motoarrebato y recibió una puñalada mortal del agresor. El trágico hecho indignó a la comunidad, harta de ser blanco de los asaltantes, muchos de los cuales además de robar, matan a sus víctimas.
Ayer, se conocieron dos robos más en Yerba Buena: en un depósito de la avenida Solano Vera y en 10 casas de un country. El titular de la Cámara de Comerciantes de esa ciudad dijo que permanentemente son víctimas de los asaltos a mano armada durante el día y de robos durante la noche. El intendente de la “Ciudad Jardín” afirmó que no tiene personal para garantizar la seguridad.
La fiscala Adriana Giannoni, quien tiene a su cargo la investigación de la muerte del adolescente Villegas, dijo en el programa “Los Primeros”, de Canal 10: “soy vecina de Yerba Buena y escucho a los comerciantes que llaman a la comisaría y les dicen que no hay policías, pero que si piden servicios adicionales sí les pueden dar... Están ocupando a todos nuestros policías para cuidar bancos, restaurantes, bares. ¿Y dónde están los millones recaudados en servicios adicionales? ¿Por qué no los vuelcan a mejorar la seguridad?” Los más de 100.000 yerbabuenenses son protegidos apenas por 38 policías, con 17 móviles, y 60 guardias urbanos.
La Legislatura sancionó hace poco una ley por la cual aquellos detenidos por delitos de robo y hurto, así como también robos mediante el empleo de motocicletas, permanecerán con prisión preventiva por un plazo máximo de dos años. Sin embargo, no tuvo en cuenta que las comisarías y las cárceles están abarrotadas de presos desde hace tiempo.
La violencia delictiva está fogoneada por la droga, el analfabetismo, la desocupación y la exclusión social. La realidad está reflejando que no hay un plan de prevención efectivo y se sigue actuando sobre el hecho consumado. Hay una orfandad de una política pública integral para combatir con eficacia este flagelo. Esta debería surgir de un debate entre los tres Poderes del Estado y las universidades, las instituciones civiles, religiosas y barriales.
Se trata de un problema social grave, que no encontrará solución aplicando el libreto de siempre. Hace dos años se aprobó la ley de Emergencia en Seguridad, una herramienta muy importante; sin embargo, no se ha hecho uso de ella. ¿Cuáles serán las razones? Para obtener resultados distintos, hay que hacer cosas diferentes. ¿Cómo se sentirían las autoridades si hubiesen tenido la desgracia de la familia Villegas o de tantas otras? “No se llevaron el celular, ni el mío. Se llevaron su vida”, dijo la amiga de Valentín.
