Docentes van a la Justicia para acceder a información de Derecho

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) incumplió la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (27.275), según los profesores Felipe Rougés y Carlos Saltor. Con el objeto de obtener datos relativos a la cancelación de la conferencia del médico Abel Albino y a la política de libertad de cátedra de esa unidad académica, ambos docentes plantearon un amparo inédito en el Juzgado Federal Nº2 de esta ciudad. En la demanda presentada el 19 de septiembre, Rougés y Saltor manifestaron que la decana Adela Seguí había omitido responder el cuestionario fundado en la Ley 27.275, y que, por ello, la Justicia debía condenarla a que lo hiciera. En una nota firmada el 27 de septiembre, la máxima autoridad de Derecho defendió la suspensión de la actividad de Albino, y manifestó que los peticionantes faltaban el respeto y agraviaban a la institución (se informa por separado).

La respuesta de Seguí fue notificada a Rougés y a Saltor, que se desempeña como fiscal de la Cámara Penal de esta ciudad, 51 días corridos después de que venciera el plazo legal para contestar la solicitud de información. Para entonces, el juez federal Nº2, Fernando Luis Poviña, ya había ordenado a Seguí que informara sobre los antecedentes y fundamentos de la cuestión planteada en un plazo de 10 días. Poviña firmó este decreto el 4 de octubre de pasado.

El pleito se remonta al debate de la despenalización del aborto, proyecto de ley que cayó por el rechazo del Senado. En ese ámbito y a finales de julio, Albino, fundador de la ONG Conin que se dedica a la lucha contra la desnutrición infantil, se pronunció en contra de la iniciativa. Entre otras consideraciones, el expositor dijo en la Cámara Alta que el virus del sida atravesaba la porcelana: “es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el profiláctico no sirve: falla en el 30%, en el embarazo… imagínense lo que puede pasar con el sida”. Días después de esa intervención, el médico tenía previsto disertar en Derecho, en una actividad organizada por el Colegio Santa María. Pero la exposición terminó mudándose al hotel Catalinas Park.

Preguntas y otros hechos

Rougés y Saltor, que pertenecen a un sector opositor al Decanato, interpretaron que la cancelación del acontecimiento podría encuadrar en una hipótesis de censura previa prohibida por la Constitución Nacional. “(La decisión de levantar la disertación) nos pone en alerta puesto que ya se produjeron hechos de naturaleza similar en el pasado. Y nos llama a reflexionar sobre qué temas se pueden tratar y cuáles no. En otras palabras, queremos saber si existe o no la libertad de cátedra en nuestra Facultad, o si hay un sistema oculto y discrecional para manipular la enseñanza y la investigación”, manifestaron Rougés y Saltor en la nota que enviaron a Seguí el 30 de julio pasado.

En particular e invocando la Ley 27.275, que obliga a proporcionar los datos requeridos a todos los organismos públicos nacionales, incluidas las universidades, los profesores solicitaron las razones del veto aplicado a Albino -la provincia carece de una norma similar-. También preguntaron si existe un reglamento interno, o una lista con los temas que no pueden tratarse o con disertantes excluidos de los claustros de la Facultad. Saltor y Rougés requirieron la normativa que estipula los requisitos y precios para el alquiler de aulas y salones. “En el caso de que se alquilen los espacios públicos de la Facultad, solicitamos el informe de los ingresos por las locaciones de los últimos cuatro años y cuál fue el destino de esos fondos”, precisaron.

Seguí ya había sido cuestionada antes por suspender unilateralmente una actividad en Derecho. En septiembre de 2015, la decana levantó la presentación del libro “Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática”, de Ricardo Manuel Rojas, juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de la Ciudad de Buenos Aires y doctor en Historia Económica. En esa ocasión, la ONG organizadora, Federalismo y Libertad, manifestó que Seguí había censurado a Rojas. Consultada al respecto, la funcionaria había explicado que no consideraba conveniente que Derecho sea sede de la presentación de libros que promueven el derrocamiento de gobiernos democráticos. “Investigué las fuentes de la obra y, por lo que vi en internet, consideré que no era el momento apropiado para presentarla aquí. No estoy censurando la libertad de expresión del autor, sino que hemos privilegiado el clima delicado que vive la provincia. Nosotros enseñamos reglas para la convivencia democrática, y defendemos la legalidad y la Constitución”, añadió. En 2017 hubo otra polémica por una clase en la que el docente Juan Manuel Rougés, tío de Felipe Rougés, se refirió a los controvertidos gastos sociales legislativos.