Por falta de pago a prestadoras, peligra el traslado de pacientes con diálisis

Centros que brindan el servicio dejaron de recibir nuevos casos desde la semana pasada y la situación se agrava.

02 Oct 2018 Por Martín Soto
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PROTESTA. Ya en agosto los pacientes con discapacidades se manifestaron contra los recortes de la Nación. la gaceta / foto de analia jaramillo (archivo)

Las alarmas suenan más agudas entre los pacientes hemodializados del programa Incluir Salud (ex Programa Federal de Salud o Profe). Los prestadores del servicio de diálisis -que incluye también el traslado- decidieron no aceptar nuevos casos debido a una deuda que mantiene con ellos la Nación desde abril. Incluso, adelantaron que analizan endurecer la medida de fuerza y quitar los traslados en caso de no encontrar una pronta solución.

El presidente de la Asociación Tucumana de Centros de Diálisis y Trasplantes Renales (Atudial), Julio Terán Navarro, afirmó que notificaron a autoridades nacionales y provinciales sobre la situación que atraviesan, pero dijo que hasta ahora no obtuvieron respuestas. “Todas las promesas de pago que habían hecho desde Nación no se cumplieron. Ante la falta de sensibilización de las autoridades, no hay otro remedio que esto se siga agravando”, dijo. Y adelantó: “probablemente el próximo paso sea interrumpir los traslados de los pacientes y limitarnos a dar solamente la prestación médica”.

El director de Incluir Salud en Tucumán, Daniel Abad, desligó de responsabilidades al Gobierno local y aseveró que los convenios son realizados directamente entre la Nación y los centros de diálisis. Remarcó que la Provincia se hará cargo de los nuevos pacientes que puedan surgir mientras dure el conflicto, que por ahora tiene un final incierto

En todo el país

El programa Incluir Salud depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (AND) y abarca a discapacitados, madres con más de siete hijos, veteranos de la guerra de Malvinas y mayores de 70 años que no tienen obra social en todo el país. En Tucumán, son unos 450 los beneficiarios que están hemodializados. La medida de cortar los servicios había sido anunciada ya en agosto por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) y otras empresas multinacionales. Como no hubo avances en los pagos, la interrupción de la terapia renal comenzó a regir la semana pasada. En provincias como en Córdoba, incluso, los centros privados dejaron de atender a los beneficiarios que ya se encontraban bajo tratamiento. Ahora deben trasladarse por sus propios medios, hasta tres veces por semana, para ser asistidos en el Hospital Córdoba.

Pedido de audiencia

Fernando Said Juri, Defensor del Pueblo, consideró grave la situación y envió el pasado viernes una nota formal al director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Pablo Atchabahian, solicitando que se arbitren “las medidas necesarias que tiendan a concretar con celeridad la continuidad en los tratamientos, así como, el alta de los futuros destinatarios en cuestión en la provincia de Tucumán”. Indicó que ayer en el plenario de defensores del pueblo, que se desarrolló en Misiones, en el que se conformó un documento para pedir una audiencia con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Adelantó que, de no haber una respuesta, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) presentaría un amparo ante la Nación.

Terán Navarro dijo que está al tanto de la promesa provincial de hacerse cargo de los nuevos pacientes, aunque afirmó que no hay una propuesta por escrito al respecto. “Son promesas verbales. No hay ninguna solución formal ni del Gobierno de la Nación ni de la Provincia para con los prestadores”, se preocupó. Recalcó que la protesta alcanza también un pedido de actualización de las tarifas. Según afirmó, todavía están trabajando con valores del año pasado a pesar todos los insumos para brindar el servicio están dolarizados.

Los recortes en el presupuesto nacional de personas con discapacidad se vienen acentuando en los últimos meses. En agosto, integrantes de más de 50 instituciones y organizaciones marcharon en la plaza Independencia. En la protesta se denunció la quita de fondos a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, retrasos en los pagos a los profesionales y la falta de insumos necesarios para atender las diversas afecciones de los pacientes.

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